A la espera de novedades, sigue la toma de lotes de La Movediza

La toma de terrenos en La Movediza cumple un mes. Con el inicio del otoño, las familias mantienen su presencia en el predio ubicado en Piccirilli al 1100, cuyo propietario denunció oportunamente la ocupación y dio inicio a una causa penal que tramita en la UFI 3.

En ese marco, y tal como se informó en estas páginas, la Justicia ordenó la activación del protocolo para procurar una salida pacífica a la ocupación que llevan adelante un importante grupo de personas.

Así, antes de ejecutar la orden de desalojo compulsivo, deberán cumplirse las medidas que ordena la Suprema Corte, y, en simultaneo, tomó vigencia un impedimento para que no se tomen nuevas acciones en el lugar durante 60 días. 

Mientras esperan novedades, el predio entregó una renovada imagen en relación a las últimas semanas. Las precarias estructuras que se distribuyen por todo el espacio lucieron nuevos elementos y mejoras que apuestan por la necesidad de hacerlas más habitables con miras a lo que se aproxima. 

Las familias demandan una respuesta que resuelva su situación habitacional, por lo que apuestan por la convocatoria a una mesa de diálogo que intervenga en el conflicto y contenga la situación.

En tanto, y en medio del proceso en marcha, desde la defensoría oficial indicaron que podrían realizar un censo con intervención de especialistas de la Unicen para identificar a los vecinos que se instalaron en el inmueble y obtener datos de relevancia para el abordaje.

“Tratando de acatar todo”

Las mujeres que formaron parte de la primera medida confiaron a El Eco de Tandil que recibieron la notificación por parte de la Justicia sobre la aplicación de un protocolo y la medida cautelar.

Durante ese plazo, indicaron que las familias no pueden hacer mejorar en las estructuras, ni conectar los servicios, por lo que confirmaron que aguardan las nuevas resoluciones.

En ese sentido, Lucía, una de las vecinas que acompañó al primer grupo en la instalación en el predio, resaltó que “si bien hay una denuncia por usurpación, no sabemos si los papeles están en orden”.

Por su parte, Camila contó que las jornadas transcurren sin inconvenientes y se diferenció del grupo que tomó otro sector del predio, en el cual observaron movimientos respecto al ingreso de materiales para reforzar los refugios montados hace semanas. “Las 14 familias seguimos igual, tratando de acatar todo al pie de la letra”, manifestó.

En tanto, coincidieron en señalar que no hay custodia policial fija en el lugar para dar cumplimiento a la orden judicial, aunque reconocieron que hay patrullajes.

“Familias con chicos”

Otro de los vecinos de Piccirilli que apoyó a las familias que se asentaron en el predio, Eduardo Meza, indicó que la resolución llegó días atrás con los lineamientos para aplicar el protocolo y “garantizar una salida pacífica y una solución habitacional a quienes están dentro del pedio”.

Detalló que hay un móvil policial que recorre el lugar, con momentos de “permanencia es fija”, y aclaró que “no hay problema porque siempre estuvieron a disposición para que se resuelva de la mejor manera”.

Respecto a las construcciones, en Piccirilli al 1000, entre Misiones y Formosa, quedaron “paralizadas” y aseguró que las personas que están asentadas allí “quieren hacer las cosas de la mejor manera posible” y que la solución “sea favorable para todos”.

Meza confirmó que tienen relevadas 58 familias en ese sector, entre las que contabilizó a las 14 mujeres que comenzaron con la medida.

“Estamos esperando la resolución de la Justicia y la conformación de una mesa de diálogo para que los vecinos tenga una respuesta a su demanda habitacional”, planteó.

Para finalizar, alertó que en el tiempo que impuso la Justicia de 60 días de cumplimento de una medida cautelar las temperaturas comenzarán a descender con la llegada del otoño y pidió que “considere que hay familias con chicos” en el predio.

Con el aporte de la Unicen, censarán a los ocupantes

En diálogo con el ciclo radial “Dos a las siete” (104.1 Tandil FM), el defensor oficial Diego Araujo repasó detalles del proceso y explicó que, con la activación del protocolo, lo que se busca es arribar a una solución pacífica, pero también “visibilizar” situaciones de crisis sociales y que sea el poder político el que instrumente las vías para abordarlas.

Asimismo, adelantó que evalúan la posibilidad de implementar un censo con la colaboración de la Unicen a través de un programa de la Secretaría de Extensión sobre la problemática del suelo urbano en la ciudad.

En el marco de la intervención, los datos permitirán conocer detalles de la población allí instalada, composición de las familias y factores socioeconómicos, entre otros.

En cuanto a los actores precisó que no sólo estarán representantes de las partes procesales –el Juzgado de Garantías, fiscalía y defensoría- sino de organismos locales y provinciales. 

Teniendo como eje la solución pacífica del conflicto, en estas mesas el objetivo es encontrar un punto de acuerdo que satisfaga a las partes. En función de la experiencia, el desalojo voluntario o compulsivo “se efectúa”, por lo que consideró conveniente que “nos pongamos a trabajar para hacer visible una carencia de políticas públicas en materia de generación de suelo urbano”, en especial para los sectores “más vulnerables”.

En ese sentido, llamó a tomar conciencia sobre un “problema real” que afecta a Tandil, que “tenemos que trabajar fuertemente para que no vuelva a ocurrir, pero para mejorarle las condiciones de vida de la población”.

“Cuando la justicia penal tiene que intervenir es porque fallaron todos los sistemas de contención previos”, aseguró y alertó sobre las limitaciones para solucionar el conflicto. “Lo podemos suspender, pero no resolver”, definió.

El pedido

Del pedido que había elevado la defensa, se esgrimió que se había podido constatar que el lugar resulta ser una zona totalmente descampada, sin calles demarcadas que ocupa por lo menos dos manzanas.

Una zona se encuentra demarcada por Piccirilli -de tierra en regular estado y sin cordón cuneta- entre calles Formosa y Misiones; y la otra por calle Picirilli entre Formosa y Salta.

En cada zona “residen distintas familias formando dos grupos diversos que no tienen conexión uno con el otro”, describió el informe tras realizar un relevamiento en el lugar.

Se trata de numerosos grupos “en estado de vulnerabilidad social y económica, que han tomado una decisión extrema en función de la ausencia de oportunidades para acceder a un suelo urbano (art. 16 punto b de la ley 14449) y donde se deja ver una de las caras más amargas de la desidia estatal, al no procurar programas y/o planes de acción políticos en materia de construcción y/o promoción de construcción de viviendas dignas, tendiente a revertir una situación que viene de años (Smata, Plan Federal, Villa Cordobita, etc.), a pesar de las constantes alertas que emergen de las tomas masivas de terrenos en nuestro Partido”, por lo que se solicitó la estricta aplicación del Protocolo de actuación judicial, que efectivamente quedó confirmado por el juez.