Presentaron un proyecto de ley para que barrios privados protejan la fauna silvestre

El senador bonaerense de Unión y Libertad, Carlos Kikuchi, presentó un proyecto de ley con el objetivo de regular la convivencia entre los desarrollos inmobiliarios y la fauna silvestre nativa en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa surge a raíz de conflictos recurrentes, como el caso ocurrido el 17 de septiembre en el barrio Los Alisos de Nordelta, donde un vecino fue registrado disparando contra un grupo de carpinchos.

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La propuesta establece medidas obligatorias para los nuevos barrios privados y un régimen voluntario para aquellos ya construidos. El legislador busca reducir los riesgos para las personas y los animales, proteger la propiedad privada y conservar la biodiversidad en zonas de humedales y corredores biológicos.

Este proyecto busca dar una respuesta estructural, científica y definitiva a un conflicto que la provincia de Buenos Aires ha intentado resolver de manera errática e ineficiente durante los últimos años: la colisión entre el avance de las urbanizaciones cerradas sobre ecosistemas de humedales y la supervivencia de la fauna silvestre nativa, en particular la población de carpinchos.

El proyecto exige que las nuevas urbanizaciones incluyan infraestructura específica, como corredores biológicos, pasos de fauna y reductores de velocidad, para obtener la Declaración de Impacto Ambiental. Asimismo, el senador propone institucionalizar la relocalización selectiva como una medida de última instancia, bajo estricto control estatal y a costo de los privados.

Para los barrios ya construidos, se crea el Régimen de Adecuación Voluntaria de Convivencia Urbano – Silvestre, que permite a los consorcios presentar planes de manejo integral. La normativa prohíbe expresamente los métodos de erradicación letal, la caza y las relocalizaciones masivas. Si bien el Estado no financiará estas obras, se prevé la posibilidad de establecer bonificaciones de hasta el 15% en el Impuesto Inmobiliario para quienes certifiquen la ejecución de los planes.

En el plano judicial, el episodio de Nordelta derivó en una causa por presunto maltrato animal contra Sebastián Favre, de 49 años, quien además recibió una sanción económica de 4,5 millones de pesos por parte de la administración del complejo, al violar el reglamento interno que prohíbe el uso de armas y exige la protección de la fauna.

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