Valoraron la reducción de retenciones pero insistieron en que el objetivo debe ser su eliminación total

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) se pronunció recientemente sobre el cronograma de reducción de los Derechos de Exportación (DEX) anunciado por el Gobierno nacional. Si bien la entidad reconoció los avances, enfatizó que la meta final debe ser la supresión definitiva de estos tributos.

En un comunicado oficial, la entidad expresó: “Valoramos el anuncio realizado por el presidente de la Nación respecto al cronograma de reducción de los Derechos de Exportación. La decisión constituye una señal positiva y coherente con el camino que el Gobierno nacional viene impulsando en materia de reducción de la presión impositiva, apertura económica, libertad de comercio, ordenamiento macroeconómico y recuperación de los equilibrios fiscales”.

Desde Carbap sostuvieron que el equilibrio fiscal debe consolidarse como una política de Estado, subrayando que la estabilidad macroeconómica es una condición indispensable para el crecimiento. No obstante, advirtieron que la competitividad del agro no depende únicamente de los derechos de exportación, sino también de una estructura impositiva provincial y municipal que requiere una revisión profunda.

La entidad manifestó su preocupación por la carga tributaria diferencial que soporta el sector. Al respecto, señalaron: “La producción agropecuaria argentina continúa enfrentando una situación de clara desigualdad respecto de otros sectores de la economía. Mientras numerosas actividades han visto eliminados sus derechos de exportación o cuentan con regímenes específicos de promoción e incentivos, el agro sigue soportando una carga tributaria diferencial”.

Finalmente, la organización propuso que el cronograma anunciado no tenga como horizonte el año 2028, sino que establezca un camino explícito hacia la eliminación total. Asimismo, consideraron fundamental que esta hoja de ruta quede plasmada en una ley que otorgue previsibilidad y seguridad jurídica a largo plazo, evitando que futuras administraciones vuelvan a recurrir a este instrumento que, según indicaron, resulta perjudicial para el desarrollo productivo y exportador del país.

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