El Municipio completó el desalojo y la demolición de construcciones ilegales en la Ruta Provincial 30

El Municipio de Tandil, en un operativo coordinado con las fuerzas policiales, concretó el desalojo y la posterior demolición de diversas construcciones que se encontraban instaladas de manera ilegal en un inmueble ubicado en el cruce de la Ruta Provincial 30 y las vías del ferrocarril, específicamente en el kilómetro 133. 

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El predio, que es propiedad del Estado provincial y se encuentra bajo la órbita de la Dirección Provincial de Vialidad, fue recuperado tras un proceso judicial que se extendió durante varios meses.

La intervención contó con la participación activa de efectivos de la Comisaría Cuarta de Tandil y personal de la Dirección de Servicios Municipal. Estos equipos fueron los encargados de ejecutar las tareas de remoción de las estructuras existentes, permitiendo que el terreno recupere las condiciones de seguridad exigidas por la normativa provincial vigente para este tipo de sectores estratégicos.

La importancia de esta medida radica en que el inmueble se sitúa en una zona denominada cono de visibilidad. Según las normas de seguridad vial, estos espacios deben permanecer totalmente despejados de obstáculos para asegurar una visual clara en cruces, curvas y accesos. En estos puntos, la ley prohíbe terminantemente la existencia de construcciones permanentes, plantaciones de gran altura o cualquier tipo de cartelería que pueda obstruir la visión de los conductores que circulan por la ruta.

El procedimiento fue el resultado final de la causa penal IPP N° 01-01-002535-25/00, caratulada como “C., E. R. y Otros s/Usurpación de inmueble Tandil”. El expediente tramitó ante el Juzgado de Garantías N° 1 de Tandil y la Fiscalía N° 8, bajo la supervisión del fiscal Gustavo Andrés Morey. La causa se originó tras la ocupación del terreno por parte de un grupo de personas durante los años previos.

El proceso judicial y el acuerdo de desocupación

En marzo, el Juzgado de Garantías N° 1 había ordenado inicialmente el desalojo de los ocupantes, otorgando un plazo de 15 días hábiles para el cumplimiento de la medida. Sin embargo, con el propósito de alcanzar una resolución pacífica, se abrió una instancia de diálogo en la que intervinieron la Defensoría Oficial, el representante de la Dirección Provincial de Vialidad y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Tras las negociaciones, se acordó extender el plazo de desalojo a 180 días.

Este acuerdo contó con el aval del titular de la UFI, quien además solicitó una medida de no innovar. El objetivo central de esta disposición fue impedir que se continuaran realizando obras o modificaciones sobre el inmueble, preservando así el estado del terreno y evitando la escalada de conflictos, además de proteger los bienes del Estado provincial. El 14 de abril, el Juzgado de Garantías N° 1 formalizó esta medida cautelar, ordenando el cese de cualquier actividad constructiva y estableciendo la fecha límite para la desocupación total del lote.

Durante los 180 días que duró el plazo acordado, las autoridades y el personal de la Comisaría Cuarta realizaron un seguimiento constante de la situación. En este proceso, fue fundamental la colaboración de los vecinos de la zona, quienes mantuvieron una comunicación permanente con las fuerzas de seguridad para alertar sobre cualquier movimiento que pudiera atentar contra lo dispuesto por la Justicia.

Una vez vencido el plazo y constatada la desocupación del inmueble, el Municipio procedió con las tareas de demolición y limpieza. Desde la Secretaría de Protección Ciudadana destacaron que el éxito del operativo fue posible gracias al trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado, el Poder Judicial y el compromiso de la comunidad local, logrando recuperar un espacio esencial para la prevención de accidentes y la seguridad de todos los ciudadanos que transitan por la Ruta Provincial 30.

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