El Ejecutivo busca implementar un sistema de fiscalización electrónica para el tránsito

El Gobierno comunal elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para autorizar la contratación de un Sistema Integral e Inteligente de Fiscalización Electrónica del Tránsito y Seguridad Vial. La propuesta, orientada a reducir la siniestralidad y proteger la vida de los vecinos, prevé la incorporación de cámaras inteligentes y dispositivos de lectura de patentes para controlar las conductas de riesgo en la vía pública.

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De acuerdo al texto de la iniciativa, el diagnóstico realizado por la Secretaría de Protección Ciudadana y el área de Movilidad Urbana fue el sustento que respaldó el avance de la norma. Mediante un software de desarrollo propio, según se desprende los fundamentos del documento, se analizaron 80 arterias de la ciudad en las que se detectó que “al menos un cuarto de los conductores transita en exceso de las velocidades legales permitidas”, superando los 60 kilómetros por hora establecidos para las avenidas. Ante este escenario, el Ejecutivo consideró imperativo implementar nuevas estrategias de control que involucren tecnología de última generación.

“El diagnóstico del estado de situación del tránsito impone la ejecución de políticas públicas para prevenir situaciones de riesgo, disminuir las tasas de accidentes y fatalidades, reducir las infracciones y concientizar a la población sobre el cumplimiento de las normas de tránsito”, señala el texto elevado al Legislativo.

El proyecto plantea que el nuevo sistema tendrá como finalidad la prevención de siniestros y el fortalecimiento de las políticas públicas de seguridad vial. Según el texto, se busca dar continuidad a la labor del Observatorio Vial Tandil, creado bajo la ordenanza 17.603, para “generar información fehaciente” que permita la toma de decisiones. La intención es transformar la conducta de los conductores a través de una fiscalización de las infracciones más frecuentes.

Detalles técnicos y operatividad del sistema

De acuerdo al articulado de la propuesta, el Departamento Ejecutivo quedará facultado para adquirir e instalar diversos dispositivos tecnológicos. Entre ellos se destacaron los “cinemómetros fijos, móviles y portátiles”, cámaras inteligentes de control vehicular, sistemas de detección de cruce de semáforo en rojo y lectores automáticos de patentes.

El proyecto también contempla la digitalización total del labrado de actas, permitiendo que el registro de las faltas se realice de manera ágil y fehaciente.

Para garantizar la legalidad de los procedimientos, la norma propuesta establece condiciones estrictas sobre el equipamiento utilizado. El artículo quinto estipula que todos los dispositivos que requieran certificación deberán “contar con homologación vigente emitida por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)” o los organismos competentes a nivel nacional o provincial, “ser sometidos a controles y calibraciones periódicas” y “cumplir con la normativa nacional y provincial vigente”.

Asimismo, aclara que la falta de calibración o control técnico periódico impedirá el uso del equipo para la constatación de cualquier falta administrativa.

Un punto central de la iniciativa reside en la transparencia y la señalización de los controles electrónicos. “Se deberá proceder a una adecuada señalización previa de todos los puntos de control electrónico mediante cartelería visible”, señala el artículo sexto, que indique las velocidades máximas permitidas.

Por otro lado, la ordenanza propuesta aclara que el labrado de las actas identificadas por las cámaras “deberá requerir de la intervención de agentes, inspectores o funcionarios municipales habilitados para tal fin”, asegurando la supervisión humana en el proceso sancionatorio.

Respecto al destino de los recursos obtenidos por el cobro de las infracciones, el artículo decimotercero define un esquema de afectación específica para lo recaudado.

Los fondos serán destinados a “obras de infraestructura vial, campañas de educación vial, al Sistema Integrado de Salud Pública y al fomento de actividades deportivas”. De este modo, el Ejecutivo busca que el carácter del sistema sea preventivo y educativo, reinvirtiendo el dinero en mejoras directas que beneficien la seguridad y la salud de la comunidad tandilense para atacar el argumento del fin recaudatorio.

Las instancias

Como parte del proceso de elaboración de la propuesta, y antes de su elevación formal, el Ejecutivo mantuvo una reunión de trabajo con concejales de distintos bloques políticos, en la que se presentaron los fundamentos técnicos, estadísticos y conceptuales de la iniciativa.

Durante ese encuentro también se respondieron consultas y se puso a disposición toda la información elaborada por las áreas municipales, con el objetivo de favorecer un análisis amplio del proyecto antes del inicio de su tratamiento legislativo.

Con el ingreso formal de la iniciativa, el Concejo Deliberante iniciará su tratamiento de acuerdo con los tiempos previstos en el proceso legislativo, instancia en la que el proyecto será analizado y debatido por los distintos bloques antes de su eventual aprobación.

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El Eco de Tandil

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