El 16 de octubre de 2024, una llamada al 911 alertó sobre la caída de un hombre desde el tercer piso del hotel CasaSur, ubicado en el barrio porteño de Palermo. Cuando llegaron los equipos de emergencia, ya era tarde: Liam James Payne, exintegrante de la banda británica One Direction, había muerto por los múltiples traumatismos sufridos al impactar contra el patio interno del edificio.

A un año del hecho que conmocionó al mundo, la causa judicial avanza hacia el juicio oral contra dos imputados, mientras que una tercera persona sigue bajo investigación. La justicia porteña procesó y enviará a juicio a dos empleados del hotel por el delito de suministro de estupefacientes a título oneroso, mientras que un empresario cercano a Payne podría volver a ser imputado por su posible rol en el suministro y facilitación de drogas.

Un escenario de caos y drogas

Payne, de 31 años, se hospedaba en la habitación 310 del hotel CasaSur. Según el parte oficial, el personal del SAME constató su muerte poco después del llamado de emergencia. La autopsia reveló 25 lesiones compatibles con caída de altura y una intoxicación letal por múltiples sustancias: cocaína, tusi (cocaína rosa), benzodiacepinas, crack, ketamina y MDMA. El informe médico indicó que no presentó signos de reacción al caer, lo que sugiere que pudo haber estado inconsciente.

En la habitación se encontraron muebles rotos, vidrios, restos de drogas, vasos con alcohol y un televisor destrozado. Según el encargado del hotel, Payne estaba “fuera de sí”. En la llamada al 911 había advertido que el huésped “estaba sobrepasado de drogas y alcohol” y temían que intentara suicidarse.

De la conmoción a las imputaciones

La causa comenzó como una “muerte dudosa” y fue tomando cuerpo a lo largo de los meses. Tras múltiples allanamientos, declaraciones y análisis de cámaras y celulares, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 16, a cargo de Marcelo Roma, avanzó contra cinco personas.

Inicialmente, fueron procesados por homicidio culposo un empresario amigo de Payne (Rogelio Nores) y tres empleados jerárquicos del hotel (la gerenta Gilda Martín y el jefe de recepción Esteban Grassi). También fueron imputados Braian Nahuel Paiz y Ezequiel David Pereyra, ambos trabajadores del hotel, por suministro de drogas.

En febrero de 2025, sin embargo, la Cámara Criminal y Correccional sobreseyó a Nores, Martín y Grassi, y confirmó los procesamientos de Paiz y Pereyra, quienes están detenidos con prisión preventiva desde enero.

El juicio y las pruebas

El juicio oral contra Paiz (25) y Pereyra (24) será por el delito de suministro de estupefacientes a título oneroso, reiterado en dos oportunidades, con penas previstas de entre 4 y 15 años de prisión. Según la acusación del fiscal Andrés Madrea, ambos realizaron múltiples entregas de cocaína a Payne en los días previos a su muerte.

La fiscalía se basa en cámaras de seguridad, mensajes extraídos de celulares y testimonios de empleados del hotel. Uno de los testigos claves fue el jefe de mantenimiento, quien vio a Pereyra con un billete de 100 dólares y escuchó que iba a “hacer un mandado para un huésped”, que luego se confirmó era para entregar drogas.

Una causa aún abierta

Aunque fue sobreseído, Rogelio Nores, amigo personal de Payne y quien estuvo con él poco antes del hecho, sigue bajo la lupa judicial. En junio de 2025, la Cámara de Casación Penal aceptó un recurso de la fiscalía para revisar su sobreseimiento. Lo acusan de haber facilitado el consumo de drogas, ya sea financiando compras o dejando solo a Payne mientras estaba intoxicado.

La fiscalía también pidió peritar los dispositivos electrónicos secuestrados, incluyendo el celular del músico, donde habría registros de una supuesta compra de “6 gramos” de cocaína la mañana del 16 de octubre.

Un aniversario sin justicia plena

A un año de la trágica muerte de Liam Payne, la causa judicial sigue en proceso: el juicio oral contra dos acusados está próximo a comenzar, mientras que la situación del entorno más cercano de la víctima aún no está resuelta. El caso, que involucra consumo de drogas, negligencia, responsabilidad institucional y una figura pública internacional, podría sentar un precedente judicial en temas de facilitación y omisión de auxilio en contextos de adicción.

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