La noticia de la suspensión preventiva del artículo ocho de la Ordenanza 17.404/21, que regula las distancias de aplicación de fitosanitarios respecto a los cursos de agua, generó una inmediata reacción en el arco productivo local. Juana Echezarreta manifestó en el programa “Tandil Despierta” que la decisión judicial fue inesperada, especialmente por el extenso proceso de elaboración que atravesó la norma antes de su sanción.

Según explicó la productora de chacinados, la normativa fue el resultado de un trabajo científico de gran magnitud en el que se consultó material de uso internacional y se evaluaron diversas alternativas técnicas. En ese proceso participaron no solo los sectores interesados en la producción agropecuaria, sino todos los actores sociales que buscaron ser escuchados. El texto final contó con el asesoramiento de científicos y de un grupo de productores de siembra directa que promueve prácticas para preservar el suelo.

"Habíamos logrado una ordenanza en la que todos estábamos de acuerdo en que era una buena herramienta y, en ese sentido, se votó por unanimidad", recordó Echezarreta. Por este motivo, señaló que una medida precautoria de esta naturaleza resulta llamativa, dado el equilibrio que se había alcanzado entre los distintos intereses en juego.

Uno de los puntos que más resaltó fue el avance en la profesionalización de la actividad a partir de la vigencia de la ordenanza. La normativa impulsó la creación de la asociación de aplicadores de fitosanitarios, un espacio donde los trabajadores del sector se capacitan de forma permanente en buenas prácticas agrícolas.

Echezarreta subrayó que tanto los aplicadores como los ingenieros agrónomos operan bajo estándares de seguridad cada vez más estrictos. En la actualidad, la gran mayoría de los productos utilizados son de banda verde, lo que significa que poseen un riesgo casi nulo para la salud humana. "Se preocupan por estar haciendo los cursos constantemente y las aplicaciones cuentan con el aval de profesionales responsables", afirmó.

La medida judicial, impulsada a partir de un dictamen del procurador general de la Provincia, Julio Conte-Grand, pone en pausa la aplicación de los metros de distancia establecidos para los cursos de agua, un eje que Echezarreta defendió como técnicamente sólido y fruto de una construcción equilibrada.

El debate por la autonomía municipal

Para la productora, la intervención de la justicia provincial entra en colisión con la normativa vigente a nivel superior. Sostuvo que la medida de Conte-Grand no se encuentra en línea con la ley provincial de 1988 ni con su decreto reglamentario de 1991, ya que dichas normas se centran en el rol del ingeniero agrónomo y la receta agronómica, pero no fijan distancias específicas en metros.

"La ley nacional tampoco menciona cuántos metros se deben dejar; eso queda bajo la potestad de los municipios", explicó Echezarreta. En ese sentido, destacó que cada localidad, a través de sus ordenanzas, debe consensuar las distancias que mejor se adapten a su realidad particular y geográfica.

Más allá de lo técnico y lo ideológico, la preocupación también se traslada al terreno económico. La productora recordó que Tandil posee una estructura productiva donde casi la mitad del PBI tiene una base agroindustrial. Se trata de un motor que genera una importante recaudación impositiva que luego retorna vía coparticipación nacional y provincial.

Por último, advirtió que cualquier restricción que carezca de sustento técnico sólido impacta directamente en la productividad del partido. "Entiendo que nadie quiere entrar a jugar en ese rol de decir hasta dónde sí y hasta dónde no, porque saben que eso es una pérdida de productividad y, en consecuencia, una pérdida de recaudación impositiva", concluyó. 

La Municipalidad deberá ahora informar sobre lo actuado, mientras el sector productivo permanece en alerta ante lo que consideran un retroceso en una norma que había logrado saldar un histórico conflicto de intereses.

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