El Gobierno avaló la expansión eléctrica de la minera Vicuña y ratificó la prioridad de uso por 25 años
El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad otorgó el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para el proyecto Josemaría en San Juan, rechazando impugnaciones y consolidando una inversión privada estratégica.
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El Gobierno nacional oficializó el aval para el plan de expansión eléctrica de la minera Vicuña Argentina destinado a su proyecto Josemaría. La medida, formalizada mediante la Resolución 330/2026 y publicada este miércoles en el Boletín Oficial, fue adoptada por el Directorio del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE).
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailEsta decisión marca un hito en la minería de gran escala al consolidar un esquema de inversión privada en transporte de extra alta tensión. La normativa otorga el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública (CCyNP) para un conjunto de obras estratégicas que se desarrollarán en la provincia de San Juan.
Las mismas incluyen la adecuación de la Estación Transformadora (ET) Nueva San Juan para vincularla en 500 kV con Rodeo, la construcción de la playa de 500 kV de la ET Rodeo, la creación de una nueva Línea de Extra Alta Tensión (LEAT) de 500 kV entre las localidades de Rodeo y Chaparro, con una extensión aproximada de 167 kilómetros y la construcción de la Nueva ET Chaparro (500/220 kV), que servirá como punto de conexión para los 260 MW de demanda inicial del proyecto minero.
El pronunciamiento oficial ratifica el otorgamiento a Vicuña de una prioridad de uso del 90% sobre la capacidad de transporte remanente e incremental generada por estas obras. Esta preferencia tendrá una vigencia de 25 años, coincidente con la vida útil estimada del proyecto.
Justificación del organismo regulador
El organismo regulador justificó esta decisión bajo el principio de que el beneficiario paga, señalando que el inversor privado asume el 100% del riesgo financiero y los costos de construcción (CAPEX). Según el ENReGE, esto incentiva la inversión sin trasladar costos a los usuarios residenciales ni al Estado.
Según declararon, “reconocer derechos prioritarios temporales al inversor, aparece como una herramienta razonable y necesaria para promover obras que, de otro modo, probablemente no se ejecutarían”. Asimismo, aseguraron que “estas obras benefician no solo al inversor, sino también al conjunto del sistema eléctrico y al desarrollo económico de nuestro país”.
La resolución desestima formalmente las impugnaciones presentadas por diversos actores que se habían manifestado en la Audiencia Pública del 3 de junio de 2026. Con la emisión del CCyNP, la empresa transportista Transener asumirá la responsabilidad de la operación y mantenimiento de las nuevas estaciones transformadoras una vez finalizadas. Por su parte, Vicuña deberá gestionar las servidumbres administrativas de electroducto y cumplir con los requerimientos técnicos de los organismos de control para garantizar la estabilidad del sistema interconectado.
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