La ocupación de un macizo ubicado en Piccirilli al 1000 el pasado febrero disparó una serie de debates, tensiones y actuaciones judiciales que volvió a poner en evidencia la problemática del acceso a la tierra.Este Diario accedió al informe que presentó el Municipio ante la Justicia y las conclusiones a las que arribó, orientadas a defender el posicionamiento que el Ejecutivo mantuvo desde el principio: que ninguno de los ocupantes se encontraba en situación real de calle al momento de ocupar el predio.Asimismo, en el reporte se encargaron de aclarar que la mayoría de los ocupantes de las tierras manifestaron en la entrevista tener dificultades para pagar el alquiler “como muchos vecinos”, dando a entender que se trata de una problemática que aqueja a toda la sociedad.&nbsp;Además, argumentaron que la falta de datos personales precisos dificulta el entendimiento de la real situación de vulnerabilidad en la que se hallan los grupos acampantes.El devenir judicial&nbsp;La cronología marca que la toma de lotes &nbsp;producida el 20 de febrero de 2023 desencadenó en una denuncia de la familia Moauro, titulares de la propiedad, que desembocó en una causa penal por “Usurpación” tramitada por la UFI 3 de Tandil, a cargo del fiscal Luis Piotti. En este marco, el juez interviniente, José Alberto Moragas, solicitó el cumplimiento del Protocolo propuesto por la Suprema Corte de Justicia para estos casos, con el objeto de encontrar una salida pacífica al conflicto.&nbsp;Sin embargo, este lunes el fiscal le pidió al Juzgado de Garantías 1 que habilite el desalojo compulsivo, al considerar que se agotaron las instancias del Protocolo y no se llegó a buen puerto. La solicitud, entonces, está a la espera de que el juez Moragas se expida.&nbsp;Para dar curso al marco de actuación de la Corte, las partes se reunieron el 29 de marzo en la sede de la Defensoría del Pueblo&nbsp; de Tandil y acordaron en ese momento llevar adelante un censo en forma personal y territorial, georreferenciado.&nbsp;De este modo, el 17 de abril diferentes organismos estatales realizaron el relevamiento en el lugar, para conocer de primera mano el componente socioambiental de los participantes de la toma. Asimismo, el Municipio había hecho lo propio con anterioridad - el 8 de marzo- y entregó esa información al Poder Judicial.&nbsp;Ambos reportes son sustancialmente diferentes y exponen de manera distinta la problemática, sin criterios unánimes sobre el tema. El 12 de mayo los actores intervinientes se reunieron nuevamente en la Defensoría para analizar los datos recolectados pero, ante la falta de consenso, el Ejecutivo decidió presentar su propio análisis.&nbsp;La mirada del Municipio&nbsp;En tal sentido, el informe comunal rubricado por la secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat de Tandil, Alejandra Marcieri, y por el secretario Legal y Técnico, Andrés Curcio, entrecruza los datos censales del 17 de abril con los obtenidos en el relevamiento del 8 de marzo, para verificar si continuaban en la ocupación las mismas personas que habían sido identificadas por personal policial el &nbsp;28 de febrero de 2023, y extraer conclusiones acerca de la realidad de la situación habitacional y familiar de cada uno de ellos.Según se desprende de la evaluación, la situación de la toma se modificó con el correr del tiempo y más personas se fueron sumando al predio, pese a regir una cautelar desde el 17 de marzo que impide innovar en el lugar.En el primer relevamiento se registraron 86 adultos mayores de edad en la ocupación, mientras que en el segundo relevamiento la misma población ascendía a 174. Asimismo, el trabajo del Municipio hizo hincapié en que en el censo no se requirió tipo y número de DNI, sino que sólo se relevó el género masculino o femenino.&nbsp;Frente a ello, enfatizaron la importancia de contar con estos datos para constatar lo declarado en las entrevistas y acceder a más información &nbsp;de los ocupantes, por ejemplo, cruzamiento de datos con la Anses u otras dependencias oficiales, y al respecto declararon que “no es posible realizar un adecuado cruce de datos con el Registro Único de Beneficiarios (RUB) con que cuenta el Municipio de Tandil”.&nbsp;En relación a la población infantil, en el primer relevamiento se registraron 53 menores de edad, mientras que en el segundo se relevaron 109 niños y adolescentes. En términos de grupos familiares, en el segundo reporte se registraron 283 personas, nucleadas en grupo familiar 81 y los 36 agrupamientos restantes corresponde a individuos solos. En síntesis, resultaron 117 situaciones a atender.En cuanto a la evaluación de los acampantes, en el desglose comunal las autoridades afirmaron que “ninguno de los ocupantes se encontraba en situación real de calle al momento de ocupar el predio. Si bien algunos de ellos manifiestan inicialmente que encontrarse en situación de calle habría sido uno de los motivos por los cuales se dispusieron a realizar la ocupación de los predios”.En este punto, en el reporte se aclara que en la encuesta, los entrevistados “declararon y/o reconocieron estar habitando una vivienda alquilada, cedida, compartida o propia, antes de realizar la toma”.&nbsp;En tanto, en otra parte se expone que, de acuerdo a lo declarado por la población relevada, a excepción de cinco casos que manifestaron en la entrevista haber recibido algún tipo de ayuda estatal del Municipio -y por lo tanto encontrarse registrados como población vulnerable-, el resto nunca ha demando asistencia alguna en términos de vulnerabilidad de cualquier/ningún tipo (alimentaria, habitacional, en materia de salud, etc.) al Estado.Situación habitacional&nbsp;En cuanto a la situación habitacional previo a la ocupación, dentro de los 117 agrupamientos se dan diversas situaciones. De acuerdo a lo declarado, 3 tienen casa propia; 34 habitan una vivienda prestada o cedida bajo otra modalidad: 69 son inquilinos: 2 grupos afirmaron ocupar una casa en razón de trabajo; un grupo ocupa una vivienda “de hecho”; y 8 de ellos comparten vivienda con familiares.&nbsp;En relación a los motivos que llevaron a las personas participar de la ocupación, adujeron que “se dificulta establecer parámetros claros al respecto”. En este marco, la valoración efectuada por los equipos municipales identificó ocho móviles: dificultad para el pago del alquiler; hacinamiento; no tener la posibilidad de acceder tierra propia; violencia de género; violencia; vivienda destruida por siniestro; motivos sin especificar; y situación de calle por desalojo. El último ítem fue negado sistemáticamente por la comuna.&nbsp;Sobre el final del análisis, el Ejecutivo ratificó que “ninguno de los ocupantes se encontraba en situación real de calle al momento de ocupar/tomar el predio objeto de la IPP en curso”, ni tampoco en riesgo de entrar en situación de calle, según ponderaron.&nbsp;En consecuencia, alegaron que “al igual que muchos de nuestros vecinos manifiestan tener dificultades para poder afrontar el pago de un alquiler”. En este punto, repararon en que dado el formato de la entrevista no es posible “verificar fehacientemente” datos vinculados a ingresos y situación laboral por no contar con los números de documento –o datos filiatorios- de los involucrados.Frente a este panorama, la comuna concluyó: “No podemos evaluar cómo se hubiese deseado la eventual condición de vulnerabilidad frente a la posibilidad -o no- de afrontar los gastos del pago de un alquiler, debiendo tomar como parámetro lo declarado por ellos mismos en relación a que no reciben o no han recibido ayuda del Estado de ningún tipo; infiriendo asimismo que no la han requerido dada la posibilidad de resolución por sus propios medios”.&nbsp;Por último, consignaron que si se produce el desalojo del macizo, los ocupantes podrán &nbsp;solicitar acompañamiento en la Secretaría de Desarrollo Humano “munidos de Documento Nacional de Identidad”.&nbsp;

El Ejecutivo desestimó que haya población vulnerable en la toma y argumentó falta de datos

A casi tres meses de la ocupación de tierras en Piccirilli al 1100, en La Movediza, la secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat del Municipio, Alejandra Marcieri, trazó una serie de objeciones en torno al mecanismo implementado durante el censo de las familias del barrio, sus fallas y las consecuencias en la información obtenida.En diálogo con el ciclo radial Cosas que pasan (104.1 Tandil FM), la funcionaria alertó que durante el trabajo –que se desarrolló en cumplimiento con lo dispuesto por la Justicia- se omitieron datos que resultan de importancia, aunque destacó su precisión en otros aspectos.“Hay cosas que no son reales", planteó y marcó que faltaron datos como DNI o domicilio. "Ese dato hizo que el instrumento perdiera consistencia y que, como Estado municipal, consideramos necesario a la hora de establecer conclusiones serias sobre la temática”, resumió.Luego del censo, que se hizo hace un mes, la información fue procesada por la Defensoría del Pueblo de Tandil y remitida a la Defensoría del Pueblo de la Provincia para la confección del informe.“Se pusieron en debate esas conclusiones y nosotros hicimos las nuestras con lo que ya teníamos relevado y conociendo el territorio”, justificó Marcieri en referencia al abordaje realizado en los inicio de la ocupación masiva. En definitiva, la funcionaria del Gobierno comunal resolvió que “es muy difícil poder acompañar con una firma algo en lo que no estamos de acuerdo”.Por eso, confirmó que la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat elevó al Juzgado un informe propio con las conclusiones a las que arribaron.“Por mayoría”En declaraciones a la radio de El Eco Multimedios, la secretaria de Desarrollo Social y Hábitat se refirió a las instancias de diálogo entre las instituciones y organismos que forman parte de la mesa de negociación con miras a la confección del cuestionario que se implementó durante el trabajo de campo en el asentamiento.En cumplimiento con lo que fija la Corte Suprema de Justicia, el trabajo apunta a reunir elementos que permitan elaborar una radiografía de la toma y un diagnóstico de situación de las familias que allí se encuentran para hallar una salida pacífica antes de la decisión judicial de un desalojo compulsivo.Como primera observación del censo que se realizó el pasado 17 de abril, la funcionaria apuntó que los datos “los recogimos en conjunto” entre todas las instituciones participantes sobre la base de una encuesta que “fue consensuada por mayoría y no por unanimidad”, ya que la dependencia comunal se pronunció en disidencia. “No estábamos de acuerdo con el formato del instrumento”, lo cual arrojó una votación de siete a favor y uno en contra.Así, marcó que el cuestionario no requería consulta del DNI y el domicilio para luego verificar si la entrevista “tenía relación con lo declarado” y admitía un “cruce de datos” de manera “seria”.Para la funcionaria, la situación se complejiza aún más ya que tampoco tiene validez de declaración jurada. “En alguno de los casos se los identificaba con nombre y apellido y en otros, en total 63, como femenino o masculino”, enfatizó. Las observaciones a la hora de definir el instrumento también se direccionaron a que no solicitaba domicilio.&nbsp;Entre los argumentos expuestos, Marcieri indicó que hicieron alusión a que “no querer perjudicarlos a nivel penal, que no iban a tomar, que no era necesario para hacer un relevamiento”.En contraposición, citó la vigencia de la causa que tramita en la UFI 3 por la toma de terrenos, a partir de la cual los vecinos que forman parte del asentamiento fueron notificados de las disposiciones tomadas por la Justicia, entre ellas, un impedimento para que no se tomen nuevas acciones en el lugar durante 60 días.Advirtió que “se siguió construyendo" pese a la medida cautelar de no innovar "porque empezamos con 86 personas relevadas” durante el primer abordaje “y terminamos con más de 280”.“Siete contra uno”“Eran siete instituciones contra una, así que salió por mayoría”, dijo en relación al apoyo que recibió el instrumento elaborado que luego se llevó al barrio, y justificó la postura para evitar “seguir dilatando la situación”.De todos, Marcieri destacó que el cuestionario era “muy completo” en cuanto a otros interrogantes que incluía, salvo por el “pequeño detalle que para nosotros es inmenso”.“Pasa más tiempo y esto se va desmadrando, creciendo, y se hace cada vez más difícil poder intervenir”, expresó, y agregó que, “como no queríamos entorpecer” se pronunciaron en desacuerdo, pero igualmente participaron con la decisión de “hacer una lectura de lo que se encuestó”.Análisis de los resultados&nbsp;Al volver sobre el planteo, Marcieri expuso que en la lectura posterior de los resultados “encontramos falencias en cuanto a las instituciones educativas” a las que asisten los niños de las familias que se encuentran en el predio.Y en relación a la coincidencia en las conclusiones que elaboró la Defensoría del Pueblo, apuntó que “ninguno se encontraba en situación de calle al momento de tomar” un lote, por lo que “no fue una toma espontánea, sino organizada”.Sobre los ingresos, señaló que “hay más de 60 adultos mayores que no dan nombre ni apellido y dicen no tener trabajo o tener trabajo informal”, que impide constar sus niveles de ingresos y las posibilidades de poder afrontar el pago de un alquiler, a la vez que detectó datos “mucho más llamativos” en relación a que hallaron personas “con casa propia”.En definitiva, la funcionaria del Gobierno comunal resolvió que “es muy difícil poder acompañar con una firma algo en lo que no estamos de acuerdo”, más aún “conociendo el territorio”, circunstancia que les permite conocer a algunos de los ocupantes pese a que no fueron identificados en ese relevamiento.“Un dato no menor”“Un dato que no es menor es que el día de la toma hubo gente que se bajó del colectivo y se presentó diciendo que venían a que los censen, que les dijeron que si lo hacían, después en una mesa de negociación iban a recibir un terreno. Esto hace que el instrumento pierda determinada validez”, señaló Marcieri, que dijo que el accionar fue de una persona que está identificada.Garantizó el acompañamiento, pero alertó que es “imposible” cuando no existe la posibilidad de identificar a esas personas. “Si la gente está con necesidades y se desaloja pacíficamente, están los centros comunitarios abiertos, la Secretaría a disposición para ver qué es lo que necesitan”, remarcó.“Inconsistencias”-A partir de conocer el territorio, ¿creen que hay falsedad en lo que se ha declarado?-Creemos que hay inconsistencias en relación a lo que declaran y a lo que nosotros podemos llegar a corroborar. La gente que está ahí tiene dificultades para acceder a la vivienda propia, como la tienen las más de tres mil personas que integran el registro de demanda habitacional. Hay más de 500 personas que ayudamos con alquileres y no estamos participando de ninguna toma.&nbsp;-¿Todo el espacio de la toma pertenece a la misma familia?&nbsp;-No lo sé, entiendo que sí. Sé que está acreditado que es de un privado, por eso va a desalojo, pero hay que aplicar el protocolo de la Corte. La cuestión era saber cómo se resolvía y para eso pidió un relevamiento para conocer la situación.-¿Cree que las personas que están en la toma reciben asesoramiento de algún tipo?-Legal y jurídico deberían recibir de la Defensoría Oficial. Después, sé que hay una persona que los organiza y esto está verificado.

El Municipio presentará sus propias conclusiones del censo de toma de La Movediza

La <a href="https://eleco.com.ar/etiqueta/desarrollo-humano-y-habitat-tandil">Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat</a> del Municipio se encuentra incrementando un 10 por ciento mensual la ayuda brindada en alimentos, acompañamiento habitacional y prestaciones de salud.&nbsp;Así lo informó la secretaria Alejandra Marcieri, quien brindó detalles de la creciente demanda, del aumento de las personas que se encuentran bajo las líneas de pobreza e indigencia, y de un presupuesto estipulado del cual ya estiman que no alcanzará para el resto del año.En diálogo con El Eco Multimedios, Marcieri manifestó su preocupación al señalar que “mensualmente estamos incrementando la ayuda en un 10 por ciento. El mes pasado fueron 31 millones de pesos asignados entre seguridad alimentaria, acompañamiento en alojamiento, alquileres, cuestiones ligadas a salud o tratamientos. Y este mes ya ejecutamos 35 millones de pesos y así venimos creciendo”, sostuvo.Contemplando solamente la ayuda brindada en alimentos, agregó, pasaron de entregar 24 millones el mes pasado a 26 el corriente. Las cifras dan cuenta así de una preocupante situación social en la ciudad, que no escapa a la realidad nacional.En ese sentido, agregó la secretaria, registraron también el crecimiento del número de personas asistidas. “Han crecido las personas por debajo de la línea de indigencia, porque teníamos 427 personas y ahora ya tenemos alrededor de 470. Y por debajo de la línea de pobreza teníamos un universo entre 1700 y ya hemos superado las 1800”, informó.Dichos números reflejan sólo el universo de personas sistematizadas en los diferentes programas municipales. Sin embargo existe, observó Marcieri, un gran número de vecinos que concurre espontáneamente a la Secretaría solicitando algún tipo de ayuda.&nbsp;“Entre el 15 y el 20 de cada mes se acercan a la Secretaría a decir que no llegan a fin de mes y a solicitar acompañamiento alimentario personas de una población que antes no se acercaba”, señaló.&nbsp;“Lo que estamos percibiendo es una demanda continua, creciente y sostenida en el tiempo. No quiero ser alarmista pero es la realidad”, lamentó la secretaria.&nbsp;A dicho ritmo, estiman que el monto estipulado para la cartera en el Presupuesto 2023 no alcanzará a cubrir la demanda hasta fin de año.“Lo que más me impacta es pensar que en enero del 2022 había acompañamiento en políticas alimentarias, en subsidios, por 12 millones de pesos y en enero de 2023, por 24 millones de pesos. Estamos en un 100 por ciento arriba. Por lo tanto la proyección que habíamos hecho del presupuesto que fue de un 60 por ciento de lo ejecutado, no va a alcanzar”, observó Marcieri.<h2>La realidad social en Tandil</h2>Consultada por la situación social en la ciudad, que la secretaria conoce de primera mano por su rol en Desarrollo Humano y Hábitat, Marcieri observó que en determinados casos el presente le recuerda a lo vivido durante la pandemia.“Porque hay mucha demanda, sobre todo de sectores que si bien tienen algún tipo de ingreso, no les alcanza para solucionar las cuestiones habitacionales, alimentarias, de tratamientos como puede ser en adultos mayores o personas con discapacidad”, manifestó.En este sentido consideró que la “gran población olvidada” son los discapacitados y los jubilados que perciben una jubilación mínima. Con respecto a los adultos mayores informó que durante la semana hubo un encuentro del Consejo Consultivo abocado a dicha población, y que una de las principales preocupaciones planteadas en el marco del intercambio entre organizaciones fue que muchos adultos mayores se están acercando a los Centros de Jubilados demandando acompañamiento alimentario.“Dentro de esta población vamos a tener que poner énfasis en esto que hemos visto, de acompañar a los adultos mayores. Por eso estamos trabajando con la Asociación de Productores Porcinos de Tandil (Apportan), para recibir 1200 kilos de carne en distintas tandas”, sostuvo.&nbsp;A su vez agregó que desde Provincia les entregan a la Secretaría 5 mil kilos de mercadería bimestrales, lo que supone alrededor de 120 bolsones por mes. Pese a que en estos días correspondería la entrega, a la fecha no se realizó, por lo que iniciaron las gestiones de consulta con el gobierno provincial, además de promover un proceso de licitación para poder adquirir la mercadería y atender la demanda urgente.“Esa mercadería la destinamos para reforzar algunos proyectos de seguridad alimentaria que hay en el distrito, con algunos comedores específicos, con algunas organizaciones que trabajan la cuestión alimentaria, para demanda espontánea en el lugar o situaciones de emergencia”, precisó.&nbsp;La secretaria agregó que las organizaciones sociales perciben también mercadería de parte de Provincia y Nación. “Sabemos que no les está faltando porque en casos de que tengan déficit se acercan a nosotros para que hablemos con Provincia y se solucione”, observó.En cuanto a las cantidades, afirmó, el conjunto de las organizaciones recibe mucho más que el propio Municipio.“Las organizaciones reciben más, y en algunos casos les hacemos la logística para poder retirarlos porque sabemos que en definitiva le va a llegar al vecino. Hemos ido a buscar a Mar del Plata para alguna organización en alguna ocasión”, sostuvo.&nbsp;Marcieri manifestó también su deseo porque “esto se estabilice y que haya siempre una mejoría”. Concluyó considerando que “estamos entrando en emergencia alimentaria, desde el momento en que tenemos que empezar a separar cosas que eran importantes pero no urgentes para destinarlo a lo urgente, creo que es para tener en cuenta. Estamos entrando a una situación de emergencia social”.

Preocupa el crecimiento sostenido de la demanda de ayuda social en Tandil

La secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat, Alejandra Marcieri, realizó un informe a pedido a partir de un pedido formal de la Unidad Fiscal de Instrucción 3 a cargo del doctor Luis Humberto Piotti. En el mismo se plasmó información sobre las familias que forman parte de la toma, que luego la funcionaria desarrolló en algunas entrevistas mediáticas.&nbsp;A partir de dicho informe y de las declaraciones de la secretaria, Fabian Meza, un vecino del barrio que colabora con las familias de la toma, en comunicación con el programa “Cosas que pasan” contradijo varios de sus dichos, y aseguró que “La idea sería que nos dé una solución, no que haga declaraciones sentada en una silla”.En primer lugar hizo referencia a que nadie del Municipio de acercó a hacer los relevamientos, y que a los efectivos policiales que se acercaron se los atendió de la mejor manera y se les brindó toda la información que solicitaban.&nbsp;Situación previaEn una de sus declaraciones, la funcionaria aseguró que la gran mayoría de los ocupantes contaban con un trabajo registrado, y no se encontraban en situación calle, además agregó que solo encontraron 13 personas que recibieron asistencia de Desarrollo Social en algún momento.&nbsp;Respecto a esto, Meza explicó que “hay que tener en cuenta que el sueldo de cualquiera de los trabajadores que permanece hoy acá es de 100 mil al mes, y un alquiler esta ochenta” y afirmó que ante esta situación, mucho tomaron la decisión de dejar de alquilar “y comenzar a comer”.&nbsp;<figure class="image"><img src="https://cdn.eleco.com.ar/media/2023/02/toma_terrenos_movediza_28_02_23_7.JPG" alt="Toma terrenos Movediza 28-02-23 - 8"></figure>“Todas las personas que están aquí han pasado por Desarrollo Social, tienen comprobantes de que han pedido asistencia y no la han recibido, Marcieri dice que no han asistido, y eso es totalmente mentira, acá hay gente que tiene papeles y cartas que han mandado al Municipio y nunca le respondieron, o les han firmado con una promesa que nunca llegó”, contó el vecino.Graves acusacionesPor otro lado, Marcieri explicó que la toma de un terreno privado, en el caso de probarse, es un delito, por lo que en ese caso los integrantes de la toma serian delincuentes. En ese sentido Meza respondió con serias acusaciones.&nbsp;“La verdadera delincuente es ella, porque de la arcas municipales de Desarrollo Social se ha llevado en su momento, cuando a la hermana se le quemó la casa en la ciudad de La Plata, tirantes, chapas, amueblamientos y demás. También se ha llevado a un campo que le pertenece, un camión lleno de leña que correspondía al programa ‘Tranquera Abierta’”, declaró.Cuando se le consultó la razón por la cual no denunció estos hechos, el vecino explicó que él mismo cargó el camión con leña. “Yo tenía con Desarrollo Social una tarjeta del banco Nación que me pagaban y me hacían un deposito mensualmente, y por esa plata tenía que hacer cierto trabajos, una contraprestación”. Según Meza, por temor a perder este ingreso no se atrevió a informar a la policía.&nbsp;NacionalidadesEn otra de las declaraciones, Marcieri contó que según el relevamiento se individualizaron a 86 ciudadanos adultos como parte de la ocupación, de los cuales 41 son argentinos, 44 son de nacionalidad paraguaya y una es ciudadana de Bolivia. Del total, 48 son mujeres y 38 son hombres, y el promedio de edad ronda entre los 30 y 35 años.En cuanto a esta separación por nacionalidades, el vecino expuso que “La Movediza en su 70 por ciento está conformada por ciudadanos extranjeros como las mismas raíces de Tandil, no va al caso que sean extranjeros o no, son personas comunes y corrientes”.&nbsp;Agente externoA su vez, la funcionaria comentó que un agente externo a la toma estuvo organizando a las familias y distribuyendo las parcelas a través de un grupo de whatsapp. El hombre se hizo cargo de esto y comentó que “el grupo de whatsapp que dice Marcieri lo armé yo, en consentimiento con todas la personas, para brindar asistencia y bajar cualquier información que tengamos, para estar en contacto y tratar de que esto termine de la mejor manera”.Además agregó que no solo él brinda asistencia, si no que “somos muchos los vecinos que estamos asistiendo a esta gente, porque hemos vivido lo mismo, hemos pasado por la misma situación, sabemos el dilema en el que estas personas se encuentran, y por eso uno se compromete con esto”.Meza aclaró que el grupo comprende únicamente “a las familias que están en el predio entre Picirilli, Misiones y Formosa, siempre hacemos referencia sobre este predio y no sobre el de al lado que esta sobre una casa quinta. El grupo de whatsapp es para ese sector. Con el otro no tenemos diálogo y no sabemos quiénes son”.Por ultimó, invito a la secretaria a “embarrar un poco los zapatos” y conocer a los vecinos, y aseguró que “desde un principio se habló de que la salida va a ser pacifica, obviamente tiene que haber una solución a la problemática que hay dentro de este predio con la gente que no tiene donde ir. Marcieri dice que no hay personas en situación de calle, acá el total de la gente que vive en este predio, dejó de alquilar, o vivía de prestado”, finalizó.

Un vecino que asiste a los ocupas en la toma de La Movediza contradijo de los dichos de Marcieri

Un vecino que brinda asistencia en la toma de La Movediza contradijo varios de los dichos de Marcieri

La toma de terrenos en Piccirilli al 1000, en La Movediza, se encamina a cumplir la segunda semana desde su comienzo. En medio de un conflicto que espera una resolución por parte de la Justicia, y con más familias instaladas en el lugar, el Municipio volvió a fijar su postura frente al tema desde la mirada de la asistencia social y el rol en el proceso judicial.En ese sentido, la secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat, Alejandra Marcieri, se pronunció por primera vez públicamente sobre el hecho. Con firmeza en sus declaraciones, garantizó que “ninguno de los vecinos que está en la toma está en situación de calle”, repasó la asistencia social que brindan y apuntó que no hay menores de edad pernoctando en el predio.En diálogo con el ciclo televisivo “Tandil despierta” (104.1 Tandil FM), también entregó otras definiciones al asegurar que “la usurpación es un delito”, por lo que calificó de “delincuentes” a quienes realizan estas prácticas, a la vez que consideró que “siempre hay cuestiones políticas” detrás de estas acciones.Por otro lado, y en cuanto al rol del Estado en el conflicto, desde el Ejecutivo ratificaron que se pusieron a disposición en el marco de una causa se inició a partir de la denuncia de un privado, entre las cuales citaron la rápida respuesta a los oficios y el ofrecimiento de las herramientas de asistencia social, “pero no tenemos otra potestad porque se trata de bienes privados”, señalaron desde la Secretaría Legal y Técnica.<section class="noteSuggested" data-id="93838" data-title="Puede interesarte"></section><h2>“La usurpación es un delito”</h2>En declaraciones televisivas, Marcieri sostuvo que es la cuarta toma de la que participa en su rol como funcionaria, la última fue la de Muñiz y Casacuberta, que también se registró en un año preelectoral. En esa oportunidad, conformaron una mesa de diálogo con actores judiciales y funcionarios provinciales “para que pudieran entender que lo que estaban haciendo es un delito”.“La usurpación es un delito. Y los que comenten delitos son delincuentes”, sentenció y comparó que, de lo contrario, “las 500 personas que ayudamos con el alquiler estarían avaladas a hacer lo mismo si la necesidad los apremia y no es así”.-¿Considera que hay cuestiones políticas detrás de una toma?-Sí, siempre hay cuestiones políticas. Y el que toma ha sido el Polo Obrero. Tenemos registro de la última toma en la que las personas nos indicaron los movimientos políticos que les sugirieron tomar, quedarse y resistir, e incluso dan cuenta de la metodología de resistencia: niños, mujeres y después hombres. Estoy convencida que detrás de una toma hay conducción política partidaria.<section class="noteSuggested" data-id="93708" data-title="Puede interesarte"></section><blockquote><h2>“Tomadora serial”</h2></blockquote>Al abordar la problemática, la funcionaria se refirió al caso de una de las mujeres que formó parte del grupo inicial que se asentó en el predio. Se trata de Victoria, una vecina de Pergamino que hace cinco años vive en Tandil. “Primero ocupó un terreno en Alonso y después un colectivo, que fuimos a asistir rápidamente”, repasó. “No resiste un archivo”, acusó y la definió como “una tomadora serial” en relación a la actitud reiterada por la vecina hasta “encontrar una veta y quedarse con lo ajeno”.Luego, se enfocó en las distintas ayudas que el Municipio otorgó a la familia, desde recursos para el pago de alquileres, de la luz y provisión de garrafas, y agregó que actualmente recibe asistencia alimentaria en el grupo de extrema vulnerabilidad.<h2>Celeridad y firmeza</h2>Por otro lado, desde la Secretaría de Legal y Técnica, Andrés Curcio repasó ante El Eco Multimedios los detalles del procedimiento, que se inició con una denuncia ante la comisaría Segunda y que dio paso a una causa que tramita la UFI 3, y demandó celeridad a la Justicia para que resuelva sobre el conflicto, respetando las garantías de ambas partes.“Se necesitan soluciones rápidas, más aún en experiencias como la que se desarrolla en La Movediza”, consideró el funcionario de acuerdo a la dinámica que presenta el lugar y la aparición de nuevas familias. Incluso, se refirió a la existencia de medidas de desalojo preventivas y “que la causa continúe”.&nbsp;En esa línea, consideró que la demora en la resolución judicial podría estar fundada en la aplicación del protocolo para desalojos, que garanticen que las personas no queden en situación de calle.No obstante, rechazó el enfoque al señalar que esos protocolos “están pensados para casos de asentamientos o de vulnerabilidad acreditada" y que "acá quizás no es necesario aplicarlos”.“Si uno escucha a los ciudadanos, van a decir que esperan de los jueces celeridad y firmeza, que apliquen la ley, que estamos acostumbrándonos a flexibilizar todo y que el propietario aguarde las consecuencias”, enfatizó el funcionario, que se quejó de la propuesta para conformar una mesa de diálogo entre las partes.Y lamentó que, “mientras tanto, hay una persona que tienen sus terrenos ocupados y una toma que se está intensificando”.<section class="noteSuggested" data-id="93635,93682" data-title="Puede interesarte"></section><h2>Proceso legal</h2>Asimismo, el secretario señaló que el fiscal elevó el pedido para el desalojo compulsivo del predio el viernes pasado. Una semana después “sigue sin hacerse efectivo”, observó y citó el despliegue de protocolos de actuación previos a la medida.Y contó que el lunes ingresó al Municipio un oficio con carácter de urgente en el que “nos pidieron que ratifiquemos que lo que había presentado el fiscal se correspondía con nuestro registro”. Destacó que ese informe fue respondido en “tiempo record”, ese mismo día.El predio “tiene dueño, presentó los títulos”, y además “agregamos todos los antecedentes que tenemos en Catastro, en la Dirección de Rentas, que habla de la titularidad dominial”.En tanto, señaló que el Juzgado de Garantías pide “más elementos” a partir de un nuevo oficio dirigido a la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat “para que inicien unas entrevistas con la gente del lugar”.

“La usurpación es un delito y los que cometen delitos son delincuentes”

El Municipio de Tandil informó de avances en las obras del Plan de Viviendas con Autoconstrucción Asistida&nbsp;que lleva adelante en el barrio La Movediza. Por tal motivo fue consultada por El Eco Multimedios Alejandra Marcieri, secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat, quien brindó detalles del trabajo realizado y celebró el compromiso de los beneficiarios.<figure class="image"><img src="https://cdn.eleco.com.ar/media/2023/02/plan_autoconstruccion_vivienda_avance.jpeg" alt="plan autoconstruccion vivienda avance"></figure>En concreto, se culminó con la apertura de 7 cimientos y se completaron las plateas en 3 de las obras, por lo que se proseguirá con el levantamiento de la mampostería.La funcionaria transmitió que las tareas de hormigonado concretadas fueron realizadas con el acompañamiento de la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas.El Plan de Viviendas con Autoconstrucción Asistida surgió a partir de la iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat y fue aprobado por unanimidad en el Concejo Deliberante, en junio pasado.El programa tiene como objetivo principal acompañar a sectores vulnerables en el acceso a la vivienda propia “promoviendo la organización, la participación y el compromiso de las familias, a través de un sistema de autoconstrucción asistida con ayuda mutua”, según consta en información oficial.El Municipio aportó los terrenos, materiales y un equipo técnico conformado por una cuadrilla de albañiles, un capataz, un maestro mayor de obra y un asistente social abocado a trabajar junto a cada una de las familias.&nbsp;A su vez, brinda capacitaciones a los beneficiarios.&nbsp; En el presente, ejemplificó Marcieri, organizan junto a Usicom un espacio de formación en instalaciones eléctricas para que los mismos destinatarios de la política pública sean quienes lleven adelante dicha tarea.Como contraparte, cada una de las familias que accederá a la vivienda debe colaborar con el proceso de la obra, aportando su mano de obra bajo una carga semanal de 48 horas.Durante el mes de octubre de 2022 se llevó a cabo el sorteo a partir del cual resultaron beneficiados 21 grupos familiares, de los casi 800 que completaron el proceso de inscripción.&nbsp;Una vez culminada dicha etapa, precisó Marcieri, iniciaron las tareas de nivelación y preparado de los terrenos, y el 2 de enero la ansiada construcción de las viviendas.“Luego de ese sorteo general hicimos un sub sorteo para comenzar a hacer de a 3 casas. Ellos querían involucrarse con el cuidado de esos espacios, para evitar ocupaciones, porque sabemos que muchas veces se complejiza. Conversando con las familias empezaron a hacerse grupitos de 3 o de 4 donde ellos participan efectivamente con esa carga horaria, mientras los otros se capacitan”, expresó la funcionaria.Según lo estipulado por la Ordenanza, el plazo de entrega de las viviendas está proyectado en 24 meses. Sin embargo Marcieri sostuvo que “siempre se atrasa, pero sobre todo por cuestiones climáticas”, y agregó que “ahora que ya se hicieron las bases, y ya están las conexiones de cloacas y luz, vamos a avanzar con paredes, mampostería y los revestimientos”.Celebrar el compromisoLa funcionaria precisó que el Plan forma parte de las primeras acciones llevadas a cabo por su cartera desde que la Secretaría sumó el área de Hábitat, en las cuales se trabaja no solo en mejoras de viviendas sino en la construcción de las mismas.A su vez, se refirió al mecanismo de autoconstrucción, del cual sostuvo que da resultado. “Depende del compromiso de las personas, que hasta ahora se va cumpliendo, porque además de brindar la contraprestación tienen que trabajar, y de nuestra parte tratamos de acompañar con todos los recursos que tenemos a nuestro alcance para sostener a estas familias”, planteó.La funcionaria celebró el hecho de que en el marco del proyecto tomen parte tanto varones como mujeres, y señaló que “pudimos ver en la gente no solo el entusiasmo sino también el compromiso”, en relación al involucramiento de los beneficiarios en el programa.A su vez, precisó que el programa priorizó para el acceso al mismo a las familias con hijos menores o personas con discapacidad, ya que las viviendas están pensadas para ser adatadas con tal fin.Además de agrandar las obras con respecto a su plano modelo, desde la Secretaría incorporaron a cada hogar proyectado 3 calefactores y 1 termontanque.&nbsp;“Nos parecía importante y &nbsp;que no podían faltar estos elementos, que son de difícil acceso a los grupos familiares vulnerables con los que trabajamos”, planteó.Marcieri también aprovechó la oportunidad para motivar a que la ciudadanía se incorpore en el Registro de Demanda Habitacional, con el fin de que desde la gestión cuenten con un mapa más claro de toda aquella población que por diferentes motivos no puede acceder a la vivienda.&nbsp;Pero también se refirió también a aquellos jóvenes o personas que perciben un sueldo mayor a &nbsp;más de 5 salarios mínimos. Sostuvo que se trata de una población que si bien se encuentra empleada, no logran acceder a un terreno, o a un crédito como el Procrear, por lo que instó a que se inscriban en el Registro de Demanda, proyectando en un futuro que el Municipio pueda hacer entrega de terrenos.Concluyó adelantando que &nbsp;recientemente, la Secretaría de Obras Públicas le informó que comenzarán con los trabajos de viviendas en el Barrio Arco Iris, donde se construirán 24 hogares.

“Pudimos ver en la gente no solo el entusiasmo sino también el compromiso”, celebró Alejandra Marcieri

En el pasado mes de julio se dio a conocer una preocupante noticia en relación a la situación social en la ciudad, la duplicación del número de familias a las cuales el Municipio brinda asistencia alimentaria.&nbsp;Con el fin de conocer el estado actual del tema, fue consultada Alejandra Marcieri, secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat, quien precisó que a la fecha se asisten alimentariamente alrededor de 2100 grupos familiares. Se trata, explicó, de un número fluctuante en relación a la situación económica de cada caso en particular. A su vez, señaló que desde mitad de año a esta parte tuvieron que reasignar partidas del área para sumar alrededor de 20 millones de pesos a la ayuda alimentaria, y que proyectan para el 2023 un presupuesto que triplica al actual. Contarían además con una nueva partida proveniente del aporte de Bingos y Casinos.En concreto, el Municipio brinda actualmente asistencia alimentaria a 2087 grupos familiares, conformado por 1650 grupos ubicados bajo la línea de pobreza, y 437 ubicados bajo la línea de indigencia. Significa que de julio a esta parte se registró una suba de 250 familias en el primer segmento, mientras que el número se mantuvo estable en el segundo.&nbsp;“El número se mantuvo, lo que se duplicó se mantuvo constante. Teníamos alrededor de 1400 grupos familiares y hoy tenemos 250 más, que si bien es un número, es bastante estable para una demanda que venía creciendo tan rápido. Hubo como una explosión, y después de alguna manera se pudo contener, debido a la inyección económica que tienen a través de la Tarjeta Alimentar, la AUH, y también el refuerzo alimentario del Programa Mesa, que se da a través del Consejo Escolar”, sostuvo la secretaria. Agregó que se trata de grupos familiares asistidos a través de la tarjeta de ayuda en la que a los destinatarios se les deposita dinero específicamente para alimentos.&nbsp;En cuanto a los grupos familiares por debajo de la línea de pobreza, la secretaria señaló que se trata de “una población bastante nueva en algunos casos”, principalmente&nbsp; jubilados que perciben el monto mínimo “y no llegan con sus sueldos&nbsp; a cubrir las necesidades básicas”.A su vez, precisó que se trata de grupos “bastante estacionales, que por ahí están 3 o 4 meses, consiguen trabajo y se bajan, pero se incorpora otra familia, dependiendo de la fluctuación que tienen en relación a los ingresos”.A su vez, explicó que la demanda alimentaria suele decaer en los meses de verano “no por falta de necesidad sino porque siempre se trata de contener a estos grupos vulnerables a través de bonos previstos mayormente por el gobierno nacional”.La demanda habitacionalLa secretaria consideró que el número de relativa estabilidad de familias asistidas, se logró contener “gracias al trabajo de los Centros Comunitarios, que tienen esas familias identificadas, y nos permiten trabajar individualmente”. Destacó la labor del área de Abordaje Territorial, que en vínculo directo con los grupos familiares y los trabajadores sociales, identifican necesidades en general para mejorar la condición de vida de las familias en situación de vulnerabilidad.Una problemática principal registrada en este sentido, sostuvo, es la cuestión habitacional. “Cuando es escaso el recurso que tenés para administrarte familiarmente, lo dedicás generalmente a las necesidades básicas. Y vas relegando otras necesidades como son las demandas de vivienda. Te encontrás que con el aporte entre el Municipio, la Provincia y la Nación para alimentos, llegamos, pero nos quedamos cortos &nbsp;y no podemos mejorar la vivienda”, lamentó.&nbsp;Un objetivo de la Secretaría proyectado para el próximo año, es el acompañamiento a los grupos familiares, en particular los más vulnerables, en políticas habitacionales. “Para ese grupo ya tenemos planificado y presupuestado en el programa de mejoramiento de vivienda, el acompañamiento para &nbsp;las conexiones intra-domiciliarias”, transmitió.Presupuesto proyectado y nuevas partidasEn la misma nota mencionada del mes de julio pasado, se hacía mención a reasignaciones presupuestarias que sobrepasaban el monto estimado para la Secretaría de Desarrollo Humano en el año.&nbsp; Al respecto, Marcieri precisó que de la fecha a esta parte “tuvimos que inyectar alrededor de 20 millones de pesos más”.&nbsp;Por tal motivo, sostuvo, solicitó las modificaciones pertinentes y se redistribuyeron hacia la asistencia alimentaria partidas destinadas a los gastos corrientes del área.Con respecto al presupuesto estimado para el año 2023, del cual la Secretaría de Economía y Finanzas ya elevó el proyecto al Concejo Deliberante, señaló que Desarrollo Humano triplicaría el monto asignado para 2022, lo que arrojaría un total estimado de 80 millones de pesos.&nbsp;A su vez, transmitió que prevén un ingreso de un Fondo de Fortalecimiento Familiar proveniente de Provincia, derivado de aportes de Bingos y Casinos. Debido al cierre de estos establecimientos durante la pandemia, dichas partidas se interrumpieron, pero fueron reactivados en el último tiempo. “Estimando eso suponemos que vamos a tener alrededor de 100 millones de pesos para enfrentar la situación alimentaria”, explicó.La secretaria aclaró que los montos estipulados se calculan en función del Presupuesto Nacional, el cual proyecta una inflación mensual de alrededor del 3 por ciento.&nbsp;

El Municipio brinda asistencia alimentaria a poco más de 2 mil familias y el número tiende a estabilizarse

El Municipio brinda asistencia alimentaria a 2100 familias y el número tiende a estabilizarse

En diálogo con El Eco Multimedios, Alejandra Marcieri, secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat, dio cuenta de una preocupante realidad que se vive en la ciudad. Recientemente sumaron cerca de 700 vecinos a la asistencia alimentaria que brindan desde la cartera municipal, por lo que se duplicó la población a la que hasta ahora acompañaban. Muchas de estas personas cuentan con empleo registrado.&nbsp;En relación a las características de los destinatarios de la asistencia, la funcionaria indicó que “aparece un nuevo segmento de gente que tiene necesidad y concurre al Centro Comunitario, es gente que años anteriores no habíamos visto”.En la sede de la cartera de Desarrollo sobre la avenida Del Valle, la funcionaria señaló que "esta gente se acercaba cada tanto a pedir un bolsón de alimento y ahora lo está requiriendo sistemáticamente, y por eso se los incluyó. Se les dio el alta porque quieren alimentos. La demanda es alimentaria”.&nbsp;Dos gruposMarcieri precisó que trabajan con una población objetivo dividida en dos grupos. Al primero lo componen “familias de una vulnerabilidad social bastante extrema”. Sobre este segmento agregó que “cuando llegué a la Secretaría, en 2015, había 120 familias vulnerables. Hoy tenemos 468”.Sobre este primer conjunto de personas sostuvo que “si bien tienen todo el acompañamiento del Estado provincial, nacional y municipal, son beneficiarias de todos los programas de seguridad social, no les alcanza. Porque tienen situaciones de vulnerabilidad habitacional, porque tienen personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas, o en algunos casos adultos mayores a cargo”.&nbsp;Un segundo grupo, en menor situación de vulnerabilidad, recibe sólo asistencia alimentaria. Según precisó está conformado por “todas aquellas personas que no están dentro del grupo vulnerable, que trabajan en blanco o tienen algún beneficio de la seguridad social como puede ser jubilación o pensión, y que por determinadas situaciones del contexto económico hoy están por debajo de la línea de indigencia".&nbsp;Sobre esta población indicó que “teníamos alrededor de 700 personas”, pero que “a partir de la última evaluación que hicieron&nbsp;los&nbsp;trabajadores sociales estoy haciendo la carga para otras 692 más. Se ha duplicado ese universo que más que nada está vinculado a política de asistencia alimentaria. Ese es un poco el panorama que hay en los barrios, y que hay en la Argentina en general”.Con respecto a la asistencia alimentaria, la secretaria de Desarrollo informó haber detectado desabastecimiento de productos o precios sobrevaluados, por lo que “tras una evaluación realizada hacia fines del año pasado”, se planteó “retomar la tarjeta de acompañamiento en la que le depositamos el dinero a las personas para que hagan las compras”.Precisó que “este cambio de política del depósito tiene que ver con que la asistencia en alimentos llega a través de las organizaciones sociales en los mismos productos que dábamos nosotros”.Destacó que la asistencia alimentaria “es un complemento de todo el resto del acompañamiento” que brindan desde el Estado municipal, entre los que cuenta “apoyo para el pago de la luz, artículos de farmacia, alquileres, bolsones de limpieza, acompañantes terapéuticos, desagote de pozo, garrafas y leña”.&nbsp;Principales demandas en la ciudadConsultada sobre las principales problemáticas que percibe desde su trabajo en los 13 Centros Comunitarios de la ciudad, Marcieri indicó que a partir de “las reuniones con los trabajadores sociales que son quienes están continuamente en territorio, estamos viendo mucha necesidad y mucho acercamiento de adultos mayores, de jubilados”.&nbsp;Destacó que desde su cartera se acompaña a esta población facilitando “desde políticas alimentarias a políticas habitacionales”, y agregó que “una pareja de adultos mayores, si no tiene vivienda no puede alquilar”.Sostuvo que los adultos mayores y las personas con discapacidad “son los dos sectores que han quedado más desprotegidos en todas las políticas sociales que ha aplicado el gobierno nacional”, ya que éste “ha acompañado y reforzado muchísimo en niñez con el Programa Alimentar y la Asignación Universal por Hijo, junto al Estado Provincial a través del Más Vida, y nosotros con el Programa Titán”.Sin embargo, señaló, ha quedado más postergada "toda la población de adultos mayores y discapacidad de la cual tenemos un incremento de la demanda tremendamente considerable”.Compleja realidadPrecisó que últimamente observan una realidad de “personas que están en blanco, pero que los sueldos, con la&nbsp; inflación han hecho que estén por debajo de la línea de indigencia".La funcionaria se refirió a la complejidad de esta situación, y a cómo se agravó en el último tiempo, al señalar que “si te tomás el trabajo de ver qué es lo que se toma como índice de pobreza, vamos a encontrar que hay muchas más familias pobres” Este panorama, plantea Marcieri, involucra en la ciudad otros aspectos, ya que según algunos beneficios percibidos como el PASE o el acceso a la salud pública, “se nota menos”.&nbsp; Al respecto señaló que “quizás en Tandil no se note, o no se perciba uno como pobre, pero si vamos a los datos fríos lo que significa, es que hay mucha más pobreza de que lo percibimos”.Precisó que se agravó la situación de los sectores más vulnerables porque “enfrentan alquileres, y ya sabemos lo que pasó con la Ley de Alquileres que tuvo un rebote inverso al que se esperaba, o porque tienen situaciones de salud”, a lo que agregó que “esas 500 familias son atendidas especialmente porque, a partir de no tener trabajo genuino en blanco, ningún recurso de los que pueden obtener alcanza”. En relación al acceso a la vivienda destacó que una persona puede contar con ingresos, pero que “si tenés alquileres exorbitantes, ¿Cómo hacés? O comés o pagás el alquiler”.Presupuesto del áreaLa funcionaria informó que la suba de precios impactó también en los recursos disponibles para la asistencia municipal. Señaló que el presupuesto contemplado para este año consideró una inflación del 46 por ciento “porque sabemos que Desarrollo Humano es un área muy sensible, y nos estamos encontrando con que a mitad de año ya hemos pasado ese índice”.Sostuvo además que a dicho presupuesto sumaron 20 millones destinados a alimentos. Al respecto señaló que dicha modificación fue presentada “al Intendente, para avisarle que iba a tener un gasto extra en función a todo lo que estaba pasando. Pero no creo que me alcancen ahora”. El presupuesto del área para asistencia alimentaria fue determinado en 39 millones de pesos, y tras este pedido quedó en poco más de 54 millones de pesos.Indicó que irán “redefiniendo partidas que teníamos destinadas a otras actividades” y reducirán “al mínimo los gastos que tenemos para el funcionamiento”. Señaló además la necesidad de “empezar a hacer ajustes presupuestarios relacionados al recorte en los gastos operativos de la Secretaría, resignar actividades de promoción para tener que brindar asistencia de coyuntura”.Marcieri informó que desde Provincia reciben 5 mil kilos bimestrales de alimentos, lo que supone “200 o 250 módulos, cuando nosotros en los barrios teníamos operativos de hasta 2500 módulos” Además, la funcionaria precisó que, pese a haber realizados las gestiones correspondientes &nbsp;“de Nación con el nuevo gobierno no recibimos nada más. Antes recibíamos, pero empezaron a trabajar mucho con las organizaciones sociales”. Los alimentos faltantes para dar respuesta a la demanda, indicó Marcieri, “los pone el Municipio”.&nbsp;Sostuvo además que desde su cartera cubren módulos alimentarios de PAMI, ya que éste organismo "no da altas nuevas de módulos alimentarios y la gente viene a pedirlas acá”. Relató la funcionaria que esta situación se registra “desde antes de la pandemia”, y que “nos juntamos con Facundo Llano, le contamos la situación, él mandó a dar el alta, hicieron el trámite pero nunca les llegó el beneficio. Tratándose de un sector vulnerable le brindamos asistencia, pero somos el Estado Municipal y nos cuesta mucho cubrir la falencia que tiene el Estado Nacional”, concluyó.

El Municipio duplicó el número de personas  a las que brinda asistencia alimentaria

En diálogo con El Eco Multimedios, Alejandra Marcieri, secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat, dio cuenta de una preocupante realidad que se vive en la ciudad. Recientemente sumaron 700 vecinos a la asistencia alimentaria que brindan desde la cartera Municipal, lo que duplica la población con la que venían trabajando. Muchas de estas personas cuentan con empleo registrado. En relación a las características de los destinatarios de la asistencia, la funcionaria indicó que ”aparece un nuevo segmento de gente que tiene necesidad y concurre al Centro Comunitario, es gente que años anteriores no habíamos visto”

En diálogo con El Eco Multimedios, Alejandra Marcieri, secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat, dio cuenta de una preocupante realidad que se vive en la ciudad. Recientemente sumaron 700 vecinos a la asistencia alimentaria que brindan desde la cartera Municipal, lo que duplica la población con la que venían trabajando. Muchas de estas personas cuentan con empleo registrado.&nbsp;En relación a las características de los destinatarios de la asistencia, la funcionaria indicó que ”aparece un nuevo segmento de gente que tiene necesidad y concurre al Centro Comunitario, es gente que años anteriores no habíamos visto”Marcieri precisó que trabajan con una población objetivo dividida en dos grupos. El primero lo componen alrededor de “500 familias vulnerables” y se trata de “un grupo de familias que necesita asistencia alimentaria, asistencia en políticas de vivienda, un grupo en una vulnerabilidad social bastante extrema”, según informó. Agregó también que este número fluctúa en función del trabajo que realizan en pos de acompañar a las familias a superar dicha situación.Un segundo grupo, en menor situación de vulnerabilidad, recibe sólo asistencia alimentaria. Sobre esta población indicó que “teníamos alrededor de 700 personas”, pero que “esta semana estoy haciendo la carga para otras 700 más. Se ha duplicado ese universo que más que nada está vinculado a política de asistencia alimentaria. Ese es un poco el panorama que hay en los barrios, y que hay en la Argentina en general”Para dar cuenta del trabajo que realizan y de los parámetros que toman al momento de brindar determinadas asistencias, la funcionaria especificó que la indigencia se mide a partir del ingreso, en función de la posibilidad de resolver la situación alimentaria familiar. Por su parte la pobreza se mide a partir de otros aspectos como transporte, vivienda y acceso a la educación. Precisó que últimamente observan una realidad de “personas que están en blanco, pero que los sueldos, con la&nbsp; inflación han hecho que estén por debajo de la línea de indigencia. Esto significa ganar menos de dos salarios mínimos”La funcionaria se refirió a la complejidad de esta situación, y a cómo se agravó en el último tiempo, al señalar que “si te tomás el trabajo de ver qué es lo que se toma como índice de pobreza, vamos a encontrar que hay muchas más familias pobres” Este panorama, plantea Marcieri, involucra en la ciudad otros aspectos, ya que según algunos beneficios percibidos como el PASE o el acceso a la salud pública, “se nota menos”.&nbsp; Al respecto señaló que “quizás en Tandil no se note, o no se perciba uno como pobre, pero si vamos a los datos fríos lo que significa, es que hay mucha más pobreza de que lo percibimos.”En referencia al aumento del valor de la canasta básica, Marcieri planteó que “por eso han crecido tanto los índices de pobreza e indigencia”. Con este panorama, señala que desde la cartera que conduce reforzaron el trabajo con familias que perciben asistencia tanto del Programa Titan, Programa Más Vida y Programa Alimentar. “Son personas que aun teniendo esos programas y los acompañamientos de todo el Estado Nacional, Provincial y Municipal no llegan. En esas condiciones hay alrededor de 450 familias”, informó.&nbsp;Sobre estas familias precisó que se agravó su situación porque “enfrentan alquileres, y ya sabemos lo que pasó con la Ley de Alquileres que tuvo un rebote inverso al que se esperaba, o porque tienen situaciones de salud”, a lo que agregó que “esas 500 familias son atendidas especialmente porque, a partir de no tener trabajo genuino en blanco, ningún recurso de los que pueden obtener alcanza”. En relación al acceso a la vivienda destacó que una persona puede contar con ingresos, pero que “si tenés alquileres exorbitantes, ¿Cómo hacés? O comés o pagás el alquiler”La funcionaria informó &nbsp;que la suba de precios impacta también en los recursos disponibles para la asistencia municipal. Al respecto Marcieri señaló que el presupuesto contemplado para este año consideró una inflación del 46%, teniendo en cuenta estimaciones planteadas por el ex ministro Guzmán y datos de años anteriores. “Pusimos un 46% en Desarrollo Humano porque sabemos que es un área muy sensible, y nos estamos encontrando con que hemos pasado ya a mitad de año ese índice. Tenemos que empezar a hacer ajustes presupuestarios relacionados al recorte en los gastos operativos de la Secretaría, resignar actividades de promoción para tener que brindar asistencia de coyuntura”, indicó.

El Municipio duplicó el número de personas a las que brinda asistencia alimentaria

Luego del discurso de la vicepresidenta que, entre otras cuestiones, volvió a encender la interna en el oficialismo, el presidente Alberto Fernández salió a respaldar a los movimientos sociales a los que aludió Cristina Fernández de Kirchner el lunes, cuando pidió que "la aplicación de las políticas sociales no siga tercerizada".&nbsp;"Las organizaciones sociales no se llevaron la plata de los más vulnerables, sino que los acompañaron, los alimentaron y se asociaron al Estado", aclaró el Presidente y pidió que "nuestras diferencias no nos hagan decir cosas injustas".&nbsp;A partir de ello, resurgió el debate acerca de la dicotomía entre los planes sociales y la generación de empleo. Al respecto, la titular del área de Desarrollo Humano y Hábitat de Tandil, Alejandra Marcieri, sostuvo que es primordial “generar condiciones de empleabilidad y de terminalidad educativa”.Asimismo, explicó que el año pasado recibió una comunicación oficial del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación informando que alrededor de 120 ciudadanos habían solicitado realizar contraprestaciones en el Municipio, en el marco del programa Potenciar Trabajo, una de las líneas de acompañamiento económico que tiene el Estado nacional.“Se trataba de personas nucleadas en una organización social a las que se asignaron tareas en espacios de cuidado o tareas relacionadas con la gastronomía, también trabajos en huertas agroecológicas”, detalló.Beneficiarios de planes&nbsp;No obstante, la funcionaria aclaró que la comuna desconoce qué cantidad de beneficiarios de los diferentes programas como Potenciar Trabajo, el salario complementario y las ayudas sociales de Anses como la AUH, entre otras. &nbsp;En otro orden de cosas, la Municipalidad tiene sus propias línreas de ayuda directa y de acompañamiento, por fuera de los circuitos de Provincia y Nación.&nbsp;En tal sentido, indicó que “los ingresos los hacen las organizaciones sociales y políticas, no nosotros”. Y enfatizó que, pese a que el Intendente ha solicitado esta información en más de una oportunidad, le ha sido denegada y no pueden cruzar datos para saber cuántas asistencias y de qué tipo recibe una familia.&nbsp;En tanto, comentó que hace un año, con motivo de la apertura del Polo Social, la secretaría a su cargo solicitó la bajada de 200 programas Potenciar Trabajo para que más personas accedieran a las capacitaciones en dicho &nbsp;espacio. Esto no fue posible porque, según afirmó, le respondieron que “estaba cerrado el cupo para municipios”.&nbsp;Por su parte, Marcieri reflexionó que hay “tres generaciones consecutivas asistidas por planes sociales y va en crecimiento. Hay muchas familias en las que esto se prolonga y quedan inmersos en este círculo vicioso”.Así, dictaminó que “son casi 20 años de asistencia. Empezó en 2001 con la primera crisis, siguió en crecimiento, aumentó en la gestión de Carolina Stanley (ministra de Macri), que tenía líneas educativas y de capacitación, y continúa en aumento”.&nbsp;A su criterio, también existen especulaciones en torno al plan social que están muy arraigadas en la comunidad y que cuesta desterrar del imaginario. Con respecto a esto, observó que muchas personas prefieren permanecer en la informalidad y no ser contratadas en un trabajo registrado para no perder ese tipo de beneficios.Potenciar Trabajo&nbsp;En marzo de 2020, el Gobierno nacional lanzó el programa Potenciar Trabajo, un plan de inserción laboral que unificó iniciativas previas -como Hacemos Futuro y el Salario Social Complementario-, y es administrado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.Según se explica en el sitio oficial, el programa tiene como objetivo “contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socioproductivos, sociocomunitarios, sociolaborales y la terminalidad educativa”.En diciembre de 2021 (último registro disponible) el Potenciar Trabajo llegaba a casi 1,3 millones de personas, quienes perciben un ingreso mensual de&nbsp;16.500 pesos.En tanto, uno de los objetivos del Potenciar Trabajo es lograr que los beneficiarios ingresen al mercado laboral formal. Este, justamente, es uno de los reclamos de los movimientos sociales y de la puja entre diferentes sectores del oficialismo nacional.&nbsp;Sin embargo, el Ministerio de Desarrollo Social le informó al sitio web Chequeado que hasta el momento sólo 15.583 personas (el 1,2 por ciento del total de beneficiarios) consiguieron un empleo formal.

Sobre los planes sociales, Marcieri lamentó que hay "tres generaciones seguidas asistidas por el Estado"

Para intentar dar respuesta a la problemática habitacional, las autoridades locales giraron un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante con el objetivo de crear un Programa de&nbsp; Autoconstrucción Asistida de Viviendas con Ayuda Mutua.El texto normativo consta de 15 artículos y, en concreto, se trata de un sistema que propone que el Estado municipal aporte tierras, infraestructura e insumos, y que las familias sean las que aporten la mano de obra para edificar. La primera etapa constará de 21 casas. &nbsp;Una vez concluidas, los adjudicatarios tomarán posesión de las viviendas y abonarán los terrenos que resulten del dominio privado del Municipio, cuyo precio mínimo es de 12 salarios básicos de empleado municipal y como máximo lo dispuesto por tasación oficial.&nbsp;El marco regulatorio establece, además, que “el Departamento Ejecutivo deberá remitir al Concejo Deliberante el listado de lotes que pretende afectar al programa, para su convalidación. En todos los casos los lotes deberán estar dotados con redes de servicios básicos de agua, gas y cloaca”.&nbsp;Requisitos&nbsp;La adjudicación de lotes será mediante sorteo público y la &nbsp;inscripción alcanzará a un grupo rigurosamente &nbsp;delimitado.Únicamente podrán convertirse en aspirantes los grupos familiares cuyos &nbsp;convivientes no posean vivienda propia, y siempre y cuando los ingresos percibidos o la condición laboral&nbsp; de los adultos no le permitan calificar para acceder a líneas de crédito hipotecario destinados a la adquisición lote o construcción de vivienda.&nbsp;Además, la normativa exige que el interesado no posea al momento de la inscripción una causa penal por ocupación ilegal de algún inmueble.&nbsp;No obstante, las autoridades insistieron en que aún no se abrirá ningún registro de inscripción y reiteraron que ese pasó se cumplirá una vez que se sancione la ordenanza por parte del Concejo Deliberante y se afecten los lotes y que se difundirá ampliamente por todos los canales posibles.El aporte estatal&nbsp;En el artículo 8vo. se precisa que el Ejecutivo será el encargado, además de las cuestiones administrativas, de realizar el amojonamiento y nivelación de los lotes; la designación de un equipo técnico encargado de la administración y seguimiento de las obras, control y fiscalización de la utilización de materiales y cumplimiento por parte de los beneficiarios de las horas de trabajo comprometidas para ser adjudicatarios de una vivienda; la contratación del seguro correspondiente según las tareas que realice cada actor involucrado; y las gestiones administrativas correspondientes para la adquisición de materiales, insumos, maquinarias y herramientas de construcción que serán utilizados.&nbsp;Por su parte, los adjudicatarios deberán cumplir, como mínimo, con&nbsp; 48 horas mensuales de labor en forma efectiva para tener derecho a la adjudicación de la vivienda. No obstante, los beneficiarios suscribirán un convenio con el Municipio para acordar el régimen de construcción y todos los detalles pertinentes.&nbsp;Facilidades&nbsp;De esta manera, la secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat municipal, Alejandra Marcieri, y el secretario de Planeamiento Urbano y Obras Públicas, Luciano Lafosse, explicaron algunas de las características de la iniciativa impulsada por la comuna para acompañar a familias vulnerables&nbsp; en el acceso a la vivienda propia.En contacto con El Eco de Tandil, Marcieri indicó que “los lotes que se destinarán para la construcción de estas viviendas deberán ser abonados una vez que se concluyan las viviendas. Para eso se establecerá un valor accesible y facilidades, pero no serán regalados y por eso esta cuestión de ayuda mutua con el Estado local acompañando y apoyando el esfuerzo de los beneficiarios”.“Esta es una herramienta más que puede dar parte de respuesta a la alta demanda habitacional que se da en Tandil como en otras ciudades del país y esperamos poder implementarla durante este año con la construcción de 21 viviendas, aunque aún debemos esperar el tratamiento del proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante”, observó.Por su parte, Luciano Lafosse adelantó que personal técnico del área a su cargo confeccionó los planos de un modelo de vivienda de 60 metros cuadrados aproximadamente, en construcción tradicional, que cuenta con dos habitaciones y pensadas para los lotes de 10 x 30 metros que se destinarán al programa. Además, puntualizó que se contempló en el diseño la posibilidad de futuras ampliaciones en el frente y en la parte de posterior.&nbsp;&nbsp;

El Ejecutivo elevó un proyecto para facilitar lotes a través de la autoconstrucción de viviendas

Se trata de un título honorífico a los gobernadores, prefeitos e intendentes que presenten los indicadores más sobresalientes en la región respecto de la implementación de programas y políticas públicas enfocadas a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos en situación de vulnerabilidad.En la edición 2021, en la que participaron 1800 alcaldes de la región, el Intendente Lunghi fue reconocido por Inclusocial en la categoría de “Mejor Programa de apoyo al emprendimiento productivo, con énfasis en el fortalecimiento de las competencias laborales”.El premio al jefe comunal se justificó principalmente en la implementación del Polo Productivo y Social, un programa que busca incentivar y apoyar los emprendimientos productivos de la economía social y solidaria de Tandil a partir de la creación de un espacio físico que ofrece las máquinas, las herramientas y la asistencia técnica pertinente para el fortalecimiento de dichos proyectos auto gestionados.En este sentido, el presidente de Inclusocial Jorge Escalante, precisó que “el Polo Productivo y Social es uno de los programas más relevantes de Latinoamérica, es un referente a seguir por las demás municipalidades porque genera una manera de salir de la pobreza, de dar oportunidades, de decirle al ciudadano que no necesita asistencialismo para siempre, si no que le ofrece máquinas, capacitación y un espacio para montar su propia empresa. Ese es el mensaje, no dar el pan en la boca enseñar a amasar la harina y hacer el pan”.“Todos los ciudadanos de Tandil deben estar muy orgullosos porque tienen a uno de los mejores gobernantes de Latinoamérica”, agregó.&nbsp;También se tuvieron en cuenta otros programas que el gobierno municipal desarrolla en vinculación a la Nueva Agenda Urbana 2030, como: el programa TITAN, Nosotras Hacemos, la Comunidad Emprendedora Barrial, la Chacra “El Arraigo”, las huertas agroecológicas y el nuevo Núcleo de Inclusión y Desarrollo de Oportunidades (NIDO).Encuentros de trabajoLa secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat del Municipio, Alejandra Marcieri, provechó el viaje a Colombia para mantener encuentros de trabajo en la embajada Argentina y en la alcaldía de Bogotá.En el primero de los casos se reunió con el embajador Gustavo Alejandro Dzugala con quien conversó sobre el reconocimiento que recibió el intendente Miguel Lunghi, además de la posibilidad de establecer vínculos con ciudades de Colombia y gestionar financiamiento internacional para proyectos comunales en el marco de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y que pongan énfasis en el cuidado del medioambiente y de la economía desde el punto de vista sustentable.Al respecto Marcieri detalló que “conversamos y le presentamos algunos de los proyectos que venimos impulsando desde el Municipio y también hablamos sobre el importante desarrollo que tiene la ciudad, con la radicación de empresas, el impulso del sector del software y otros sectores productivos y la importancia del proyecto que lleva adelante la empresa Globant con su nuevo edificio”.En la Alcaldía de Bogotá se encontró con la directora de Relaciones Internacionales, Luz Amparo Medina Gerena, con quien también abordó temas de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, especialmente algunas herramientas y estrategias que impulsan en ese distrito para la generación de suelo urbano.Las autoridades colombianas también presentaron un trabajo que se realiza desde el área de políticas de género y que se analizará la forma de implementarlo en nuestra ciudad.El último tema del encuentro estuvo relacionado con el hábitat y una serie de intervenciones que se pueden realizar en el ambiente para mejorar el entorno, tanto urbano como rural, para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Se trata de una amplia variedad de proyectos relacionados con el transporte público de pasajeros, la construcción de viviendas sustentables y la infraestructura urbana y humana.En las dos reuniones la funcionaria tandilense los invitó a una ronda de negocios que se hará en Tandil en 2022 y el embajador argentino en Colombia se comprometió a extender la invitación a empresarios de ese país y que puedan participar.

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“La usurpación es un delito y los que cometen delitos son delincuentes”

“Pudimos ver en la gente no solo el entusiasmo sino también el compromiso”, celebró Alejandra Marcieri

El Municipio brinda asistencia alimentaria a 2100 familias y el número tiende a estabilizarse

El Municipio duplicó el número de personas a las que brinda asistencia alimentaria

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Sobre los planes sociales, Marcieri lamentó que hay "tres generaciones seguidas asistidas por el Estado"

El Ejecutivo elevó un proyecto para facilitar lotes a través de la autoconstrucción de viviendas

El intendente Lunghi recibió un reconocimiento internacional