Procesaron al expresidente Alberto Fernández en la causa Seguros
El exmandatario fue procesado sin prisión preventiva en la causa Seguros. Lo acusan de “negociaciones incompatibles con la función pública”.

El expresidente Alberto Fernández fue procesado este jueves sin prisión preventiva en la causa Seguros por el delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”. Así lo dispuso el titular del Juzgado Criminal y Correccional 11, Sebastián Casanello, que además ordenó trabar embargo sobre los bienes y dinero del expresidente por el monto de $14.634.220.283,68.
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailEl magistrado también procesó al empresario Héctor Martínez Sosa y a su esposa, María Cantero, histórica secretaria de Fernández.
Además, dispuso el procesamiento sin prisión preventiva del extitular de Nación Seguros Alberto Pagliano y de ex miembros del directorio como Gustavo García Argibay, Sebastián Díaz Bancalari, Fernando Arana, Carlos Soria y Mauro Tanos.
También a Santiago Fraschina, un economista que estuvo a cargo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).
Casanello asumió la subrogancia del juzgado federal 11, donde se lleva la causa que investiga presuntos delitos en la contratación de pólizas de seguros por parte de organismos públicos durante el gobierno del Frente de Todos (FdT).
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A todos se les imputa “haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en Nación Seguros S.A.”
Para ello, “una parte de los nombrados, con la connivencia de Fernández, habría operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguros S.A.”, detalló la imputación.
“La maniobra habría requerido de la intervención intencional de funcionarios públicos de Nación Seguros S.A. y también de las distintas reparticiones estatales tomadoras de los seguros en cuestión”, dice la resolución.