Murió Catalina Giraldo, la psicóloga que accedió a la eutanasia por trastornos de salud mental
La mujer de 30 años falleció tras una extensa batalla judicial y médica para acceder a la muerte digna, reavivando el debate sobre los derechos de los pacientes con padecimientos psiquiátricos.
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Catalina Giraldo, una psicóloga colombiana de 30 años, falleció mediante el procedimiento de eutanasia tras enfrentar una prolongada lucha por su salud mental. Horas antes de concretar su decisión, la joven concedió una entrevista en la que expresó sentirse en paz con el camino elegido.
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A los 20 años, Giraldo recibió diagnósticos de trastorno depresivo mayor severo y persistente, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad no especificado. A lo largo de una década, se sometió a más de 40 tratamientos farmacológicos, tres ciclos de terapia electroconvulsiva, tratamiento con ketamina y nueve internaciones psiquiátricas debido a intentos de suicidio.
La joven relató que su última hospitalización resultó determinante para su decisión. Según explicó, no podía volver a estar en esa situación de restricción y supervisión constante. Ante este panorama, solicitó formalmente la Asistencia Médica al Suicidio, una práctica despenalizada en Colombia desde 2022. Sin embargo, la falta de reglamentación específica para estos casos impidió que pudiera acceder a esa vía, por lo que optó por la eutanasia, que sí cuenta con protocolos establecidos en el sistema de salud.
Un debate sobre la muerte digna
El caso de Giraldo enfrentó diversos obstáculos, ya que su Entidad Promotora de Salud le negó el acceso en reiteradas oportunidades al argumentar que la ley no especifica el alcance para los trastornos de salud mental. Durante el año 2024, 352 personas accedieron a la eutanasia en Colombia, una cifra que mantiene una tendencia creciente.
Antes de su fallecimiento, la psicóloga dejó un mensaje dirigido a la Corte Constitucional con el objetivo de que su lucha trascienda su caso personal. Lucas Correa, director de DescLAB, la organización que acompañó el proceso, señaló que el caso plantea una interrogante fundamental sobre si la asistencia médica al suicidio podrá ejercerse realmente como parte del derecho a morir dignamente o si continuará limitada por la negligencia y la falta de reglamentación del Ministerio de Salud.
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