Desde la Defensoría oficial, contrarrestaron las cifras que emuló Protección Ciudadana y detallaron otros índices de delito en la ciudad

Durante la semana, el secretario de Protección Ciudadana Atilio Della Maggiora pasó por el programa La ciudad (104.1 Tandil FM y ECO TV) y además de defender el controvertido contrato de locación que finalmente fue desistido, salió a relucir estadísticas que aluden a la intervención del área comunal.

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En la entrevista, Della Maggiora aportó las cifras  de la inseguridad en la ciudad, que arrojan un número de 2833 delitos denunciados durante noviembre 2017 y el mismo mes de 2018, dato inferior a las situaciones que se pudieron haber registrado ya que no todos los hechos llegan a una instancia formal de denuncia.

En este sentido, con los datos disponibles relevados por el área, remarcó que en Tandil se aprecian curvas descendentes en la actividad delictiva durante el periodo mencionado.

“En nuestra ciudad el delito tiene como víctimas a personas ausentes de sus casas en una amplísima mayoría de casos y hay bajo nivel de delito en el espacio público, gracias al buen control policial preventivo”, consideró el funcionario.

Por otro lado, Della Maggiora enumeró al azar la cantidad de personas puestas a disposición de la justicia en cada mes del año en curso; 54 en noviembre, 43 en octubre, 51 en setiembre y 67 en enero, variables  que arrojaran un promedio de 50 casos mensuales que se judicializan.

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La falta de estadísticas correspondientes a años anteriores vuelve imposible la tarea de comparar el estado de situación para conocer si estas cifras han bajado o subido y establecer un diagnóstico preciso acerca de la problemática, norte al que apuntan en los años venideros.

Precisamente, la validez de un relevamiento resulta potable si hay margen de comparación con períodos más extensos. En este caso con otros años y, al decir de las cifras que maneja la Justicia, lejos se está de ese optimismo que afirmó frente a las cámaras el funcionario lunghista.

 

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Los números en la Justicia

 

Respecto a los índices delictivos en la ciudad, este Diario dialogó con el defensor oficial Diego Araujo, quien además de trazar un balance del accionar de la dependencia judicial, esclareció estadísticas que exponen otra realidad a la emulada por el Municipio.

“La denominada cuestión criminal es algo complejo donde el marco contextual económico y social donde la política en materia de prevención y represión de delitos es determinante, aunque no la única variable. A mayor nivel de contención de los sectores más vulnerables, ya sea con medidas  educativas, de salud, y esencialmente que promuevan posibilidades amplias de trabajo, menor será la incidencia de producción del delito de dichos sectores. Pero como dije, hay otras variables que intervienen así como hay diversas modalidades delictivas. No es lo mismo una política criminal orientada a la prevención de delitos contra la propiedad, que la orientada hacia delitos contra la integridad sexual, o contra la vida”, aclaró el funcionario judicial.

Sobre la estadística local que ilustre el flujo de la actividad criminal en la ciudad, Araujo señaló que “hay estadísticas muy completas que posee la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, y que tiene publicada en su página web. Por nuestra parte las Defensorías de Tandil poseemos estadísticas desagregadas sobre totalidad de causas iniciadas en el Partido”.

Al respecto y en cuenta a la evolución de esas cifras, el defensor detalló que “tomando los años 2015, 2016, 2017 y 2018 se observa un incremento del delito en el año 2016, respecto del año anterior, un pico muy elevado durante el 2017, y en el presente año, proyectado a los pocos días que faltan para culminar el año, estamos prácticamente igual que en el 2016”.

Añadió que a nivel Provincial aún no están publicadas las estadísticas para el 2018, pero se advierte una situación similar en todo el territorio provincial. Araujo acotó que “teniendo en cuenta las variables en la producción del delito, las dificultades que le son inherentes al sistema de medición, que puede ser alterado, y la necesidad de proyectar las políticas al menos a mediano plazo, podemos afirmar que respecto del 2015 ha habido un aumento significativo de la cantidad de causas iniciadas”.

No obstante, Araujo hizo la salvedad de que estas son cifras oficiales que se corresponden a delitos denunciados. Sobre la misma se levantan las denominadas cifras negras que son aquellas que se componen con delitos no descubiertos y delitos no denunciados, y tienen otra forma de medirse, como por ejemplo las encuestas sobre autocriminalidad, o las encuestas de victimización.

“Por ello usualmente se ha sostenido que la criminalidad real es el doble de la registrada, y que las cifras negras correlacionada con el tipo de delitos ocurridos, es superior en los delitos menos graves, y que aumenta de acuerdo con la impunidad, y/o con la falta de acceso a la justicia”, señaló, no sin dejar de agregar que “una medición realista de producción del delito debe contemplar ambos supuestos”.

La situación de las defensorías

Finaliza el año, y siempre se espera un balance. Respecto a la Defensoría Pública teniendo en cuenta las dificultades estructurales con que se inició el presente año, Araujo admitió que “ciertamente fue un comienzo muy complicado. En el mes de febrero de este año el doctor Caros Kolbl, quien se desempeñaba como defensor y la doctora Silvia Maillo, que era mi secretaria, se acogieron al beneficio de la jubilación, por lo cual a la ya escasa planta funcional de las únicas dos defensorías penales en Tandil, se le adicionó la baja de dos excelentes profesionales con mucha experiencia. Luego la vacancia de la tercerea Defensoría penal, cuyo candidato renunciara a su postulación, sigue aún sin cubrirse, y la planta funcional de la misma sin crearse. Ello generó que debiéramos hacer algunos cambios, unificamos la mesa de entradas para optimizar el personal administrativo existente, y se concientizó a todos los secretarios del desafío que implicaban estos nuevos tiempos, quienes respondieron con mucho profesionalismo, pero sobre todo con un compromiso funcional digno de elogio”.

“Sin la seriedad y fidelidad de ellos con la función pública que despliega la defensoría penal –siguió-, aún más en estos tiempos, no hubiese sido posible sostener la calidad que pretendemos, día a día”.

 

El sistema penitenciario

Respecto a la siempre polémica situación de las cárceles en la Provincia, Araujo no dudó en calificar de “crítica”.

“En rigor de verdad,  la situación de las cárceles así como la de las comisarías constituye una problemática sin resolver adecuadamente desde hace varios años. Sin embargo lo que puede advertirse en la actualidad es un paulatino incremento de la población carcelaria de manera tal que los cupos establecidos para cada unidad se encuentran sobrepasados holgadamente. Ello lógicamente trae aparejadas una serie de consecuencias no deseadas pero previsibles, como la falta de camas, de colchones, menos oportunidades laborales, menos cupos en educación, y una mayor posibilidad de fricción entre los internos, dado el hacinamiento, y las condiciones de encarcelamiento poco adecuadas”.

El funcionario sostuvo al respecto que la “Defensoría General Departamental de Azul viene trabajando mucho y muy bien la situación carcelaria, estableciendo un permanente control en las condiciones de encierro, efectuando propuestas y creando y participando en mesas de trabajo, incitando la adopción de medidas judiciales, y en la confección de trabajo estadístico”.

Sobre la anunciada y necesaria alcaidía para Tandil, Araujo lo definió: “De necesidad a proyecto y de proyecto a ilusión”.

Acotó sobre la temática que “las alcaidías son un espacio de encierro pensado para las primeras actuaciones judiciales, y donde el preso preventivo puede recobrar la libertad si finalmente no se confirma su detención dentro del plazo legal para el dictado de la prisión preventiva. Contar con dicho espacio no sólo evita el contacto estigmatizador que presupone el ingreso a una Unidad Penitenciaria, sino que además posibilitaría que los fiscales, jueces y defensores,  pudieran ejercer su función con mayor efectividad, lo que asegura también al imputado un mejor tratamiento de su caso.  Hace ya varios años que venimos desde las Defensorías con la necesidad de una Alcaidía pequeña para la demanda local. Si ello no se logra habría que arbitrar en forma urgente alguna alternativa, como por ejemplo habilitar un Pabellón en la Unidad Penitenciaria más cercana que cumpla tales fines, que en nuestro caso sería la Unidad 37 de Barker.

 

Mirando el futuro

 

Ya abordando la mirada para lo que viene, Araujo admitió que las perspectivas para el próximo año son que se cubran las vacantes que corresponde a las dos defensorías penales. “Es un anhelo que esperamos se haga realidad en el menor tiempo posible, así como que se complete la planta funcional. La efectividad del sistema penal sólo puede garantizarse si se asegura a todos los ciudadanos, no sólo una acusación diligente y oportuna, sino también una defensa adecuada y efectiva de los derechos de los ciudadanos, que por una razón u otra son sometidos a proceso. Un sistema penal respetuoso de un Estado de derecho social y democrático no debería perder de vista tales parámetros. Es tan importante que el Juez resuelva un caso de acuerdo a su sincera convicción en función de la prueba producida, que esa prueba haya sido recolectada sin violentar ningún derecho, y pueda ser evaluada conjuntamente con la prueba de descargo. Ello sólo lo puede supervisar adecuadamente la defensa”, cerró.