La medida fue tomadaç luego de que la fiscalía volviera a reclamar que se eleve el monto de la pena que le impusieron.El máximo tribunal penal federal del país hizo lugar a un recurso de queja fiscal planteado “a la luz de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer”, en alusión a la “Convención de Belém Do Pará”, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.Los camaristas enviaron la causa a sorteo para que se determine qué sala de Casación revisará la condena impuesta al anestesista por el Tribunal Oral Federal (TOF) 8 en el juicio al que fue sometido en 2019.En ese juicio, Billiris fue hallado culpable de “homicidio en grado de tentativa en concurso real con suministro de estupefacientes para uso personal reiterado en dos oportunidades en perjuicio de Belén Torres” y del “abuso sexual agravado” de otra víctima, a la que también drogó, además de haber facilitado el lugar donde se consumaron dos de los hechos.Por esos hechos el fiscal del juicio, Marcelo Colombo, había solicitado en su alegato 28 años de encierro, aunque el anestesista fue penado con 10 años de inhabilitación y 14 de prisión, que actualmente cumple en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.Ante el monto de la pena impuesto y considerado insuficiente, la fiscalía apeló el fallo ante Casación, que en 2021 agravó la calificación del delito, al declararlo autor de “homicidio agravado por haber sido cometido mediando violencia de género en grado de tentativa” de Torres y por “ abuso sexual agravado por haber mediado acceso carnal” en perjuicio de la otra joven, “en concurso real con el delito de suministro de estupefacientes para uso personal y suministro de estupefacientes agravado por su condición de médico reiterado en dos oportunidades” y “facilitación de un lugar para el suministro de estupefacientes en perjuicio ésta última y de una tercera joven.No obstante, el monto de la pena impuesta a Billiris no se incrementó a pesar del agravante por violencia de género dispuesto por Casación.Por tal motivo, la fiscalía volvió a apelar al tribunal superior, que le concedió una nueva revisión del fallo. (Télam)

Por segunda vez, Casación revisará la condena al anestesista Gerardo Billiris

Por unanimidad, la pena recayó sobre los cabos primero Lucas Gómez (37) y Javier Alarcón (35), a quienes también le atribuyeron la tentativa de homicidio calificado de los cuatro amigos que iban junto a al adolescente de 17 años asesinado.En el mismo fallo se resolvió también que los cinco chicos atacados a balazos fueron “víctimas de violencia institucional”.A su vez, el tribunal de juicio condenó a penas de tres y cuatro años de cárcel otros nueve policías por distintas responsabilidades vinculadas al hecho principal, como “encubrimiento, falso testimonio y omisión de los deberes de funcionario público”; mientras que absolvió a los restantes dos efectivos que habían llegado al debate.La lectura de la parte resolutiva de la sentencia se dio a conocer pasadas las 18.30 en una sala de audiencias colmada en las que los familiares y amigos de las víctimas aplaudieron cuando se conoció la perpetua para Gómez y Alarcón, y luego siguieron con abrazos y llantos de emoción.La jornada comenzó por la mañana con las “últimas palabras” de los imputados, ocasión en la que los dos principales ahora condenados aseguraron que no tuvieron “intención” de matar.“No tuve intención de quitar la vida a nadie ni atentar contra nadie”, expresó Gómez, tras lo cual pidió “perdón” por el hecho.Por su parte, Alarcón, manifestó que “no” es un asesino y que “no tenía intenciones homicidas” cuando realizó los disparos.&nbsp;Postura&nbsp;Los restantes once acusados negaron las imputaciones y dijeron ser “inocentes”.La única que atinó a admitir que cometió “errores” cuando se encargó de “plantar” un arma a las víctimas fue Wanda Esquivel (34), quien además pidió “perdón” y terminó condenada a cuatro años de cárcel.Antes del inicio de la audiencia, el papá de Valentín Blas Correas, había manifestado que esperaba una “condena para todos” y que la “sentencia es el comienzo de la lucha por la verdad y justicia” para su hijo.Del debate participan el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla en calidad de ‘amicus curiae’, y representantes de Amnistía Internacional, que es ‘observador’ del proceso.Según la investigación, el hecho ocurrió la madrugada del 6 de agosto del 2020, cuando Juan Cruz Camerano Echevarría (20) conducía un Fiat Argo blanco, junto a cuatro amigos y compañeros de colegio: Valentín Blas Correas, Camila Toci, Cristóbal Bocco Camerano y Mateo Natali, ahora mayores de edad pero que al momento del hecho tenían 17 años. (Télam)

Perpetua para los dos policías acusados de matar a Blas Correas

Un productor agropecuario de 65 fue condenado a 13 años de prisión por matar a un joven futbolista y amigo de su hijo en julio de 2020 en la localidad bonaerense de Tapalqué.A pesar de que en reiteradas veces el hombre de 65 años sostuvo que "quiso hacerle una broma" y que "nunca tuvo la intención de matarlo" un jurado popular lo encontró culpable por el "homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego con dolo eventual" del futbolista Tomás Echegaray, quien tenía 26 años.Según la reconstrucción del hecho Néstor Félix Hirtz estaba jugando con un rociador de alcohol en una mano y un revólver calibre 44 Magnum en la otra y cuando le quiso hacer un chiste, le disparó al joven y lo mató."Nunca tuvo intención de matar a ese chico, a ese chico que lo amaba, quedó loco y llora todos los días, necesita asistencia psicológica", dijo el abogado defensor, Ricardo Boucherie.El homicidio ocurrió en la madrugada del 5 de julio de 2020 en la casa de Hirtz en Tapalqué y la muerte de Echegaray generó gran conmoción en la localidad ya que era conocido por jugar al fútbol en el Club Atlético Tapalqué y recientemente se había pasado a Boca Juniors de Azul, donde no había llegado a debutar.&nbsp;Además, era hermano del presidente del bloque de concejales de Juntos por el Cambio, Juan Echegaray.&nbsp;La versión de los testigos informan que el joven llegó junto con otro amigo a la casa del imputado para ver a Estanislao Hirtz, el hijo del dueño de la vivienda. Es en ese momento cuando Néstor pensó en hacerle una broma sobre los cuidados por el Coronavirus y salió a recibirlo con un rociador de alcohol y una pistola.En segundos el chiste se volvió la peor pesadilla, ya que Hirtz gatilló el arma y le dio un tiro a Tomás en el tórax.A pesar de que el propio hijo del victimario lo trasladó al hospital, desde el lugar lo derivaron a otra institución donde finalmente falleció en el camino."Me mandé una cagada. Le quise hacer una joda y se me escapó un tiro", manifestó el productor agropecuario cuando fue interrogado en el hospital.

Trece años de prisión para un hombre que mató a un amigo de su hijo en Tapalqué

Conocida la resolución judicial en la que el Correccional validó el juicio abreviado para sellar la suerte procesal del exfuncionario municipal Luciano Jaureguiber, en torno al incidente vial que protagonizó y provocó la muerte de Sebastián Simón, se conocieron más detalles del fallo que, independientemente de las críticas por la pena acordada (tres años de prisión), dejó sentadas definiciones y opiniones severas para con lo que fue el accionar del ahora condenado.En el veredicto, el juez Carlos Pocorena realizó un pormenorizado análisis sobre el siniestro vial, cuyos detalles coinciden con lo que oportunamente el Ministerio Público realizó a la hora de concluir la instrucción y elevar la causa a juicio. Pero el magistrado también se detuvo en varios párrafos para referirse a la actitud de Jaureguiber tras haber atropellado al joven Simón en la calle Azucena (barrio La Movediza), reacción que le valió oportunamente la prisión en el curso del proceso y actualmente, bajo arresto domiciliario.La declaración de JaureguiberSe destaca el análisis de las declaraciones que oportunamente hizo el imputado en la causa, en especial cuando emprendió la fuga y recién se presentó 10 horas más tarde en la comisaría Segunda.&nbsp;Para el magistrado, “en todo momento su intención (la del exfuncionario) fue en primer lugar presumiblemente esperar a que con el paso de las horas disminuya la graduación alcohólica, dado que él mismo reconoció haber consumido cerveza”.Al respecto, se detalló sobre la comunicación telefónica con un servicio de delivery solicitando cervezas. De todas formas, se subrayó, la circunstancia sobre la ingesta de alcohol no quedó acreditada porque recién a las 14.36 del día siguiente al hecho se le extrajo sangre, es decir después de casi diez horas.Por otro lado, y siguiendo en lo que fue la declaración del exfuncionario a la hora de dar su versión del suceso, para el juez resultó poco verosímil que haya pensado o supuesto que ese golpe (cuando embistió a Simón) fue provocado porque atropelló un animal, &nbsp;según sus dichos en el acta de fojas 24, o en su declaración, porque le arrojaron un objeto pensando en un posible robo y no observar por el espejo retrovisor si había alguien o qué podría haber causado el golpe. Tampoco es creíble visualizar el auto con daños y no hacer la denuncia a fin de lograr repararlo o sobre el posible robo, ni dar aviso a la policía para que detenga a los supuestos agresores y otras personas que circularan por la zona no sufran otro impacto.Pocorena insistió en la intención de eludir su responsabilidad o disminuirla en algún punto, dado que cuando vio el automóvil dañado, incluso en el parabrisas –es difícil creer que no lo notara desde Azucena y Misiones hasta su domicilio en calle Pavón, dado que hay una distancia de aproximadamente siete kilómetros– o bien se encontraba distraído o alcoholizado, “pero dicha circunstancia no ha logrado probarse justamente porque se presentó a la comisaría a las 14, por esas razones, no hace más que demostrar su impericia al volante”, expone el fallo.La comunicación con PérezA más valoraciones, el juez citó que luego de embestir a Simón por detrás, manifestar que pensó que había sido un animal o que le habían arrojado un elemento para robarle, no hacer la denuncia policial, no observar el daño en el parabrisas durante siete kilómetros, ni en el espejo retrovisor que fue arrancado, ni el paragolpes, ni observar por el espejo retrovisor qué había causado el impacto, ni tomarse un minuto aunque sea con una linterna para alumbrar y observar efectivamente qué había sucedido con el auto, después de según sus propias palabras tener mucho temor e irse a su casa a dormir, comenzó su día contactando a su compañero de trabajo Arturo Roberto Pérez –chofer del intendente Miguel Ángel Lunghi– a fin de requerirle ayuda por lo sucedido, borrar los registros de su teléfono celular, “todas maniobras que le valieron la prisión preventiva por intentar eludir o disminuir en todo lo posible su culpabilidad y que quedan probadas con la declaración testimonial de Pérez”.A propósito de la manipulación del celular y específicamente la comunicación con el chofer de Lunghi, el juez consideró que los dichos de Jaureguiber a Pérez distan de los formulados en su declaración. “En su declaración dijo tener miedo, pensar que le robarían, que era un animal, y cuando habla con Pérez refiere que no sabe por qué no paró”.La mendacidadEn otro duro párrafo de la resolución, Pocorena dio por “derribadas sus explicaciones por inverosímiles, mendaces y de poca relevancia o irrisorias para contrarrestar el resto del material probatorio que pesa en su contra”.&nbsp;Asimismo, sentencia el juez, que lo único que le preocupó fue retirarse a toda velocidad, no comunicarse con la policía, ni con una ambulancia, justificando su conducta desaprensiva en su miedo a que le podrían haber arrojado con algún elemento para robarle, la que luego el juez dejó de lado al valorar la conversación que mantuvo con Pérez cuando le solicitó colaboración.&nbsp;Como otro dato clave sobre esa conducta y su valoración, Pocorena también señaló que la declaración fue desmoronada con el registro fílmico, en el que se vio el video de modo frontal con el automóvil en la parte trasera de la humanidad de Simón produciendo su muerte, dándose a la fuga sin otro argumento más contundente o convincente que el temor a que le quisieran robar o no saber el motivo de su propia conducta, máxime al contrastarlo con el acta de&nbsp;reconstrucción del hecho y sus fotografías, que permiten demostrar que la colisión contra el cuerpo de la víctima fue en forma frontal y no lateral como para señalar que le habrían arrojado algo.Caminar por la calleCerrando, tras ponderar la conjunción de la totalidad de la prueba valorada, para el juez la ocurrencia del evento tiene su causa en la conducta antirreglamentaria por conducir a alta velocidad sin tomar el recaudo de visualizar si había peatones por parte de Jaureguiber, realizada esta maniobra al no controlar su vehículo, circunstancia que impidió al peatón contar con el tiempo suficiente de hacerse a un lado ante la inminencia de la situación peligrosa creada por el accionar del acusado.A la vez, el juez se refirió a la circunstancia de que la víctima caminaba con su amigo por la calle y la eventual responsabilidad de estos de que sucediera la tragedia.Al respecto, el fallo aclaró que si bien es cierto que Simón transitaba por la calle y no por la vereda, no excede ello de una conducta meramente antirreglamentaria, que no resulta determinante en la producción del resultado, ya que lo hacía vistiendo ropas claras, en forma recta, sobre un costado de la calle sin realizar maniobras intempestivas de interposición sobre la circulación del vehículo embistente.A más datos, para el juez, de la probatoria reunida, surge una clara maniobra imprudente por parte del encartado cuando conducía a alta velocidad (68km/hs.), superior a la legalmente permitida, lo que “no le permitió conservar el dominio real y efectivo del vehículo, siendo contrario una concreta infracción del deber de cuidado, cuando por la misma calle se encontraban caminando dos peatones, creando con su accionar un riesgo jurídicamente desaprobado, que finalmente se realizó en la producción del resultado final, cuando incumpliendo de tal modo con el deber de circular con cuidado y prevención en la vía pública que le era exigible y en clara violación a lo establecido en el marco legal, mereciendo el citado reproche penal”.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

La declaración inverosímil, la llamada con el chofer de Lunghi y el intento por eludir su responsabilidad, en un fallo tan categórico como criticado

La declaración inverosímil, la llamada con el chofer de Lunghi, en un fallo tan categórico como criticado

En medio de las repercusiones por el desenlace violento que tuvo la movilización de la familia de la víctima Sebastián Simón, en desacuerdo con el juicio abreviado que arribó el ministerio público y la defensa en torno a la condena para el acusado de la muerte, el exfuncionario comunal Luciano Jaureguiber, ayer se confirmó el fallo del juez interviniente, quien avaló el acuerdo sellado, tanto en la calificación legal como la pena impuesta.En efecto, el juez Carlos Alberto Pocorena desestimó la oposición que había interpuesto el particular damnificado respecto a la pena impuesta, ratificando que Luciano Jaureguiber resultó autor del delito de ·Homicidio culposo agravado”, por lo cual fue condenado a &nbsp;la pena de 3 años de prisión de cumplimiento efectivo y 5 años de inhabilitación para conducir.&nbsp;Como se había anticipado en estas páginas, frente a la condena estipulada el juez ordenó “formar incidente de excarcelación por libertad condicional”, debido a que el exfuncionario se encuentra legalmente habilitado para solicitarla. Especulándose que en 8 meses podría recuperar su libertad.&nbsp;Cabe consignar que los doctores Marcelo y Gastón Argeri, en representación de la familia Simón, anticiparon que apelarán la resolución citada, recurso que quedará a instancia de la Cámara penal.&nbsp;Las aclaraciones del magistrado<figure class="image"><img src="https://cdn.eleco.com.ar/media/2022/02/carlos_pocorena.JPG" alt="Carlos Pocorena"></figure>Luego de analizar los pormenores del caso y fundar sus argumentos por los cuales se arribó al fallo descripto, el juez Pocorena hizo varias acotaciones y aclaraciones en su resolución, en especial por las conocidas críticas públicas que generó el arribo a un juicio abreviado como la oposición que ejerció el particular damnificado, además del rechazo y resistencia de los propia deudos al anoticiarse del desenlace judicial.&nbsp;Pocorena detalló que la causa ingresó al juzgado el 5 de diciembre del 2022 y el primer despacho se firmó&nbsp;el 13 de ese mismo mes y año. El 21 de diciembre el juez y otros funcionarios atendieron&nbsp;personalmente a Marcelino Norberto Simón (papá de la víctima) y a su letrado dado que ya habían tomado conocimiento de la presentación del juicio abreviado y estaban disconformes con la pena, solicitando en ese momento que el imputado recupere su libertad y que luego cumpla la pena en un establecimiento carcelario.Asimismo, el doctor Argeri el 28 de diciembre de 2022 se opuso al monto de pena acordado por resultar ser el mínimo de la escala penal prevista para este tipo de delito invocando como jurisprudencia a tener en cuenta la pena impuesta en el fallo dictado en la causa caratulada&nbsp; "D´Angelo Sebastián s/ Homicidio culposo calificado",&nbsp;que fuera confirmada por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul –aunque continua en etapa recursiva–.&nbsp;En dicho caso, del cual Marcelo Argeri ocupó el rol de defensor del condenado,&nbsp;también el juez Pocorena fue quien emitió la condena, por lo que se excusó de hacer comentarios al respecto.&nbsp; No obstante, el magistrado señaló que si bien la causa comparte la misma calificación legal con la presente, en éste caso se ha llegado a un acuerdo de juicio abreviado, y en la otra que el doctor Marcelo Argeri cita como precedente fue resuelta y deliberada a través de audiencia de debate oral, valorándose diversas circunstancias agravantes que fueran tratadas en el debate y que en forma motivada llevaran a merituar el monto de pena a imponer.&nbsp;Además, el juez formuló otra aclaración, &nbsp;al considerar que el Código Procesal Penal “está previsto como un proceso de partes, con roles y funciones determinadas a cada una de las incumbencias de las partes, y que incluso para el suscripto tiene limitaciones en cuanto a las posibilidades de disponer o no, medidas adecuadas al estado de tramitación de la causa, siendo en este caso concretamente la prevista para el juicio abreviado –no sólo para este sino para todos los demás– en el art. 399 primer párrafo del C.P.P., cuando taxativamente expresa: `....No se podrá imponer una pena superior a la solicitada por el Fiscal.´, en tal supuesto el pedido del Particular Damnificado no puede destruir una garantía acordada al imputado por la ley”.A más argumentaciones, se subrayó que no surge de la ley 15232, que la víctima –que sí participó de la audiencia, fue oído y atendido– o&nbsp; del propio&nbsp; Código Procesal Penal, que en el artículo 402, taxativamente dice que: "El Particular Damnificado no podrá oponerse a la elección del procedimiento del juicio abreviado.", para decirlo claramente, no está prevista la oposición.&nbsp;Así las cosas, se agregó que el propio Código expresa que podrá: "Desestimar la solicitud de juicio abreviado, ordenando que el proceso continué, únicamente en caso de demostrarse que la voluntad del imputado se hallaba viciada al momento de su aceptación o cuando hay discrepancia insalvable con la calificación legal aplicada en el acuerdo, respetando el principio de congruencia."En este razonamiento, Pocorena &nbsp;adelantó que el acuerdo no mereció objeciones, en primer lugar por cuanto “no se advierte vicio alguno que afecte la voluntad del encartado, sino que por el contrario dijo haber aceptado el trámite en forma libre y previo asesoramiento del defensor de su confianza, renunciando expresamente al juicio oral y público”.Por otro lado, no dejó de señalar que &nbsp; no se planteó una diferencia insalvable respecto de la calificación legal aplicable, que se enmarca adecuadamente&nbsp; al delito atribuido (homicidio culposo agravado por darse a la fuga) que habilita el instituto y la pena concreta requerida por el Fiscal, léase la de tres años de prisión de efectivo cumplimiento y cinco años de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores, consecuentemente correspondió declararlo admisible y dictar veredicto y sentencia.En otra disquisición, el magistrado aclaró que&nbsp; no cuenta con las facultades necesarias para rechazar el acuerdo de juicio abreviado basado en no estar de acuerdo el monto de la pena impuesta, dado que son “acotados los motivos por los cuales el artículo 398 inciso 1) del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires habilita al juzgador a rechazar el acuerdo y se encuentran taxativamente enumerados, no contemplando la posibilidad de aumentar el monto de la pena pactada”, tal lo había planteado el particular damnificado.La agresión al fiscalEn otro apartado de los considerandos del fallo, Pocorena se refirió a que al momento de elaborar la citada resolución, no resultó ajeno a las agresiones sufridas por el fiscal interviniente.&nbsp;Al respecto, advirtió “con honda preocupación la agresión recibida días pasados por el Agente Fiscal y un Secretario del Ministerio Público Fiscal, en su propio despacho por parte de familiares de la víctima, no porque se cuestione su actuación funcional –como seguramente ocurrirá con la mía– sino por los modos y el grado de violencia ejercidos que resultan inaceptables, sobre todo cuando nuestra actuación, está siempre sujeta a recursos y apelaciones, a otras instancias que en caso pueden hacer lugar a las pretensiones de las partes”.&nbsp;

El juez convalidó el juicio abreviado y  ratificó la pena de prisión al exfuncionario Jaureguiber

En la madrugada de ayer, la policía logró detener a un hombre que permanecía prófugo de la justicia tras quedar firme su condena por el delito de “Explotación económica del ejercicio de la prostitución”, sentencia del Juzgado Correccional 1 que fue ratificada por el Tribunal de Ejecución penal.&nbsp;Se trata de Cristian Daniel Bohn (40), quien era buscado desde el 2019, cuando la condena en su contra había cobrado firmeza, tras atravesar las distintas instancias de apelación frente aquel fallo en primera instancia del juzgado local, a cargo del doctor Carlos Alberto Pocorena, quien lo había encontrado responsable del delito citado, tras un debate que surgió cual ramificación de otro debate en el TOC 1, donde se había juzgado a policías bonaerenses involucrados en vejaciones y abusos que habían denunciado unas mujeres que ejercían la prostitución.&nbsp;A más reseñas, en el 2017 el Juzgado Correccional resolvió la suerte procesal de Cristian Daniel Bohn, quien arribó a la audiencia acusado de regentear un privado y explotar económicamente a dos mujeres que ejercían la prostitución.&nbsp; Tras escuchar los testigos citados al debate, más la prueba incorporada y los alegatos de las partes, el juez Carlos Alberto Pocorena condenó al imputado a la pena de seis años y siete meses de prisión, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de&nbsp; “explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena, coacción agravada por el uso de armas&nbsp; y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, en concurso real, por los hechos cometidos en Tandil entre los días 15 de julio y 1 noviembre de&nbsp; 2011.En el fallo se dispuso que hasta tanto no se encontrara firme la sentencia, no debía&nbsp;mediarse coerción (detención) alguna, por cuanto el magistrado no advirtió un peligro cierto en la frustración del proceso, imponiendo como condiciones la de fijar domicilio y concurrir del uno al diez de cada mes a la sede del Juzgado a fin de suscribir el acta pertinente y el pertinente impedimento de abandonar el país, sin previa autorización.Cabe consignar que el caso resultó una ramificación de la causa que en febrero arribó a juicio en el TOC 1, donde fueron sentenciados tres policías&nbsp;por abuso sexual y vejaciones a las mujeres que precisamente ahora volvieron a ratificar sus dichos en torno a la explotación sexual se padecieron de parte de Bohn.&nbsp;A más precisiones, había sido condenado Néstor Jorge Moller a la pena de ocho años y seis meses de prisión,&nbsp; como autor penalmente responsable de los delitos de “Vejaciones&nbsp;en acto de servicio agravadas por amenazas” y “Abuso sexual con acceso carnal agravado por pertenecer a la fuerza policial en ocasión de sus funciones, en concurso real”,&nbsp;cometido el 1 de noviembre de 2011.Mientras que María Julia Nazer y a Mauro Roberto Rimoldi, fueron penados a seis años de prisión por el&nbsp;delito de “Vejaciones&nbsp;en acto de servicio agravadas por amenazas”.El nuevo juicioRespecto al nuevo debate propiciado ahora en el Juzgado Correccional, el juez Pocorena dio por probado primeramente que el 27 de octubre de 2011, siendo aproximadamente las 21.50, en el interior de la interior del comercio “Jardín de frutas y verduras”, ubicado en la intersección de las calles&nbsp; Paz y 25 de Mayo, el sindicado intimidó a un hombre con dichos tales como “…para mañana viernes quiero que me des la plata del carro que te robaron…”,&nbsp; “…yo quiero la plata mañana, porque sabés como la pudro, a mí me da la nafta para entrar a tu casa y prendertela fuego con tu familia adentro …” y “…a mí me da la nafta para arrancar a los tiros, acordate que vos tenés familia…”, al tiempo que exhibió un arma de fuego que llevaba a la cintura.ProstituciónYa adentrándose en la acusación por regentear un privado donde se ejercía la prostitución, se dio por probado que entre el 15 de julio y el 1 de noviembre de 2011, promovió y facilitó con ánimo de lucro el ejercicio de la prostitución de dos mujeres en un domicilio particular que alquilaba, ubicado en calle Lobería 1664, para que las mujeres vivieran allí y ejerciera tal actividad, proveyendo de clientes para tal actividad, publicitando la oferta sexual en diarios y suministrándole a diario comida&nbsp;y algunos artículos de higiene en carácter de administrador&nbsp; del dinero que la misma obtenía del intercambio sexual, situación que se mantuviera en el tiempo por diversas conductas atemorizantes en contra de la misma.En razón de ello, Bohn por sí o por terceros, percibió la totalidad de las sumas dinerarias que las mujeres obtenían como fruto de los servicios sexuales que prestaban con ocasionales e indeterminados clientes, afirmándole falsamente –abusando de su posición de poder– que dichas sumas se encontraban depositadas en una cuenta bancaria, determinando que luego serían descontados los gastos diarios de comida, artículos personales y de higiene, vestimenta y las dosis de cocaína que&nbsp; compartían.La detenciónRespecto a la reciente detención, se informó que personal de la SubDDI Tandil, juntamente con efectivos de la Departamental de Seguridad Tandil, procedieron en las primeras hora de la noche de ayer a la detención del nombrado, que era buscado desde el 2019 cuando quedó firme la sentencia de seis años y dos meses de cumplimiento efectivo ordenada por el juez Carlos Alberto Pocorena. La instrucción en cuestión fue llevada adelante por el fiscal Lucas Moyano.El detenido Cristian Daniel Bohn &nbsp;se hallaba hasta anoche alojado a la espera de ser trasladado a una unidad carcelaria, agregando que según la información colectada por la pesquisa policial, residía en una de las ciudades de la frontera de la provincia de Misiones.

Estaba prófugo tras quedar firme su condena, vino a pasar las Fiestas y quedó detenido

La Corte Suprema dejó firme la condena a 13 años de prisión por asociación ilícita contra la dirigente social jujeña Milagro Sala, quien cumple actualmente prisión domiciliaria en su provincia.Los jueces del máximo tribunal ratificaron la condena dictada por el Tribunal en lo Criminal número tres de Jujuy, que dispuso además la “inhabilitación absoluta por el mismo término” para Sala por los delitos de “asociación ilícita, en carácter de jefa, fraude a la administración pública y extorsión, en calidad de coautora”.La condena sostiene que Sala implementó “un sistema de recaudación ilegal a costa del erario público, en el marco de programas federales y provinciales de construcción o mejoramiento de viviendas, que tuvo por finalidad el injusto provecho de la jefa e integrantes de la asociación ilícita”.En un fallo de medio centenar de páginas, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti consideraron que no estaba habilitada la instancia de la Corte Suprema para la revisión del fallo.No obstante, analizaron las conclusiones de todas las instancias anteriores y rechazaron los planteos de la defensa de la líder de la Túpac Amaru.El fallo sostiene que la defensa de Milagro Sala “no se hizo cargo de controvertir los argumentos esgrimidos por los tribunales locales para desestimar los agravios referidos a la presunta vulneración al derecho de defensa en juicio, derivados del rechazo de parte de la prueba ofrecida, la indeterminación de la imputación en su contra y la infracción del principio de congruencia”.La Corte le restó trascendencia al caso de Milagro Sala, en términos políticos: “Tampoco se halla configurada la gravedad institucional alegada, en tanto este planteo no cuenta con un desarrollo suficiente con relación a la existencia de un interés que exceda el individual de la parte y afecte de manera directa al de la comunidad o el funcionamiento de las instituciones básicas de la Nación”.La Corte tomó por válidas todas las pruebas utilizadas en las instancias anteriores para dictar la condena y sostuvo que los cuestionamientos planteados por la defensa de la dirigente social jujeña son “meras discrepancias” con lo resuelto.“Esa mera discrepancia con lo resuelto elude rebatir los argumentos que convalidaron esos hechos, suficientemente determinados por los jueces de la causa por medio de las declaraciones de quienes se tuvo por probado fueron sus víctimas, la de otros testigos y por prueba documental”, justificaron los magistrados del alto tribunal.En ese sentido, asignaron especial valor probatorio contra Sala a “los cheques y facturas involucrados en estos hechos- de la que también surgían los datos fácticos relevantes”. NA&nbsp;“Fallo escandaloso”&nbsp;La organización Tupac Amaru calificó como un "escándalo en términos políticos y jurídicos" el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ratificó la condena a 13 años de prisión a la dirigente social Milagro Sala y convocó a una conferencia de prensa."Un fallo vergonzoso, un silencio sorprendente en algunos, una complicidad evidente en otros tantos y una cobardía que se hace insoportable. Indulten ya a Milagro Sala", expresó en un comunicado la Tupac Amaru tras conocerse la decisión del máximo tribunal, que desestimó el recurso de la defensa y dejó firme la condena a Sala en la causa conocida como "Pibes Villeros", en la que se la acusó de "asociación ilícita" y "defraudación al Estado".La organización convocó para hoy a las 15 a una conferencia de prensa.En el comunicado expresó que a través de un "fallo escandaloso", la Corte convalidó la condena "por razones políticas que Gerardo Morales y Carlos Pedro Blaquier ordenaron al Poder Judicial de la Provincia de Jujuy respecto de nuestra compañera Milagro Sala y de las compañeras y compañeros de la Tupac Amaru injustamente condenados". (Télam)

La Corte Suprema dejó firme la condena a 13 años de prisión contra Milagro Sala

Un policía bonaerense fue condenado a 17 años de prisión por atropellar con un patrullero y provocar la muerte de Ezequiel Corbalán y Ulises Rial, dos jóvenes que circulaban en una moto en San Nicolás.La condena fue impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de la mencionada ciudad, y recayó sobre el oficial Pablo Moresco (25), quien terminó condenado por el delito de “doble homicidio con dolo eventual”.Con esa figura penal, los jueces entendieron que con su accionar de perseguir y embestir con el patrullero a una moto, el condenado Moresco tuvo que haberse representado que podía causar las muertes, como sucedió, y no hizo nada para evitarlo.“Mi sensación es la mejor porque le dieron 17 años, estoy muy conforme con el trabajo de los abogados, de la Comisión Provincial por la Memoria, de Derechos Humanos. Mi hijo descansa en paz, hubo justicia”, dijo a Télam emocionada Sandra Corbalán, madre de Ezequiel.A la hora de merituar la pena, los jueces tuvieron en cuenta como atenuantes “la falta de instrucción” del policía y el hecho de que saliera a patrullar en un móvil sin condiciones mínimas, como por ejemplo que no tuviera balizas ni sirenas.Pero los jueces también tuvieron en cuenta una serie de agravantes, entre los que destacaron las circunstancias del hecho.En su alegato del viernes pasado, el fiscal Darío Giagnorio había solicitado una pena de 12 años de prisión,A su vez, el representante del Ministerio Público señaló que la maniobra de Moresco fue “irracional” e “indiferente”.“Irracional porque decidió cruzarle el vehículo e indiferente porque no le importó lo que iba a pasar detrás de eso. Eso debe ser considerado al momento de dictar la sentencia”, detalló el fiscal.Las familias Rial y Corbalán fueron patrocinadas por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), y en el alegato, su abogado querellante, Gabriel Ganon, había pedido para el policía la pena máxima para el delito: 25 años de prisión.En tanto, la defensa del policía había pedido que Moresco sea absuelto, tras considerar que “no tuvo responsabilidad alguna en el hecho” debido a que su accionar no fue intencional.La noche del 1 de junio de 2020, pasadas las 3, Ezequiel y Ulises fueron a comprar a un quiosco de San Nicolás a bordo de una moto Corven 150 cilindradas, hasta que efectivos a bordo de una patrulla quisieron identificarlos, ya que los jóvenes estaban violando el ASPO decretado por el Gobierno nacional ante la pandemia de coronavirus. (Télam)

Condenan a 17 años de cárcel al policía que en 2020 atropelló y mató a dos jóvenes

A más de cuatro años del hecho y seis meses de la condena contra el automovilista al acusado de aquella maniobra imprudente y temeraria que terminó con la vida de Romanela&nbsp;Ruiz Sánchez en Avenida Marconi esquina Roca, la Cámara rechazó el recurso de apelación que había interpuesto la defensa del sentenciado, quien igualmente hasta aquí evitó el cumplimiento efectivo de aquella sentencia.&nbsp;Con lo resuelto por el tribunal de alzada ahora, se especula que aquella condena en primera instancia debería hacerse efectiva, empero al entender de la interpretación de algunos judiciales, quedaría abierta alguna nueva instancia, léase un recurso de queja.&nbsp;A más explicaciones, se detalló que la Cámara Penal no ha devuelto la causa en cuestión, recién resolvió el rechazo de los recursos conforme el 486 del C.P.P. declarándolos inadmisibles, por lo que se entiende que estaría pendiente el plazo del artículo 486 bis del mismo código, que establece el recurso de queja ante la Suprema Corte Provincial.Se trata del sentenciado Sebastián D´Angelo, quien en febrero se sentó en el banquillo de los acusados en un debate en el juzgado Correccional 1, donde el magistrado Carlos Pocorena finalmente lo condenó a&nbsp;la pena de cuatro años y cuatro meses de prisión de efectivo cumplimiento, y&nbsp;nueve&nbsp; años de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores.Párrafo seguido, el juez en su fallo añadió que la detención del condenado D´Angelo se haría efectiva &nbsp;una vez firme o que sea ejecutable la presente sentencia.&nbsp;En ese escenario, en los últimos días el propio Juzgado fue notificado por la Cámara de Apelaciones, actuando cual tribunal de Casación,&nbsp; quien ratificó el fallo en primera instancia por lo que,&nbsp; a la sazón del proceso,&nbsp; se estaría próximo a hacer cumplir aquella condena.&nbsp;La resoluciónA más precisiones, la Cámara se expidió sobre el recurso extraordinario que interpuso el defensor de D´Angelo, el doctor Marcelo Argeri, lo cual se consideró improcedente.Los camaristas señalaron que “si bien es cierto que la restricción señalada (la prisión) no es definitivamente excluyente; pues debe ser obviada ante determinados supuestos que obligarían a conceder el recurso para habilitar la intervención, en última instancia, de la Corte Suprema de la Nación; lo concreto es que en este caso no concurre ninguno de ellos”.Se añadió que “no se advirtió una afectación constitucional que torne al recurso de inaplicabilidad de ley como la vía idónea para llegar al Superior Tribunal de la causa y, de esa forma, cumplir con el recaudo de admisibilidad de un eventual remedido federal para plantear en él, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.En resumen, y sobre la base de las formulaciones precedentemente llevadas a cabo, la Cámara concluyó que la presentación “no fue eficaz en acreditar la conculcación de derechos que autoricen una intervención de índole federal y que, por tal razón, no existen motivos para sortear la limitación establecida por el art. 494 del Código Procesal Penal”.Así, el tribunal de alzada resolvió denegar&nbsp;por&nbsp;“inadmisibles”&nbsp;los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de Ley y nulidad, interpuestos por el defensor Argeri, contra la sentencia dictada por esta Cámara, confirmándose así en todos sus extremos la sentencia recurrida dictada por el juez Carlos Alberto Pocorena, por ajustarse la misma a derecho.El falloComo oportunamente se detalló por aquellos días de febrero, el acusado de aquella maniobra imprudente, negligente, temeraria, que terminó con la vida de la motociclista Romanela Ruiz Sánchez, fue sentenciado a prisión, la cual tendrá cumplimiento efectivo una vez cobre firmeza la sentencia.&nbsp;Más allá de la desazón familiar de la víctima y dentro del margen que establece el Código para el suceso delictivo debatido, el fallo resultó contundente, como categórico a la hora de calificar, en especial, la actitud asumida por el ahora condenado tras al siniestro vial, cuando huyó, ocultó el coche y procuró entorpecer la investigación en procura de impunidad, que solo se logró torcer gracias a la tenacidad del fiscal y el aporte de los testigos, según consignó el propio juez.&nbsp;En aquel veredicto, Pocorena consideró que si bien la víctima ha sido “un tanto descuidada y cometiese algunas infracciones de tránsito” (circular sin luces ni casco, no poseer carnet habilitante),&nbsp; rechazó que las mismas en forma individual o en su conjunto, fuesen las determinantes en la producción del accidente.De las constancias de la causa, se evidencia que D´Angelo&nbsp;conducía su automóvil por avenida Marconi desde calle 11 de Septiembre hacia Roca, que es muy probable que al hacerlo detuviera su marcha durante un tiempo, cercano a los cinco minutos, puesto que allí es tomado por la cámara municipal, que en dicha oportunidad mantuvo una comunicación telefónica en su celular y que luego al continuar su marcha, retomando la marcha en la avenida en el carril lento y sin respetar la prohibición de girar a la izquierda dobló hacia Roca, invadiendo en forma intempestiva y súbita primero los carriles de quienes iban en su propia dirección, convirtiéndose en un obstáculo a la libre circulación de la motocicleta en que transitaba Romanela Ruiz Sánchez, que transitaba en el mismo sentido contraria por la mencionada avenida, quien no pudo evitar la colisión.Pocorena habló de una conducta temeraria y antirreglamentaria realizada por el acusado, siendo fácil advertir que existía la evitabilidad de dicha colisión, puesto que debería haber respetado tanto la vía semaforizada, como la prohibición de girar a la izquierda, y de tal modo, no se habría interpuesto en la línea de circulación de quien por detrás transitaba en motocicleta, aun cuando ésta no tuviera luces encendidas o su conductora no llevara casco ni poseyera el carnet que acreditase su idoneidad en el manejo.El hechoSobre el trágico suceso, ocurrió el 6 de mayo de 2018, aproximadamente las 21.38, cuando D´Angelo conducía el automóvil marca Volkswagen modelo Bora,&nbsp; dominio FHA–173 de color gris oscuro y que poseía los vidrios con polarizado en su tono más oscuro, por la avenida Marconi en dirección de la Ruta Nacional 226 hacia El Calvario. Al llegar a la esquina con la calle Roca realizó una maniobra altamente imprudente&nbsp; y antirreglamentaria, consistente en girar a la izquierda para ingresar a la calle Roca, maniobra prohibida en dicha avenida de doble sentido de circulación, semaforizada y que posee onda verde, y sin prestar atención a las contingencias del tránsito, interponiéndose en la línea de circulación de la motocicleta marca Honda modelo Wave 110, de color rojo, sin dominio colocado, que era conducida por Romanela Aldana Ruiz Sánchez y convirtiéndose de tal manera en un obstáculo a la libre circulación de la misma, que transitaba por la mencionada avenida en la misma dirección, quien no pudo evitar embestir con el frente del ciclomotor que conducía en la puerta delantera izquierda del vehículo mayor.&nbsp;Luego del choque y en forma casi inmediata, D´Angelo se dio a la fuga del lugar, sin intentar socorrer a la víctima ni dar aviso de lo ocurrido a los servicios de emergencias policiales o sanitarios.Como consecuencia directa de la colisión,&nbsp; Romanela sufrió múltiples heridas traumáticas que provocaron un paro circulatorio cerebral traumático secundario a traumatismo grave de cráneo que ocasionaron su deceso al día siguiente.&nbsp;

La Cámara ratificó el fallo contra el condenado por la muerte de Romanela y se aguarda que se cumpla la sentencia

La Cámara ratificó el fallo contra el condenado por la muerte de Romanela

En efecto, Angelo había sido condenado a tres años y seis meses de prisión, que ahora se hará efectiva bajo la modalidad de arresto domiciliario,&nbsp;bajo control de la Seccional Primera y del Patronato de Liberados, que deberán remitir informes quincenalmente y se encargarán de comunicar inmediatamente al Juzgado de Ejecución Penal que por turno corresponda cualquier incumplimiento por parte del imputado.&nbsp;Desde el Juzgado Correccional 1 se resolvió la medida tras agotarse los recursos presentados tras el juicio celebrado y su respectiva condena para con Angelo. En tanto que su hija como así también otros implicados (una quincena) están sujetos a sus propios debates en los que se resolverán sus situaciones procesales.&nbsp;Como oportunamente se informó, el pasado 11 de mayo de 2018 se perpetraron 23 allanamientos en locales comerciales (kioscos y despensas) de la ciudad, como así también un par en María Ignacia (Vela) y uno en Juárez, donde se secuestraron elementos varios que hicieron a la prueba de cargo. Léase anotaciones de apuestas, dinero, CPU y teléfonos celulares que fueron peritados en pos de registrar los movimientos y las jugadas que se levantaban desde la clandestinidad. Modalidad que dejó de ser una mera contravención para transformarse en un delito penal, con condenas de prisión, según lo dispuso la Gobernación provincial oportunamente al modificar el Código.La investigación encabezada por el fiscal Marcos Eguzquiza derivó en aquel recordado espectacular despliegue policial, entre allanamientos, secuestros y aprehensiones que, con el paso de los meses y años, derivaron en el final del proceso judicial penal.&nbsp;La imputación aludió a un sinnúmero de sucesos y pruebas vinculadas a la actividad ilícita que luego serían refrendado en la sentencia condenatoria.&nbsp;Los hechosEntre los hechos que se replicaron por decenas, a modo de ejemplo se referenció que al menos desde el 10 de enero de 2017 hasta el 26 de septiembre de 2018, Mario César Angelo, junto a otro masculino, principalmente en instalaciones ubicadas en avenida España 975, de común acuerdo y de manera organizada, con fines de obtener un beneficio económico, con división de tareas, valiéndose de medios tecnológicos y de otras personas que contrataban laboralmente y les atribuían tareas relativas al juego, explotaron sin autorización del Instituto de Loterías y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, una modalidad de juego de azar clandestino ilegal.&nbsp;Para ello –rezó la acusación-, organizaron la actividad habitual de captar apuestas clandestinas a través de personas, a las cuales los organizadores les abonaban un porcentaje de la apuestas jugadas (veinte por ciento de lo recaudado), apuestas de dinero que consistían en jugadas a números de las diversas quinielas, con promesa futura de pago del premio, según resultados de sorteos de quinielas oficiales de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, Nación y Montevideo, entre otras.&nbsp;Luego de cada uno de los sorteos oficiales del día, los organizadores y capitalistas, a través de los intermediarios que habían receptado la apuesta, pagaban los premios en dinero (según la entidad de la jugada) a aquellos jugadores ganadores que acertaran a los números oficiales de las distintas quinielas sorteadas, a través de las personas que realizaban las tareas de correo, o mediante giros o depósitos bancarios. La descripta actividad se desarrolló sin contar con la autorización, habilitación ni licencia otorgada por el Instituto de Loterías y Casinos de la Provincia de Buenos Aires.&nbsp;Al decir del acusador y refrendado por la condena del Juzgado, se estableció que dentro de la organización, en su cúspide se encontraba Mario Angelo, quien era asistido permanentemente por la restante persona (se omite su nombre hasta terminar su proceso), quienes centralizaban todas las apuestas mediante sistemas computarizados, aportando dinero, reclutando y coordinando a los captadores de las jugadas de quiniela, tanto en la ciudad de Tandil como en diferentes &nbsp;localidades (María Ignacia, Benito Juárez, Coronel Charlone, entre otras), pagaban sueldos a las empleadas que participaban de la organización de receptación de las apuestas y liquidación de los premios, pagaban sueldos a las personas que realizaban la tarea de recorrer diariamente los diferentes levantadores usualmente denominados “correos”, quienes colectaban las apuestas de los receptores en aquellos casos que no fueran enviadas por medios tecnológicos, quienes a su vez retiraban el dinero recaudado y lo entregaban a la organización.&nbsp;A su vez, pagaban las comisiones a los receptores de las apuestas y los premios a los números ganadores según sorteos de la quiniela oficial.&nbsp;Dado el conocimiento de la ilegalidad de su accionar y la compleja estructura organizativa, identificaba a cada receptor de las apuestas en la oficinas de España 975 con letras y números; quienes tomaban las apuestas en distintos puntos de la ciudad y del partido de Tandil, como asimismo en otros distritos aledaños de la provincia de Buenos Aires, y las transmitían en un primer momento vía fax a diferentes líneas telefónicas, para su procesamiento, y con el transcurso del tiempo, al innovarse la organización tecnológicamente, mediante la aplicación de mensajería Whatsapp.&nbsp;Según la acusación, a raíz de toda esta operatoria ilegal, los acusados obtuvieron un beneficio económico y perjudicaron al erario público, quienes al captar las apuestas de los ciudadanos en forma ilegal hicieron que las mismas no fueran canalizadas al sistema legal de juego organizado por el Instituto Provincial de Loterías y Casinos.Los procedimientosComo se detalló en aquellas ediciones de 2018, la ciudad se vio sacudida por una seguidilla de allanamientos en distintos puntos del casco urbano y más allá también, protagonizado por un espectacular despliegue policial en el marco de una investigación que terminó por desbaratar una organización dedicada a la quiniela clandestina.Uno de los lugares allanados resultó la propiedad de avenida España 975, de Mario Angelo (considerado -una vez más- el capitalista de la organización), donde se secuestraron elementos que tendrían estrecha vinculación con lo que se estaba investigando.Computadoras, fax, un mapa del territorio argentino colgado en la pared cual circuito de distribución, anotaciones y demás menesteres de la actividad delictiva fueron el escenario con que se toparon los efectivos de la DDI.En esa oportunidad, la instrucción penal llevada adelante por el fiscal Marcos Eguzquiza contó con la colaboración del personal de investigación de la DDI, que reunió a colegas de Tandil y la zona para que, una vez contando con la órdenes de allanamientos, procedieran a desplegar toda la artillería de diligencias a bordo de vehículos identificables y otros particulares.Una quincena de procesados&nbsp;A la par, y en medio del imponente despliegue en distintos comercios en los que también se levantaba quiniela clandestina, los responsables de la actividad ilegal fueron notificados del respectivo procesamiento, llegando a la quincena de involucrados.Según se confió, la instrucción se inició a partir de una denuncia anónima, lo que permitió desplegar toda una tarea de inteligencia previa al mega procedimiento motorizado por aquellos días.&nbsp;Vale reseñar que a cuatro meses de aquel megaoperativo policial, se replicaron nuevos procedimientos, con los sospechosos de siempre, que fueron notificados de la nueva imputación. La nueva instrucción penal desplegada no fue más que una continuidad de la seguida por el Ministerio Público Fiscal, a cargo de Marcos Eguzquiza, en coordinación con integrantes de la Comisión para la Prevención y Represión del Juego Ilegal&nbsp;de Lotería y Casinos, un equipo policial especializado en la temática y personal de la DDI local y más allá de la ciudad también, cuando a&nbsp;mediados de mayo de 2018 se procedió a una veintena de allanamientos en Tandil y la zona.&nbsp;De los nuevas diligencias, dos se habían hecho en Tandil, otro par en María Ignacia, una en Juárez y otra en Coronel Charlone (General Villegas), donde resultaron notificados de la imputación prácticamente los mismos actores que en aquellas iniciales diligencias procesales.&nbsp;Una vez más como cabecera de la organización se ubicó la propiedad de calle España 975, donde quedó señalado Mauro Angelo, su hija Luciana y el esposo de esta, Simón Romero, entre otros. Allí se volvieron a secuestrar computadoras, tablets, celulares, anotaciones, todo lo relacionado a la persecución del delito tipificado en el artículo 301 bis del Código Penal: "Será reprimido con prisión de tres (3) a seis (6) años el que explotare, administrare, operare o de cualquier manera organizare, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente".&nbsp;

Ordenaron la detención de Angelo, condenado por ser el cabecilla de la organización dedicada a la quiniela clandestina

Ordenaron la detención de Angelo, condenado por la quiniela clandestina

Tras un juicio abreviado, el Tribunal Oral Criminal 1, a cargo del juez Guillermo Arecha, convalidó el acuerdo arribado entre fiscalía y defensa en torno a la situación procesal de un hombre acusado de varios ilícitos que se fueron sumando a un expediente con causas acumuladas que datan de 2016 hasta el año pasado.&nbsp;Se trató de Julio Martín “Poty” Recroa, sindicado de varios robos de motos y que tuvo como último violento suceso el haber sido interceptado por una víctima con la que terminó forcejando y quien le aplicó lesiones con una cuchilla que la damnificada utilizó como defensa. Allí fue atrapado por la policía y desde allí divino un correlato de hurtos que había cometido con antelación.Efectivamente la cronología de los hechos ventilados por el Tribunal se remontaron al &nbsp;21 de julio de 2016, cuando entre las 0.10 y las 4 aproximadamente, el nombrado se apoderó de una moto marca Motomel, modelo B 110 Tunning, de color gris claro, propiedad de Rubén Javier Ávila, que se encontraba en el interior del garaje de la vivienda de calle Campichuelo 1586. A las horas, Julio Martín Recroa recibió, a sabiendas de su procedencia ilícita la motocicleta sustraída.Asimismo los judiciales dieron por probado que el 4 de agosto de 2018, alrededor de las 4.45, Julio Martín Recroa y un menor de edad, ingresaron a la veterinaria "Civet" sita en Avenida Rivadavia 669, propiedad de Andrea Silvana López Core, donde tras forzar la puerta de blindex ingresaron a una oficina y se robaron un monitor, &nbsp;una notebook.&nbsp;Ya en el 2019, alrededor de las 16 del 11 de octubre, Recroa se robó otra moto marca Honda, 125, que se encontraba estacionada en la calle Payró 1.552, propiedad de &nbsp;Santiago Pugliese, quien supo alertar sobre aquella escena ilícita y reconociendo al ladrón.Posteriormente, la víctima indagó en la red social Facebook, ubicó el perfil del imputado, y divisó que en fotos publicadas vestía la misma ropa del día del hecho, lo que le permitió asimismo corroborar su autoría.&nbsp;Más hechosAl año siguiente, también por la tarde, Recroa ingresó al pasillo común del complejo de departamentos ubicado en calle Suipacha 239 y se apoderó de otra moto, en este caso la víctima resultó Belén Montero, &nbsp;que la había dejado estacionada allí.En febrero del año pasado, a medianoche, escaló los muros medianeros del patio trasero e &nbsp;ingresó a la vivienda de Avenida Cabildo 1557, escena que fue divisada por los moradores que justo llegaban a su casa.&nbsp;Una vez en el interior, Recroa forcejeó con el vecino, momentos en que intervino la mujer con una cuchilla en mano y le pegó en &nbsp;la cabeza y pierna, por lo que Recroa intentó huir del lugar, aunque fue seguido y alcanzado por el hombre, que lo retuvo en Avenida Cabildo, &nbsp;diez metros antes de llegar a calle Bariffi, donde minutos más tarde arribó la policía.&nbsp;En dicho instante, el acusado amenazó a los damnificados, expresándoles: "yo no tengo miedo a la policía en casa tengo un montón de armas, voy a volver y te voy a cag… a tiros, te voy a matar hija de p…".La sentenciaPor los hechos detallados, el TOC 1 resolvió condenar a “Poty” Recroa a la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional como autor penalmente responsable de los delitos de “Robo agravado por ser cometido con la participación de un menor de edad”, “Encubrimiento”, “Hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública”, “Hurto” y “Violación de domicilio y amenazas”.

Condena para el acusado de una seguidilla de robos

Así lo indicaron fuentes judiciales al precisar que se trata de la misma pena que había solicitado la Fiscalía en su alegato, con argumentos basados en los informes psicológicos y psiquiátricos realizados al exobispo en el juicio oral y público que comenzó el lunes 21 de febrero, en Orán.Tras el veredicto del tribunal, integrado por los jueces María Laura Toledo Zamora, Raúl Fernando López y Héctor Fabián Fayos, el religioso Zanchetta fue esposado en la sala de juicio y trasladado a la Unidad Regional 2, de la Policía de la Provincia, donde quedó alojado a la espera de un cupo en la Unidad Carcelaria de Orán, informaron a Télam fuentes judiciales.Los magistrados lo consideraron autor del delito de abuso sexual simple continuado agravado por ser cometido por un ministro de culto religioso reconocido, en perjuicio de dos exseminaristas.En la primera jornada del juicio, Zanchetta -que estuvo acompañado por los abogados canónicos Javier Belda Iniesta y Francesco de Angelis- declaró y negó todas las acusaciones en su contra, y aseguró que tres sacerdotes le habían dicho que la denuncia en su contra se trataba de una venganza.En tanto, las dos víctimas ratificaron sus denuncias y declaraciones formuladas durante la etapa investigativa.Durante el juicio, varios testigos complicaron la situación del religioso, ya que de sus testimonios surgió que ejercía tratos inapropiados con algunos seminaristas y que se le encontraron fotos con contenido pornográfico en su teléfono celular, entre otros detalles.&nbsp;Las acusaciones&nbsp;Un joven denunció los episodios de contenido sexual que sufrió por parte de quien fuera obispo de la Diócesis de Orán, a partir de 2017.Según la denuncia, estos abusos tuvieron como escenario el edificio del seminario Juan XXIII, de Orán, ubicada a 270 kilómetros al norte de la ciudad de Salta, y en un domicilio particular de la localidad de Los Toldos.Luego, se sumó la denuncia de un segundo seminarista, que el 13 de febrero de 2019 relató haber sufrido episodios de significación sexual y conductas inapropiadas “frente al público y en el ámbito privado”.Estos hechos habrían ocurrido desde 2016, en la casa parroquial San Antonio, en el edificio del seminario Juan XXIII y la casa del Obispo.Zanchetta renunció como obispo de la Diócesis de Orán el 31 de julio de 2017, al argumentar problemas de salud, tras lo que abandonó la Argentina y se instaló en España, donde fue nombrado por el Papa como asesor del ente para la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, que gestiona los bienes y propiedades de la Curia Romana.A la causa por abuso sexual, se le suma otra que investiga la Justicia salteña, por una posible estafa al Estado o administración fraudulenta, cuando Zanchetta era el obispo de Orán, por lo que el 7 de noviembre de 2019 fue allanada la sede del obispado de esa ciudad.Para llevar adelante la investigación que permitió la condena del exobispo, el Ministerio Público Fiscal de Salta (MPFS) creó una Unidad Fiscal compuesta por los fiscales Soledad Filtrín Cuezzo y Pablo Rivero, quienes a lo largo de todo el juicio presentaron pruebas y testimonios que derivaron en la condena dada a conocer ayer.En el mismo fallo, los jueces ordenaron su inmediata detención y determinaron que, una vez firme la sentencia, sea inscripto en el Banco de Datos Genéticos.En los alegatos, el defensor oficial Enzo Giannotti solicitó la absolución de Zanchetta.Alrededor de 40 testigos pasaron por el juicio contra el religioso.Al mediodía, familiares y allegados de las víctimas manifestaron su descontento por considerar injusto el fallo e insuficiente la pena otorgada al exobispo.El 8 de julio de 2021, los jueces de la Sala IV del Tribunal de Juicio de Salta condenaron a la pena de 12 años de prisión al sacerdote Rubén Agustín Rosa Torino por abuso sexual gravemente ultrajante agravado, en perjuicio de dos víctimas, y abuso sexual simple en perjuicio de una tercera víctima.De esta manera, Zanchetta se convierte en el segundo miembro de la Iglesia Católica condenado en Salta, por causas vinculadas a abusos sexuales. (Télam)