El Gobierno oficializó este martes el Bono Extraordinario Previsional, un refuerzo económico destinado a jubilados que cobran el haber mínimo y a beneficiarios de diversos regímenes del sistema de seguridad social. La medida fue establecida mediante el Decreto 771/2025, publicado en el Boletín Oficial, con el objetivo de “mantener el poder adquisitivo y evitar que los haberes continúen perdiendo capacidad de compra ante la inflación”.

El bono de $70.000 se abonará de manera automática a quienes cumplan con las condiciones establecidas: titulares activos de prestaciones contributivas del sistema nacional, incluidos en regímenes especiales derogados, transferidos desde cajas provinciales o municipales, beneficiarios del régimen creado por el Decreto 160/05, de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y de pensiones no contributivas, cualquiera sea su naturaleza.

Quienes perciban el haber mínimo previsional recibirán el monto total del bono, mientras que aquellos con ingresos superiores accederán a un monto proporcional que permita alcanzar el tope formado por el haber mínimo más el bono extraordinario. Desde Anses aclararon que este refuerzo no es remunerativo, no sufrirá descuentos y no se computa para otros beneficios.

El último ajuste en los haberes se aplicó en octubre, con un aumento del 1,8% en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, de acuerdo con la actualización basada en el índice de inflación del INDEC.

Contexto del sistema previsional argentino

Según el Índice Global de Pensiones 2025, elaborado por Mercer y el CFA Institute, Argentina ocupa el puesto 51 de 52 países, ubicándose entre los sistemas jubilatorios menos destacados del mundo. Solo se encuentra por encima de Filipinas en esta edición del estudio, que evaluó la solidez de los sistemas previsionales en tres dimensiones: adecuación, sostenibilidad e integridad.

Dolores Liendo, directora del área de manejo de riqueza de Mercer para Argentina, Uruguay y Paraguay, explicó que la adecuación mide la capacidad de garantizar ingresos suficientes a los beneficiarios, considerando variables como la tasa de reemplazo y el acceso efectivo al beneficio. La sostenibilidad analiza la viabilidad del sistema a largo plazo ante desafíos como el envejecimiento poblacional, cambios en la base laboral y crisis económicas. Por último, la integridad evalúa la transparencia, la estabilidad normativa y la confianza social en el régimen, aspectos en los que Argentina obtuvo una calificación baja debido a cambios frecuentes en la normativa, financiamiento estatal deficitario y falta de predictibilidad.

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