La Provincia oficializó un programa para integrar criterios ambientales en la obra pública

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires oficializó la creación del Programa de Infraestructura Sostenible y Resiliente. La medida, formalizada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, busca incorporar de manera transversal criterios de sostenibilidad ambiental, resiliencia climática y gestión integral del riesgo en la planificación, ejecución y mantenimiento de obras y servicios públicos.

El objetivo central de esta iniciativa es promover un modelo de infraestructura que favorezca el desarrollo territorial equitativo, la restauración ambiental y la adaptación frente al cambio climático durante todo el ciclo de vida de los proyectos. La autoridad de aplicación será la Subsecretaría de Planificación y Coordinación para el Desarrollo Territorial Sostenible, organismo encargado de implementar el programa y dictar las normas complementarias necesarias.

Marco normativo y objetivos

La resolución destaca que el programa se enmarca en los compromisos asumidos por Argentina a nivel nacional e internacional, tales como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Acuerdo de París y el Acuerdo de Escazú. Asimismo, toma como referencia la Ley General del Ambiente, la Ley de Cambio Climático y el proceso de elaboración del Plan de Respuesta Provincial al Cambio Climático.

La estructura del programa se divide en dos ejes fundamentales. El primero, denominado “Sostenibilidad en la infraestructura y los servicios públicos”, apunta a integrar estándares socioambientales en todas las etapas de las obras. Entre sus metas se encuentran el fortalecimiento de capacidades técnicas, la promoción del acceso a la información pública ambiental y la participación ciudadana, en línea con los principios de transparencia del Acuerdo de Escazú.

El segundo eje, titulado “Acción climática y gestión integral del riesgo de desastres”, tiene como propósito fortalecer la capacidad institucional para prevenir y reducir riesgos asociados a eventos climáticos extremos. Este componente incluye la generación de herramientas técnicas para evaluar la resiliencia de los proyectos, la articulación entre diversos organismos y la promoción de soluciones basadas en la naturaleza como estrategia de adaptación.

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