Presentaron un proyecto para reformar la justicia de menores bonaerense para adaptarla a la baja de la edad de imputabilidad
El senador Guillermo Montenegro presentó un proyecto de ley que propone un cambio de paradigma en el Régimen Penal Juvenil, priorizando la responsabilidad penal y el rol de las víctimas.
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Tras la decisión de bajar la edad de imputabilidad penal a los 14 años, se busca avanzar en la Provincia de Buenos Aires con una adaptación integral del Régimen Penal Juvenil. La iniciativa, contenida en un proyecto de ley presentado por el senador Guillermo Montenegro, pretende alinear el sistema provincial con los cambios impulsados a nivel nacional.
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailEl legislador, quien se desempeñó como juez penal antes de su carrera política, explicó que la propuesta busca introducir un cambio de paradigma en el funcionamiento de la justicia de menores. Según detalló Guillermo Montenegro, el objetivo es dejar atrás un enfoque centrado en la tutela del menor para avanzar hacia uno basado en la responsabilidad penal, incorporando además un rol más activo para las víctimas dentro del proceso judicial.
El proyecto no deroga la normativa vigente, sino que propone una reconfiguración de la Ley 13.634 mediante la modificación e incorporación de diversos artículos. Uno de los ejes centrales es la reducción de la edad de imputabilidad, en sintonía con el esquema nacional. Entre los fundamentos, el senador advirtió sobre un incremento en los delitos cometidos por menores, señalando que en muchos casos actúan bajo la coordinación de adultos.
La propuesta legislativa menciona que esta problemática abarca hechos graves como robos con armas y homicidios, además de la utilización de adolescentes por parte de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. Por ello, la iniciativa introduce cambios en el funcionamiento del fuero juvenil, medidas cautelares más estrictas y una mayor protección para quienes resulten víctimas de estos delitos.
Finalmente, el texto establece que la privación de la libertad será considerada como el último recurso. En los casos que así lo requieran, se contemplan penas máximas de hasta 15 años, las cuales deberán cumplirse en establecimientos especializados para adolescentes.
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