El Gobierno reformó el régimen de inversiones mineras para reducir costos y trámites

El Gobierno nacional oficializó este martes, mediante la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 482/2026, una reforma integral al Régimen de Inversiones para la Actividad Minera. La medida busca reducir las cargas burocráticas y agilizar los procedimientos administrativos en un sector clave para la economía.

En el texto oficial, el Ejecutivo justificó la actualización argumentando que “a más de 30 años de su dictado, resulta necesario adecuar dicha reglamentación a las nuevas realidades productivas, tecnológicas y administrativas, con el fin de optimizar la competitividad del sector y la eficiencia en la gestión estatal”. 

Asimismo, el marco legal apunta a la simplificación administrativa, el fortalecimiento de la seguridad jurídica y la modernización de los instrumentos de control.

Principales modificaciones

Entre los cambios más relevantes, se destaca la sustitución integral del Anexo del Decreto 2686/93. Además, la normativa redefine el concepto de integración regional, ampliando a 500 kilómetros el límite de distancia permitido entre los yacimientos y las plantas de beneficio. 

Según indicó el Gobierno, esta disposición “fomentará la competitividad, permitirá extender la cadena de producción a un territorio más amplio, mediante la integración entre yacimientos y plantas de beneficio, y promoverá el crecimiento de la actividad”.

La reforma también introduce un régimen específico para prestadores de servicios mineros, quienes deberán acreditar que un porcentaje mínimo de su facturación anual proviene de la actividad para mantener los beneficios de importación. 

Por otro lado, se perfeccionó el procedimiento para obtener el certificado de estabilidad fiscal por 30 años, estableciendo que el beneficio tiene carácter declarativo desde la presentación del estudio de factibilidad original.

Impacto impositivo y ambiental

En materia tributaria, se optimizó la devolución acelerada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la etapa de exploración, simplificando la documentación y eliminando la obligación de notificar trabajos exploratorios previos. 

En cuanto al aspecto ambiental, el decreto armoniza la Ley de Inversiones Mineras con la Ley General del Ambiente (N° 25.675), permitiendo que el Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) satisfaga el requisito de previsión para la remediación de alteraciones.

“Estas modificaciones permiten simplificar, reducir costos y bajar la incertidumbre asociada a cada intervención estatal”, expresó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien añadió que “menos trámites es menos riesgo”. 

Las nuevas disposiciones entrarán en vigencia el 24 de junio de 2026, mientras que la Secretaría de Minería cuenta con un plazo de 60 días corridos para dictar las normas complementarias necesarias.

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