El Municipio acordó con el CFP 401 mantener los puestos de trabajo durante el próximo año

El Centro de Formación Profesional (CFP) 401 se encontró durante el último mes reclamando por su disconformidad ante el pase de la institución de la órbita de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia al ámbito municipal. Los directivos, docentes, alumnos y gremios advirtieron que de este modo peligraban las fuentes de trabajo y la calidad educativa.

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Dentro de las razones esgrimidas en contra de la municipalización del CFP, se hallan la reducción de la carga horaria, el tipo de certificación otorgada –que pasaría a ser laboral en lugar de profesional-, la conversión de los cursos en talleres, la restricción de la edad para acceder, el cambio del personal y el riesgo en la continuidad laboral de quienes se desempeñan en el establecimiento.

Frente a este escenario, luego de que el Departamento Ejecutivo firmara el convenio de traspaso el pasado 3 de octubre, el personal del establecimiento estaba en alerta ante las definiciones que adoptara el Municipio con respecto al funcionamiento del mismo y los puestos de trabajo.

El acuerdo para el año que viene

El jueves de la semana pasada, la directora del CFP 401, Sandra Aspitia, se reunió con el director de Desarrollo Económico Local, Raúl Moyano; el subcoordinador de la Oficina de Empleo municipal, Juan Manuel Quaranta; y el director de Industria, Comercio, Servicios y Emprendedores, Mauricio Madarieta, para abordar los temas que preocupaban al sector.

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La referente de la institución, en comunicación con El Eco de Tandil, informó que desde el Ejecutivo se acercaron para solicitar la nómina de cursos para el año que viene y fue posible reconvertir dos de ellos dentro del área de salud, para que los instructores continúen dictando clases en el ciclo lectivo 2019. “Pudimos acomodar la planificación, para poder cumplir nosotros desde el servicio con la solicitud de ellos y que todos los instructores sigan con su trabajo”, indicó.

Ese viernes se concretó un nuevo encuentro del que participaron Quaranta, Madarieta, el supervisor nombrado por el nuevo Instituto Provincial de Formación Laboral, Ricardo Rodríguez, y Blas Pugliese por el Ministerio de Trabajo bonaerense, en el que se visó y aprobó la planificación para que siga el recorrido correspondiente. “Tenemos entendido que todos continuamos con los cargos, por el momento no dicen nada de cambiar el director”, sostuvo Aspitia.

La directora, además, agradeció a toda la comunidad por el apoyo recibido y se mostró satisfecha por haber llegado a esta instancia de diálogo y acuerdo, en contraposición a los acercamientos iniciales que no fueron tan fructíferos.

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“Estos funcionarios van a hacernos llegar unos avales que necesitamos para dictar los cursos y estaremos en contacto para seguir afianzado el vínculo, que fue sumamente respetuoso”, agregó, sin dejar de lado que a pesar de estos avances, seguirán reclamando que no constituyen un centro conveniado y por ese motivo, no les corresponde alinearse a la normativa de los centros de estas características, cuestión que han manifestado históricamente.

Las inquietudes de la oposición 

Por otro lado, se celebró una reunión entre concejales de todos los bloques y funcionarios del Ejecutivo, con la participación del jefe de gabinete Julio Elichiribehety; el titular de Desarrollo Económico Local Raúl Moyano; y la responsable del área de Desarrollo Social Alejandra Marcieri. El encuentro fue propiciado por los bloques opositores para conocer detalles del convenio de traspaso rubricado a comienzos de mes.

Sobre este tema, la edil por Unidad Ciudadana, María Eugenia Poumé, en diálogo con este medio, dejó sentada su postura y explicó que no corresponde que se firme un convenio de esta índole, aduciendo que no tiene asidero legal.

“Es un Centro de Formación Profesional puro, siempre perteneció a la Provincia, por lo tanto se están  vulnerando los derechos adquiridos de todos los docentes que allí trabajan. Nosotros sabemos que por el año que viene no se va a tocar ningún instructor; pero si se tocaran posteriormente, mucha gente no podría jubilarse”, defendió la legisladora.

Con  respecto a una propuesta efectuada desde el Estado municipal de darles a los trabajadores horas cátedras en el Municipio para compensar la pérdida de espacios educativos en el CFP, Poumé resaltó que la diferencia salarial existente entre las horas del Municipio y la Provincia es abismal, y los instructores y el resto del personal no solamente perderían su posibilidad de jubilarse con el régimen de la DGCyE, sino que cobrarían un salario cinco veces menor.

“Nada de lo que dijeron en el encuentro nos conformó”, expresó. Según sus declaraciones, los argumentos sostenidos por el Gobierno se amparan en que no se hallan cubiertas las necesidades distritales de formación de trabajadores.

“No fue nunca un capricho del CFP, las  ofertas educativas están diseñadas y aprobadas por el Copre, que es una institución que se reúne dos o tres veces al año y en ella están representados los colegios profesionales, las escuelas técnicas, institutos superiores y de ahí surgen los cursos”, señaló.

Dentro de las dudas que persisten aún entre los concejales y no fueron saldadas en el encuentro, aparecen las implicancias del cambio de denominación de profesional a laboral, que legislativamente tiene otra incumbencia.

La legisladora planteó que la municipalización va a generar muchos problemas en el ámbito gubernamental local, porque los perjuicios que estos cambios pueden ocasionar en los trabajadores permitirán que accionen judicialmente contra la Provincia y el Municipio, si les cortan la continuidad o les impiden jubilarse.

Por su parte, mencionó que si bien es posible ahora contar con la “benevolencia” de esta gestión municipal, que se comprometió durante el ciclo lectivo 2019 a no quitar a ningún instructor ni modificar los puestos laborales, los resultados de las elecciones del año próximo podrían significar un punto de inflexión que produzca un riesgo en la institución.

“En distritos donde gobierna Cambiemos, por ejemplo Azul, los concejales de ese bloque no avalaron el convenio, que necesita del aval del Deliberativo, y no porque estén en contra de la Gobernadora sino porque están a favor de un establecimiento provincial que debe ser respetado. Han sido un ejemplo, dando muestras de que más allá de la pertenencia a un partido político, defienden la escuela pública. Ojalá los concejales de acá hagan lo mismo y demuestren su compromiso y empatía con el CFP 401”, conminó.

“Lunghi está sintiendo un Gobierno provincial autoritario que pone condicionamientos para recibir  fondos”, postuló la entrevistada sobre las razones que podrían haber derivado en la aceptación del traspaso por parte del Municipio.

El convenio que suscribió el Intendente con la Provincia aún no fue elevado al Concejo Deliberante, pero Poumé aseguró que va a reclamarlo para que tome estado legislativo y sea analizado en las comisiones de Educación o  Interpretación y Asuntos Legales, y así poder efectuar el tratamiento correspondiente en el recinto, en las sesiones venideras.