Con la Resolución 921/25, el gobierno bonaerense oficializó un acuerdo al que llegó con las distribuidoras que están bajo su jurisdicción. En este caso no hay un desembolso explícito de fondos, pero sí un alivio para las distribuidoras (y también para la Provincia).

En concreto, las autoridades decidieron suspender el cobro y la ejecución de sanciones que debe aplicarle el Organismo de Control de Energía Eléctrica (OCEBA) a las compañías.

También decidieron diferir la acreditación a usuarios de las penalizaciones por deficiencias en el servicio desde junio de 2017 y hasta seis meses después de que se aplique el cuadro tarifario que surja de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) que se está llevando adelante desde el año pasado.

Según se explicó en el acuerdo, la idea es “atenuar la afectación del flujo de fondos con que cuentan en la actualidad las distribuidoras para operar y mantener el servicio”. Como contrapartida, las empresas accedieron a suspender las acciones judiciales o arbitrales que habían iniciado contra la Provincia por las sanciones en cuestión.

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El Eco de Tandil

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