El Gobierno bonaerense actualizó la compensación por recargo de servicio para el Servicio Penitenciario
La administración provincial dispuso un incremento del 50 por ciento en los montos destinados al personal administrativo y de seguridad, con vigencia retroactiva al 1 de mayo de 2026.
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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó una actualización en el valor de la compensación especial por recargo de servicio destinada al personal del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). La medida, que impactará directamente en los haberes de los agentes, rige con retroactividad al 1 de mayo de 2026.
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailA través de un decreto, se establecieron nuevos valores para los trabajadores del sector. El personal que desempeña tareas de índole estrictamente administrativa percibirá 900 pesos por hora, mientras que aquellos agentes afectados a funciones de seguridad recibirán 1.800 pesos por hora. Esta modificación representa un incremento del 50 por ciento en este concepto, superando los valores fijados en la última actualización realizada en septiembre de 2024.
Con esta resolución, se dejan sin efecto los montos establecidos mediante el Decreto N° 2000/24, que había determinado una compensación de 600 pesos por hora para el personal administrativo y 1.200 pesos por hora para el personal de seguridad.
Fundamentos de la medida
En los fundamentos de la norma, el Poder Ejecutivo explicó que la decisión busca garantizar la operatividad del servicio en áreas críticas. La extensión de la jornada laboral resulta indispensable para el cumplimiento de tareas esenciales, tales como el traslado de internos, la realización de guardias reforzadas, la ejecución de diligencias administrativas urgentes y la cobertura de servicios extraordinarios.
Asimismo, el decreto detalla que esta actualización responde a la realidad económica actual. El proceso administrativo contó con la intervención favorable de las áreas técnicas y presupuestarias de los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Economía, además del aval de la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado.
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