El Gobierno amplió el plan para cancelar deudas de obra pública y extendió el plazo de adhesión

El Gobierno nacional oficializó la ampliación del alcance del plan destinado a cancelar deudas de obra pública, incorporando aquellas vinculadas al mantenimiento de rutas nacionales. La medida fue formalizada a través de la Resolución 3/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

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La normativa integra al Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones de Contratos de Obra Pública a todas las deudas originadas por la adquisición de materiales y la provisión de servicios destinados al mantenimiento, conservación, operación y control de la Red Vial Nacional. Esta disposición beneficia de manera exclusiva a las contrataciones ejecutadas por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) bajo los regímenes de los decretos 1023/2001 y 1030/2016.

Alcance y condiciones

La resolución establece que la medida alcanza a las deudas devengadas en el período comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025. La Secretaría de Coordinación de Infraestructura, organismo responsable de la instrumentación, aclaró las condiciones de adhesión con el objetivo de evitar futuras controversias administrativas o judiciales y brindar mayor seguridad jurídica a los convenios.

Bajo el diseño inicial del régimen, los contratistas que se adherían debían firmar un acta acuerdo que implicaba la renuncia a cualquier tipo de reclamo o crédito relacionado con el contrato en cuestión. Con la nueva normativa, se delimita el alcance de esta exigencia: la renuncia se circunscribe únicamente a los créditos y reclamos devengados entre 2022 y 2025.

Asimismo, se exceptúan de esta renuncia las acreencias que resulten de certificados, redeterminaciones de precios o actos administrativos que estén pendientes de emisión, aprobación o dictado al momento de suscribirse el acuerdo. De esta manera, las empresas contratistas que se adhieran al régimen conservarán el derecho a percibir o reclamar por aquellos trámites que todavía sigan pendientes de resolución en las oficinas estatales.

Prórroga en los plazos

Debido a estos cambios de fondo y con el fin de asegurar una mayor concurrencia de los contratistas registrados, el Gobierno prorrogó el plazo para solicitar la adhesión al régimen hasta el 12 de agosto de 2026, inclusive. Este esquema simplificado permite cancelar obligaciones del Estado mediante la entrega de títulos públicos y abarca conceptos de certificados de obra, acopio de materiales y redeterminaciones de precios correspondientes al período 2022-2025.

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El Eco de Tandil

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