El gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió reforzar su poder de control sobre las construcciones en la franja costera y en las riberas fluviales bonaerenses. A través de dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, la Autoridad del Agua (ADA) estableció nuevas condiciones para la autorización de obras y elevó las restricciones edilicias junto al mar, en busca de un mayor resguardo ambiental y urbanístico.

La Resolución 1520/2025 fijó que no podrán realizarse loteos ni edificaciones dentro de una franja de 150 metros desde la línea de ribera del Mar Argentino, en el partido de General Pueyrredón. En esa misma línea, prohibió toda construcción sobre médanos o cadenas de médanos, incluso si se encuentran más alejados de la costa. 

De esta forma, se reemplaza el retiro de 100 metros que regía desde 2014 alineado entonces con una ordenanza municipal marplatense, y se adopta el estándar previsto por el Código de Aguas establecido en la Ley 12.257.

El objetivo es evitar el avance sobre los médanos

El organismo provincial argumentó que el criterio anterior había perdido sustento, ya que solo se hallaron dos parcelas que aplicaban esa restricción más laxa. “Resulta oportuno adecuar la situación existente al marco vigente de protección, conservación y manejo del recurso hídrico”, sostuvieron desde la ADA. El objetivo, tal como se enfatizó, es evitar el avance urbano sobre los médanos costeros ya que son considerados áreas de protección ambiental prioritaria.

La medida contó con la intervención de la Asesoría General de Gobierno y la Fiscalía de Estado. Además fue notificada a las empresas desarrolladoras involucradas, entre ellas Constructora Cromar S.A. y Bosques del Faro S.R.L., que manifestaron su conformidad con la nueva distancia de resguardo. La resolución también ordenó comunicar los cambios al municipio de General Pueyrredón y disponer su publicación en el Boletín Oficial.

Intervención de la Autoridad del Agua

En paralelo, la Resolución 1521/2025 estableció que los municipios deberán requerir la intervención previa de la Autoridad del Agua antes de autorizar cualquier obra que implique modificaciones materiales o jurídicas en las riberas marítimas o fluviales bajo su administración. La decisión alcanza a aquellas zonas cedidas por convenio para su uso o explotación turística, pero sobre las cuales la Provincia mantiene sus facultades de fiscalización y control.

El texto recuerda que, pese a las cesiones realizadas en décadas pasadas, el Ejecutivo bonaerense “se ha reservado las atribuciones de reglamentación, inspección, verificación e intervención” sobre todo el dominio público costero. La intención es unificar criterios técnicos y evitar interpretaciones locales dispares respecto del alcance de las normas ambientales.

De esta forma, la Provincia refuerza un esquema de protección integral de las riberas y del frente costero, que busca prevenir la degradación de los ecosistemas, ordenar el crecimiento urbano y asegurar el cumplimiento de los estándares mínimos establecidos en la legislación provincial. La nueva normativa obliga a los municipios a coordinar con la Autoridad del Agua cada proyecto que pueda alterar la línea de ribera, los médanos o el dominio público hídrico.

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