El Gobierno amplió la emisión de títulos por $221.119 millones para cancelar deudas de obra pública

El Gobierno nacional dispuso la ampliación de la emisión de títulos públicos por un valor efectivo total de 221.119.509.519 pesos, con el objetivo de cancelar deudas pendientes con contratistas de obra pública. La medida fue oficializada este martes mediante la Resolución Conjunta 59/2026, publicada en el Boletín Oficial.

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La normativa, que lleva la firma de las autoridades de las secretarías de Finanzas y de Hacienda, establece la ampliación de la emisión de tres instrumentos del Tesoro Nacional. Estos fondos serán destinados específicamente a cubrir obligaciones en el marco de proyectos de infraestructura y transporte.

El esquema se enmarca en el Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones de Contratos de Obra Pública. Este programa tiene como finalidad liquidar acreencias que incluyen certificados de obra, acopio de materiales y redeterminación de precios acumulados entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025. Asimismo, contempla obligaciones derivadas de contratos que fueron extinguidos a partir de 2024.

Según se detalla en la resolución, los recursos se canalizarán afectando los créditos a la atención de deudas de la Secretaría de Transporte y de la Secretaría de Obras Públicas. Cabe destacar que las empresas interesadas en acceder a este plan tuvieron tiempo de adherirse hasta mediados de agosto.

La cancelación de las obligaciones se llevará a cabo mediante la entrega de una canasta integrada por tres títulos públicos capitalizables en pesos. El valor de los mismos será calculado a su valor técnico al día hábil anterior a la fecha de efectiva entrega:

- 33% en Lecap con vencimiento el 30 de octubre de 2026: con un tope de ampliación de hasta un valor nominal original de $60.000 millones.

- 33% en Boncap con vencimiento el 15 de enero de 2027: con un límite de valor nominal original de hasta $51.000 millones.

- 34% en Boncap con vencimiento el 30 de abril de 2027: con una ampliación por un valor nominal original de hasta $60.000 millones.

Finalmente, la normativa autoriza a los titulares de la Oficina Nacional de Crédito Público, de la Dirección de Administración de la Deuda Pública y de áreas técnicas del sector a suscribir la documentación necesaria para implementar estas operaciones.

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