Condenaron a dos delincuentes por una serie de robos y hurtos

El juez del Tribunal en lo Criminal 1, Martín Viceconte, dictó una sentencia condenatoria que pone fin a una investigación judicial que involucró a dos sujetos con un amplio historial delictivo en la región. Los imputados, Juan Sebastián Kalil Alía y Nicolás Benjamín Rodríguez, fueron juzgados bajo la modalidad de juicio abreviado por una serie de hechos que afectaron la propiedad privada, comercios locales y servicios públicos esenciales.

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La causa principal, acumuló diversos expedientes que detallan el accionar de los acusados. En el caso de Juan Sebastián Kalil Alía, el magistrado dio por probada su participación en nueve hechos delictivos, entre los que se destacan robos agravados por efracción, hurtos simples y reiteradas violaciones de domicilio. Por su parte, Nicolás Benjamín Rodríguez resultó condenado por siete hechos, incluyendo robos agravados por escalamiento, un intento de robo en poblado y en banda en concurso ideal con entorpecimiento de servicios públicos, además de un delito de encubrimiento.

El primer hecho atribuido a Alía ocurrió el 5 de enero de 2023 en una vivienda de la calle Vicente López al 300. Según consta en el expediente, el imputado, junto a otro sujeto, violentó la reja de una ventana para ingresar al domicilio y sustraer una motocicleta Mondial, dos notebooks, bebidas alcohólicas y un televisor de 42 pulgadas. La investigación, que contó con testimonios de las víctimas y registros de cámaras de seguridad, permitió vincular al acusado con el botín, el cual fue recuperado posteriormente en un domicilio de la calle Ugarte.

En otro de los episodios, fechado el 9 de marzo de 2024, Alía fue aprehendido tras ingresar sin autorización a dos domicilios particulares, uno de ellos en la calle Reconquista y otro en la calle Vicente López. El procedimiento policial, ratificado por los funcionarios intervinientes, detalló que el imputado fue sorprendido escondido en el patio trasero de una de las propiedades tras ser perseguido por vecinos que intentaban evitar un robo en una iglesia lindante.

Respecto a Nicolás Benjamín Rodríguez, uno de los hechos más graves ocurrió el 6 de abril de 2024 en el Parque Industrial de Tandil. En esa oportunidad, Rodríguez, junto a otros dos individuos, cortó el alambrado perimetral y sustrajo cables de cobre del tendido eléctrico, afectando el suministro de iluminación pública. La rápida intervención del personal de seguridad privada y de la policía permitió la aprehensión de los implicados, quienes fueron sorprendidos con herramientas y parte del cableado sustraído.

El juez destacó en sus fundamentos que la conducta precedente de ambos imputados, quienes ya contaban con antecedentes penales, fue un factor determinante para la graduación de la pena. En el caso de Alía, se consideró su condena previa dictada en marzo de 2023, mientras que Rodríguez registraba una sentencia del Juzgado Correccional 1  de junio de 2023. Estas circunstancias, sumadas a la pluralidad de hechos, demostraron una mayor peligrosidad y una clara insistencia volitiva contraria al respeto de los bienes jurídicos ajenos.

Durante el proceso, se valoraron pruebas contundentes como registros fílmicos del Centro de Monitoreo del Municipio, actas de inspección ocular y testimonios de las víctimas, quienes reconocieron los elementos sustraídos. En el caso del robo a la Escuela Ejército Argentino 36, ocurrido en abril de 2024, la investigación logró determinar que Rodríguez recibió electrodomésticos y alimentos provenientes del ilícito, siendo identificado por cámaras de seguridad en las inmediaciones del establecimiento educativo.

El magistrado desestimó la existencia de eximentes o atenuantes, basándose en la contundencia de las pruebas presentadas por el Ministerio Público Fiscal y la falta de explicaciones alternativas por parte de los acusados. La sentencia impuso a Juan Sebastián Kalil Alía la pena de cuatro años y ocho meses de prisión, mientras que Nicolás Benjamín Rodríguez fue condenado a tres años y diez meses de prisión, ambos con accesorias legales y costas del proceso.

Los imputados, quienes ya se encontraban privados de su libertad, continuarán alojados en unidades penitenciarias del Servicio Penitenciario Bonaerense para cumplir con el tiempo de reclusión dictaminado por el tribunal.

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