Tras la difusión de una denuncia por amenazas en la zona norte de la ciudad, los integrantes de la familia señalada solicitaron su derecho a réplica para relatar una sucesión de hechos violentos. Según su testimonio, el enfrentamiento ocurrido en las inmediaciones de Margarita Galfre y Pizzorno incluyó amenazas y heridos.

A través de El Eco, en los últimos días se conocieron los pormenores de un conflicto vecinal que tuvo una escalada de violencia. Sofía, una de las involucradas, detalló a este medio agresiones y amenazas recibidas. “Quiero vivir tranquila, que se hagan cargo y los saquen, no se puede vivir con gente así, no es vida”, relató sobre una situación que la mantiene en vilo.

Tras conocerse el conflicto, la otra familia involucrada pidió contar su versión de los hechos. Silvana, una de las mujeres implicadas, coincidió en que todo inició el 27 de marzo. La mujer explicó que acudieron a retirar a un menor de edad del colegio tras recibir un aviso sobre la rotura de útiles escolares. Lo que comenzó como un reclamo, derivó en una escalada de violencia que, hasta el día de hoy, no encuentra cauce pacífico.

Silvana detalló que el encuentro en la propiedad de uno de los involucrados inició con una discusión que fue subiendo el tono hasta que terminó con una agresión física: un golpe de puño en la boca contra una de las mujeres presentes. A partir de ese momento, el relato describe una escena de caos que incluyó daños a la propiedad privada, específicamente la rotura del parabrisas de un automóvil.

De acuerdo al testimonio brindado a El Eco, los actos violentos tuvieron su punto álgido cuando otros miembros de la familia y allegados se sumaron a la gresca. Silvana denunció que uno de sus parientes fue atacado con un fierro por un joven, resultando herido en el proceso. Sin embargo, el episodio más grave ocurrió minutos después, en medio de una pelea que involucró a varios hombres en la vía pública.

La vecina relató que, mientras su cuñado mantenía un enfrentamiento físico con otro hombre, el padre de este último habría intervenido pegándole con un machete en la cabeza a Nicolás Barcala. Esta agresión le provocó a la víctima una herida abierta que requirió 14 puntos de sutura. En el fragor de la pelea, Silvana aseguró haber sido víctima de insultos y amenazas, donde le habrían manifestado su intención de “prender fuego” la vivienda familiar.

Descontento con el accionar policial

Uno de los puntos más críticos del descargo realizado por la familia tiene que ver con la atención recibida en la dependencia policial. Tras los incidentes, los damnificados se dirigieron a la comisaría Segunda para realizar la correspondiente denuncia. No obstante, Silvana explicó que “no fue una denuncia, fue una declaración”, señalando que el personal policial intentó minimizar el relato para “no hacerlo tan largo”.

La mujer manifestó que, al llegar a la seccional, se encontraron con que la otra parte ya estaba prestando declaración. Esta situación, sumada a la supuesta reticencia de los efectivos para dejar asentados todos los hechos de violencia descritos, generó una profunda desconfianza. “La realidad es que no me tomaron toda la declaración, solamente la parte donde contaba que querían prender fuego mi casa”, subrayó con malestar.

Ante lo que consideraron una falta de respuestas, la familia tomó la determinación de trasladarse hasta Azul para radicar la denuncia ante las autoridades de la Fiscalía. Según explicaron, fue la única manera de garantizar que todos los eventos, incluyendo el ataque con el machete y las lesiones, quedaran formalmente registrados en el expediente judicial.

La Justicia dispuso originalmente una serie de medidas de restricción perimetral de 90 días para intentar separar a las partes. Sin embargo, dada la cercanía de las viviendas, la operatividad de estas medidas resultó casi nula. Silvana informó que recientemente la Fiscalía decidió remover la restricción de 50 metros que prácticamente le impedía salir de su propio domicilio, aunque se mantiene vigente la prohibición de acercamiento a las propiedades de los involucrados.

La familia que solicitó el derecho a réplica concluyó su relato manifestando un estado de alerta permanente. Aseguran que la convivencia se ha vuelto insostenible y que temen por su integridad física ante la posibilidad de nuevos ataques. 

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