El debate sobre la modificación del régimen penal juvenil sumó en Tandil el posicionamiento del bloque Acción Tandilense - La Libertad Avanza. A través de su referente, el concejal Gonzalo Santamarina, la fuerza política local manifestó su apoyo a la iniciativa que busca bajar la edad de imputabilidad en el país, bajo el argumento de que el marco legal vigente data de una época previa al retorno de la democracia y no se ajusta a la realidad delictiva contemporánea.

Respecto a la situación local y la necesidad de una respuesta legislativa, el concejal definió que "en Tandil ha habido hechos de menores. Hoy un menor de 16, que no haya cumplido 16, se va a su casa prácticamente. Y me parece que si cometió un delito tipificado en el Código Penal, merece una sanción y merece también todos los dispositivos para una pronta reinserción. Creo que va a ser positivo que esto se apruebe en el Congreso, y es nuestra postura como bloque Acción Tandilense - La Libertad Avanza", sentenció Santamarina.

Para el legislador tandilense, la discusión resultó "oportuna" debido a la necesidad de modernizar una ley penal juvenil que, según describió, se encuentra "vetusta". Santamarina remarcó que la sociedad experimentó transformaciones profundas en los últimos 40 años y que el Estado debe brindar una respuesta acorde al incremento general de la criminalidad y a las nuevas modalidades en las que se manifiesta el delito.

En ese sentido, el concejal advirtió sobre la creciente influencia del narcotráfico y de las bandas criminales organizadas, e hizo referencia a la captación de niños y adolescentes para la comisión de ilícitos. El referente de Acción Tandilense señaló con preocupación la existencia de delitos públicos y asesinatos perpetrados por menores, situaciones que, a su criterio, demandan una postura firme por parte del Estado.

Asimismo, Santamarina buscó encuadrar la propuesta en un contexto internacional para demostrar que no se trata de una medida aislada. Planteó que en Gran Bretaña o Suiza la edad límite de imputabilidad se fijó en diez años, e incluso mencionó que existen lugares donde el límite desciende a los siete años. En el ámbito regional, puso como ejemplo a Brasil en ese sentido.

Conciencia, sanción y el desafío de la reinserción

El edil explicó que la implementación de la ley operará como una causa ejemplar y, fundamentalmente, como una medida disuasiva. El objetivo principal, según sus palabras, es que los adolescentes tomen conciencia de que la comisión de un delito tipificado para adultos conllevará una pena de similar tenor.

Al abordar la capacidad de comprensión de los menores frente a sus actos, el concejal sostuvo que quien está dispuesto a cometer un delito posee un grado de conciencia, aunque esta no sea plena. Aun en casos donde la conciencia fuera parcial, Santamarina insistió en que el hecho queda consumado y, por lo tanto, debe ser sancionado conforme a derecho, aclarando que la normativa prevé que los jóvenes no sean alojados junto a adultos, sino acompañados por equipos especializados.

"Hoy, si un chico de 13, 14 o 15 años comete un homicidio, se puede ir a su casa. No está bien que se vaya a su casa, no corresponde", subrayó el edil. Para el representante de La Libertad Avanza, la sanción debe ir de la mano con un acompañamiento integral que busque evitar la reincidencia. No obstante, reconoció que en casos de crímenes violentos el daño es muchas veces irreparable, lo que justifica una posición categórica respecto a fijar el límite en los 13 años, edad que marcó como el inicio de la adolescencia y una etapa de mayor consciencia.

Finalmente, el concejal dedicó un apartado crítico a la eficacia de los sistemas actuales de rehabilitación. Admitió que los dispositivos de reinserción no funcionan de manera óptima y apuntó contra el desempeño del Patronato de Liberados. "Lamentablemente el Patronato de Liberados deja mucho que desear", expresó Santamarina, quien manifestó su deseo de que la rediscusión de la ley penal juvenil traiga consigo mejoras sustanciales en la aplicación de las políticas de seguridad.

Bajo esta mirada, la postura del bloque local se alinea con la agenda nacional del Ejecutivo Nacional, priorizando la sanción efectiva como herramienta para revertir los altos índices de reincidencia en la Argentina. Para el concejal, el cambio de paradigma es inevitable ante un mundo que ha mutado drásticamente, exigiendo que las herramientas legales del Estado evolucionen para garantizar la seguridad y la justicia.

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