El Gobierno bonaerense defendió el traspaso de los aportes de Anses al IPS

La disputa política entre el Gobierno de Axel Kicillof y la Nación sumó un nuevo capítulo tras la demanda judicial iniciada por la administración de Javier Milei. El conflicto se centra en la decisión de la Provincia de que 20.000 empleados de diversas empresas estatales, tales como ABSA y Aubasa, dejen de aportar a la Anses para hacerlo, desde este año, al Instituto de Previsión Social (IPS).

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, justificó la medida durante una conferencia de prensa al explicar el alcance del artículo 59 de la Ley de Presupuesto 2026, sancionada por la Legislatura Bonaerense. Al respecto, el funcionario señaló: “Creemos que es lo que corresponde porque son empresas estatales de la provincia de Buenos Aires y que, por lo tanto, corresponde llevar adelante los aportes en la Caja Provincial para luego jubilarse con la jubilación provincial”.

Esta normativa establece la obligatoriedad de que las empresas estatales provinciales realicen sus aportes patronales al IPS, lo que implica el traspaso de millones de pesos mensuales que anteriormente se destinaban a las arcas nacionales. Ante este escenario, el Gobierno nacional presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema, argumentando una supuesta invasión de competencias federales, la desfinanciación de la Anses y la generación de un conflicto entre ambos sistemas jubilatorios.

Por su parte, Bianco cuestionó la denuncia al sostener que la misma “busca dificultar la gestión en la provincia” y afirmó que la postura del Gobierno nacional responde a que “no se quiere quedar sin los fondos”, a pesar de que, según el ministro, esto “va en contra de toda la doctrina que siempre mantuvo la Anses”. 

El funcionario agregó: “En general, cuando uno analiza otros casos similares, la Anses se ha expedido positivamente respecto de que empresas estatales provinciales u organismos estatales provinciales hagan sus aportes a las cajas provinciales”

La medida alcanza a organismos como ABSA, Aubasa, Centrales de la Costa, la Ceamse y Bagsa, entre otras. 

En paralelo, la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (Aiepa) presentó una demanda ante la Suprema Corte de Justicia Bonaerense para impugnar el mismo artículo, al considerar que obliga a los colegios a transferir los aportes de docentes y auxiliares al IPS. Según estimaciones del sector, este traspaso podría afectar a entre 50.000 y 55.000 trabajadores.

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