Pidieron autonomía para las escuelas privadas ante las nuevas restricciones al uso de celulares
La entidad que agrupa a instituciones educativas privadas sostuvo que cada establecimiento debería poder definir cómo regular los dispositivos dentro de su proyecto pedagógico. También reclamó respaldo legal y procedimientos claros para aplicar sanciones ante incumplimientos.
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Tras la sanción en el Senado bonaerense de una ley que regula el uso de celulares y otros dispositivos digitales en las escuelas secundarias, la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa) planteó la necesidad de que cada institución conserve autonomía para definir las condiciones de utilización de estos dispositivos dentro de sus aulas.
La nueva normativa alcanza a los establecimientos secundarios de gestión estatal y privada y establece que los celulares y otras pantallas no deberán utilizarse durante la jornada educativa, salvo cuando exista una finalidad pedagógica y su utilización sea requerida o autorizada en el marco de una actividad escolar. La iniciativa extiende al nivel secundario criterios que ya habían sido establecidos para las escuelas primarias bonaerenses.
Desde Aiepa señalaron que “cada institución educativa debe tener autonomía para decidir si prohíbe su utilización o establece las condiciones para incorporarlos a su proyecto pedagógico”.
El secretario ejecutivo de la entidad, Martín Zurita, sostuvo que el punto central para las escuelas pasa por contar con “respaldo legal y herramientas concretas para hacer cumplir sus decisiones”. Según planteó, una prohibición que no contemple consecuencias claras frente a los incumplimientos puede terminar debilitando la autoridad institucional.
Desafío
La discusión no se limita a establecer si los estudiantes pueden o no utilizar sus teléfonos. Para Aiepa, uno de los principales desafíos será definir qué procedimientos podrán aplicar docentes y directivos cuando un alumno incumpla las reglas establecidas.
En ese sentido, la entidad advirtió que medidas como la retención transitoria de un dispositivo pueden generar cuestionamientos o conflictos con las familias. Por eso, sostuvo que cualquier regulación debería contemplar procedimientos y consecuencias expresamente habilitados por la normativa, de manera de proteger tanto a estudiantes como a docentes y directivos.
La nueva ley prevé que la autoridad de aplicación, que será determinada por el Poder Ejecutivo bonaerense, elabore protocolos, instrucciones y recomendaciones para su implementación. La norma todavía debe ser publicada en el Boletín Oficial para comenzar a aplicarse.
La postura de Aiepa se suma a un escenario en el que distintas instituciones privadas ya habían comenzado a establecer sus propias reglas para el uso de celulares. Un relevamiento difundido durante este año indicó que 154 colegios privados, sobre más de 1.500 establecimientos que ofrecen educación secundaria, técnica o agraria, habían implementado algún tipo de regulación sobre los teléfonos móviles.
Para Zurita, las escuelas constituyen espacios de aprendizaje, socialización y construcción de límites, pero el abordaje del problema no puede recaer exclusivamente sobre las instituciones educativas.
“Los celulares son dispositivos que llegan a las instituciones desde el entorno familiar, cuya responsabilidad también resulta fundamental”, afirmó.
Debate
Desde Aiepa también plantearon que la discusión sobre los teléfonos celulares debería inscribirse en un debate más amplio sobre el vínculo de niños, adolescentes y adultos con las pantallas y las redes sociales.
“Creemos que como sociedad nos debemos un debate mucho más profundo sobre el impacto de las redes sociales en niños, adolescentes y también adultos. Es un desafío que excede ampliamente las paredes de la escuela”, señalaron desde la entidad.
La regulación bonaerense, de este modo, incorpora un nuevo marco común para las escuelas secundarias, pero deja pendiente el desarrollo de los procedimientos concretos que deberán utilizar los establecimientos para llevar esas disposiciones a la práctica.
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