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Fuente: archivo El Eco.&nbsp;Autor: Juan R. Castelnuovo (1935-2022).&nbsp;Cuando Hipólito Yrigoyen asumió por primera vez la Presidencia de la Nación, debió recurrir a medidas de excepción para imponer su autoridad. Así fue como seis meses después de su arribo a la Casa Rosada, intervino la provincia de Buenos Aires, en abril de 1917.Era intendente de Tandil entonces Antonio Santamarina, quien entendiendo que la medida del Poder Ejecutivo Nacional de reemplazar a los poderes constituidos alcanzaría también a las autoridades comunales, solicitó una rápida reunión del Concejo Deliberante, para reforzar en 15.000 pesos la partida de la que había tomado dineros con exceso, con destino a la compra del mercado "La Plata", ubicado en San Martín y Rodríguez.El inmueble había sido comprado en remate público, con intervención del martillero Carlos M. Saraví. Como estaba hipotecado a favor de Antonio Cinque, la Municipalidad debió depositar ante el juez, Dr. Adolfo Marcenaro, la suma de 12.800 pesos. Y como no los tenía en caja, fue efectuado de su peculio por el Intendente, figurando en la escritura el pago, aunque no había salido de la tesorería municipal.Poco después, nuevos hombres tomaban las riendas de la cosa pública, cayendo sobre nuevas espaldas, también, el peso de las responsabilidades.&nbsp;Por orden del interventor Cantilo, el jefe de policía de la Provincia designó, para hacerse cargo temporariamente de la comuna, al comisario inspector Víctor J. Roberts, nombrándose comisionado, con posterioridad, al escribano José Antonio Cabral.El intendente depuesto pareció ponerse en guardia cuando formuló votos, entonces, porque "la pasión partidista, que no es buena consejera, no perturbara el desenvolvimiento normal y la prosecución de obras y actos que llevaran por finalidad mejoramientos y progresos en bien de este privilegiado pedazo de suelo argentino", dejando librados a "la consideración y sanción pública los actos y hechos de la administración municipal".&nbsp;Y no le falló el olfato, ya que el comisionado formuló una denuncia, ante el juez Dr. Gowland, por malversación de fondos públicos, fundando la misma en que al hacerse cargo de la comuna, ésta arrojaba un déficit de, aproximadamente, 51.000 pesos, atribuyéndosele a la administración saliente haber formulado el pago correspondiente a la compra del inmueble aludido, en dos oportunidades.Santamarina pidió entonces al juez del crimen, Dr. Villar Sáenz Peña, la instrucción de un sumario, sosteniendo que no podía existir tal diferencia, pero que si la misma se comprobaba, se responsabilizara al culpable si lo hubiera. En tanto el tesorero municipal, Julián Dufau, manifestaba estar absolutamente seguro que de la caja no podía faltar un sólo centavo, porque para ello sería necesario que él lo hubiera tomado y jamás había dispuesto de la más mínima suma. Consideró también, que la diferencia debía atribuirse a pagos no anotados, ya que éstos se hacían con cheques del Banco de la Provincia y no se contabilizaban, con frecuencia, hasta que la entrada municipal no era suficiente para cubrir el descubierto, por lo que siempre los ingresos y salidas se balanceaban mensualmente.No obstante lo expuesto, Dufau depositó en el Banco respectivo la cantidad de $ 31.235,24, equivalente a la suma que se consideraba faltante y de la cual debía rendir cuenta.Fue así que el juez del crimen designó a los contadores Miguel Agulla, Eduardo Herreros y Domingo Sciami, para practicar una prolija revisación de los libros y documentos respaldatorios, llegando a la conclusión que los ingresos y egresos registrados, estaban justificados; que las sumas entregadas provisoriamente si bien importaba una irregularidad la falta de anotación estaban plenamente justificadas y no faltaban. Llegando a la conclusión, también, que no se justificaba la devolución al Banco del dinero que se consideraba faltante: porque, en realidad, no faltaba.La Justicia resolvió el sobreseimiento definitivo de los imputados, no obstante lo cual el bloque de concejales radicales entendió, a través de su presidente Anacleto Farías, que "no era posible que un juez tuviera la audacia de sobreseer definitivamente por el simple hecho de haber sido depositado el dinero en el Banco"."No es una malversación, ni cosa que se le parezca -dijo- es un robo, lisa y llanamente. Porque es evidente que ha habido un doble pago en la cuenta "Mercado La Plata”, pues el 3 de marzo del 14 se hizo una entrega de 12.800 pesos, con el cheque No. 30776 contra el Banco de la Provincia y el 10-5 del 17, se pagó la misma cantidad con dinero retirado de la Tesorería".&nbsp;Seguramente, como lo entendió el juez interviniente en la causa, todo se debió a que las anotaciones de los pagos no se hacían, erróneamente, mientras la cuenta bancaria municipal estaba en descubierto.&nbsp;NdlR: Esta nota fue publicada originalmente hace 25 años por El Eco de Tandil.

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Una denuncia por malversación de fondos

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