La Corte Suprema realizó este martes una audiencia en el marco de la causa iniciada por el gobierno de Axel Kicillof, en la que se debatió la constitucionalidad del DNU de Javier Milei que suspendió la transferencia de fondos de la Anses. El conflicto se originó tras el dictado del DNU 280/2024, que dejó sin efecto las partidas destinadas a cubrir los déficits de las cajas previsionales no transferidas al Estado Nacional.

La demanda, presentada originalmente en abril de 2024, exigió que se restablecieran las transferencias y actualizaciones correspondientes a la compensación por el déficit de las cajas jubilatorias. El reclamo incluyó la actualización de los anticipos de 2023, los fondos de 2024 y diferencias de ejercicios anteriores correspondientes a 2018, 2019 y 2020. Según las estimaciones oficiales, la deuda de la Anses con la jurisdicción bonaerense superó los 2,2 billones de pesos.

Tras casi dos años desde la presentación inicial, el tribunal escuchó las posturas del Ministerio de Capital Humano de la Nación, a cargo de Sandra Pettovello, y de los representantes de la administración provincial. En nombre de la Provincia asistieron el ministro de Economía, Pablo López; el fiscal de Estado, Hernán Gómez; la titular del Instituto de Previsión Social, Mariana Moretti; y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel.

Al finalizar el encuentro, el ministro López expresó:

“Pudimos plantear el reclamo en relación a la deuda que el Gobierno nacional mantiene con nuestra Provincia. El Gobierno nacional se comprometió a trabajar en este reclamo y se fijó una nueva audiencia para el 21 de abril. Esperamos llegar a esa instancia con un reconocimiento de la deuda y un compromiso de solución para este incumplimiento”.

Desde el gobierno bonaerense interpretaron la convocatoria judicial como un avance significativo, dado que hasta el momento no existían instancias de diálogo institucional con la gestión nacional. López también advirtió que la deuda total por transferencias no automáticas y obras inconclusas alcanzó los 15,6 billones de pesos, lo que obligó a la Provincia a realizar un esfuerzo financiero para sostener las funciones básicas del Estado.

Cabe recordar que la Provincia de Buenos Aires inició otras seis demandas contra la Nación por recortes en seguridad, transporte y salarios docentes. Estos reclamos se dieron en un contexto de caída de la recaudación por la recesión económica. Además, se remarcó la disparidad en el régimen de coparticipación federal, donde el territorio bonaerense aportó el 38 por ciento de la recaudación pero recibió solo el siete por ciento del total.

La Corte Suprema fijó una nueva fecha de encuentro para el próximo martes 21 de abril, donde se espera que las partes avancen en una resolución técnica sobre la deuda previsional.

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