Oficializaron la ley que prohíbe el ingreso de deudores alimentarios a los casinos
Las personas incluidas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM) no podrán ingresar a salas de juegos y bingos en toda la Provincia.
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Este martes, el Ejecutivo oficializó la Ley 15.589 en el Boletín Oficial. A partir de estos momentos, los deudores alimentarios que estén incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM) tendrán prohibido su ingreso a casinos, salas de juego y bingos en toda la provincia de Buenos Aires.
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailDe esta forma, el Gobierno bonaerense sumará un nuevo mecanismo de control para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias en línea con las herramientas vigentes desde el Poder Judicial, ya que la norma habilita al Ejecutivo a “implementar los procedimientos necesarios” para que los establecimientos de juego identifiquen a las personas alcanzadas por la restricción.
La ley fue impulsada por Germán Di Césare (UxP) y se aprobó en el mes de noviembre en el Senado. La misma alcanza a quienes se encuentren incluidos en el RDAM por adeudar tres cuotas consecutivas o cinco alternadas, un criterio ya establecido por la Justicia bonaerense para determinar la morosidad alimentaria.
Sin embargo, la ley exige que el personal de casinos, salas de juego y bingos sea el encargado de impedir el acceso a estas personas, mientras que el Ejecutivo supervise el cumplimiento adecuado de la normativa. Esto configurará un esquema conjunto de responsabilidad entre los establecimientos de juegos de azar y las autoridades de la provincia de Buenos Aires.
Además, el proyecto presentado por Di Césare incorporó fundamentos del Código Civil y Comercial de la Nación en relación con las obligaciones alimentarias, enfatizando en la importancia de que dichas prestaciones se cumplan de manera regular para no comprometer la calidad de vida de quienes dependen de ellas.
Cabe resaltar que tales obligaciones se extienden hasta los 21 años o, en determinados casos, hasta los 25. La normativa aprobada apunta a reducir situaciones de incumplimiento y a promover el ordenamiento económico de quienes poseen deudas registradas.
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