El senador bonaerense del PRO, Marcelo “Chuby” Leguizamón, ingresó un proyecto en la Legislatura para crear el “Régimen Provincial de Dato Único”, que busca agilizar los trámites en el Estado y superar un “modelo burocrático obsoleto, fragmentado y redundante, que hace décadas funciona a contramano de las necesidades de la sociedad”.

En rigor, el Régimen de Dato Único propone que ninguna jurisdicción estatal pueda requerirles a personas humanas o jurídicas información o documentos que ya hayan sido presentados en otra dependencia del Estado provincial o municipal. Con esto, el legislador opositor busca promover la simplificación  administrativa, la interoperabilidad y el principio de no redundancia.

“En la Provincia de Buenos Aires, cada persona atraviesa diariamente situaciones que  revelan  un  problema  estructural:  la  repetición  constante  de  información  y documentación que ya está en poder del propio Estado. Lo que debería ser un trámite sencillo se convierte, en la práctica, en un ´peregrinaje´ entre oficinas que exigen copias, formularios y certificaciones que ellas mismas emitieron o que podrían obtener internamente con una simple consulta”, relató Leguizamón.

En este sentido, los datos que no se podrán requerir son, por ejemplo, fotocopias, constancias o certificados tales como DNI y datos de identidad, CUIT, CUIL o CDI; domicilio real o legal, partidas y actas del Registro Civil, habilitaciones, permisos y antecedentes administrativos; o información registral de automotores, personas jurídicas y bienes.

Con esta propuesta, órganos, entes, empresas,  sociedades,  agencias  y  organismos  centralizados,  descentralizados, autárquicos y desconcentrados del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial bonaerense se abstendrán de solicitar información que ya se encuentre en poder del Estado. Para ello, deberá consultarla a través de los mecanismos de interoperabilidad.

Este mecanismo será el Sistema Provincial de Interoperabilidad Administrativa (SPIA), que es creado por el proyecto de Leguizamón y que está destinado a permitir el intercambio seguro, automático y verificable de datos entre organismos públicos, garantizando la seguridad informática y cifrado de extremo a extremo; la trazabilidad de cada consulta; el registro de accesos; la autenticación fuerte de autoridades y la verificación de finalidad legítima para cada consulta.

“Esta repetición innecesaria no es un error aislado, es un síntoma de una lógica estatal que, por inercia, termina trasladando a los ciudadanos la carga del desorden administrativo, generando demoras, costos de tiempo, frustración y una pérdida de confianza que erosiona la legitimidad institucional. El desafío central de este proyecto es invertir esa dinámica y devolverle al Estado su verdadera función: facilitar, simplificar y acompañar”, destacó el autor de la iniciativa.

En caso de que un agente público no acate esta normativa, podría ser sancionado bajo apercibimiento, suspensión, multa, responsabilidad patrimonial por daños o demoras, o un sumario administrativo, mientras que la reiteración podría constituir una falta grave. En tanto, todo individuo tendrá derecho a no presentar documentos ya obrados en el Estado, exigir que el organismo consulte la información internamente, presentar quejas ante incumplimientos, y acceder al registro de trazabilidad para ver quién consultó sus datos y con qué fin.

“Este proyecto busca devolverle tiempo a la gente. El tiempo es el recurso más escaso y más valioso de todas las personas; y un Estado que hace perder tiempo es un Estado que se aleja de su razón de ser. El Régimen de Dato Único apunta exactamente a lo contrario: reducir los obstáculos, eliminar la redundancia, agilizar la gestión y transformar el vínculo entre el ciudadano y la administración. Es una reforma silenciosa pero gigantesca, que tendrá impacto en la vida de millones de bonaerenses, día a día, trámite a trámite”, sentenció Leguizamón.

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