Aba valoró el fallo a favor del financiamiento universitario: “Es muy importante para todo el sistema”
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 ordenó al Poder Ejecutivo aplicar la normativa vigente tras declarar inconstitucional un decreto que condicionaba su ejecución.
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El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del juez Martín Cormick, hizo lugar al amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto a diversas universidades nacionales, representantes docentes y otras instituciones académicas. La resolución, conocida el pasado martes, declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 que condicionaba la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario.
El conflicto tiene su origen en 2025, cuando el Congreso sancionó la Ley 27.795. Tras el veto inicial del Poder Ejecutivo mediante el Decreto 647/2025, ambas cámaras legislativas rechazaron la medida con las mayorías requeridas. Posteriormente, el Ejecutivo promulgó la ley incluyendo una cláusula que supeditaba su aplicación a las previsiones del artículo 5° de la Ley 24.629 de Administración Financiera. La Justicia determinó que dicha condición actuaba como un obstáculo para la vigencia efectiva de la norma.
La palabra del rector de la Unicen
Ante este fallo, el rector de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen), Marcelo Aba, se dirigió a la comunidad universitaria para destacar el alcance de la decisión judicial: "Es un fallo muy importante para todo el sistema universitario y para nuestra universidad. Venimos trabajando y luchando desde el CIN con la presentación de la medida cautelar, que ya recorrió todo su camino y hoy debería estar aplicándose. Ahora iniciamos el recorrido sobre la cuestión de fondo para la aplicación de la ley en su totalidad".
La sentencia judicial ordena al Poder Ejecutivo avanzar con las medidas reglamentarias y administrativas necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley, abarcando aspectos críticos como salarios, becas, investigación y gastos de funcionamiento.
Asimismo, el fallo incorpora los acuerdos alcanzados en junio de 2026 entre la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el CIN y los gremios docentes y nodocentes. Estos incluyen una actualización salarial del 24,33% en dos tramos, una recomposición del 20% para gastos de funcionamiento, una partida especial de 50.000 millones de pesos para hospitales universitarios y un incremento del 50% en las Becas Manuel Belgrano.
Sobre los pasos a seguir, el rector Marcelo Aba concluyó: "Seguiremos acompañando este proceso con la expectativa de que, a la brevedad posible, toda la ley en su conjunto esté siendo aplicada como corresponde desde el momento en que fue emitida por el Congreso de la Nación".
Los argumentos del juez
El juez Martín Cormick consideró en el fallo que el decreto del Gobierno “no supera un test mínimo de razonabilidad, en tanto permite suspender e inaplicar, amparado en la aplicación de un artículo de una ley anterior, la aplicación de una ley en donde el Congreso insistió con las mayorías agravadas requeridas”.
Apuntó que ante la imposibilidad legal de emitir un nuevo veto, el decreto “ha funcionado como un mecanismo extraconstitucional” que, según su mirada, configuró “una figura de instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional”.
Cormick también remarcó que “el control judicial de decisiones con impacto presupuestario, lejos de ser una intromisión extraordinaria, es una de las consecuencias propias de la justiciabilidad del Estado”.
Por otro lado, el magistrado puso en duda el costo fiscal de la ley. Mencionó que en 2024 y 2025 no había Ley de Presupuesto y se prorrogaron las partidas aprobadas del 2023, y señaló que según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto durante el año 2025 representaba aproximadamente el 0,23 por ciento del PBI nominal proyectado.
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