Los padres de los alumnos que sean detectados como autores de amenazas contra colegios —desde anuncios de matanzas hasta falsas alertas por bombas— deberán pagar una multa si prospera un proyecto de ley presentado en la Legislatura bonaerense. La iniciativa, impulsada por el diputado Andrés De Leo, jefe del bloque de la Coalición Cívica, propone la creación de un Régimen de Recupero de Costos Operativos por Falsas Amenazas en Establecimientos Educativos.

Según se indicó en el comunicado oficial, la propuesta "surge frente a la reiteración de amenazas de bomba y falsas alertas en escuelas, situaciones que generan evacuaciones, angustia en las familias, interrupción de clases y un importante despliegue de recursos públicos". El texto establece que quienes realicen estas acciones deberán hacerse cargo de los costos que provocan, incluyendo la intervención de fuerzas policiales, brigadas especializadas, bomberos y servicios de emergencia.

En el caso de que los autores sean menores de edad, la responsabilidad recaerá en sus padres, tutores o responsables legales. El monto a reintegrar será determinado mediante un procedimiento administrativo fundado en criterios de razonabilidad y proporcionalidad, garantizando el derecho de defensa y un plazo para el pago voluntario. 

De no cumplirse, el Estado podrá avanzar por vía de ejecución fiscal a través de la Fiscalía de Estado.

Asimismo, el proyecto prevé la creación de un Registro Provincial de Incidentes de Amenazas en Establecimientos Educativos para sistematizar la información y mejorar la toma de decisiones. Desde el equipo del legislador Andrés De Leo destacaron que la iniciativa no introduce nuevas sanciones penales, sino que busca garantizar que el Estado recupere los recursos utilizados ante falsas alarmas.

"Cuidar la educación también es poner límites. Cada falsa amenaza tiene un costo económico, pero sobre todo un costo humano que no podemos seguir naturalizando", señaló Andrés De Leo en el proyecto. 

La propuesta invita además a los municipios bonaerenses a adherir y establece que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley dentro de los 60 días de su eventual promulgación.

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