El Municipio de Tandil reiteró su postura respecto a la ocupación del macizo privado ubicado en el barrio La Movediza y volvió a señalar que la responsabilidad de intervenir en ese predio corresponde al Gobierno Nacional, luego de que la propia Nación lo incorporara al Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) en 2023, bajo la gestión de Alberto Fernández, y fuera confirmado en 2024 con el gobierno de Javier Milei.

En julio de 2025 la Justicia archivó la causa penal por la toma en La Movediza, y consideró que a partir de la inclusión del lote en el Renabap, no existe en este caso el delito de usurpación. Tras esta decisión, el particular damnificado podría solicitar la revisión de la resolución del fiscal. Sin embargo, El Eco accedió a la información de que el expropietario del lote ya inició por vía administrativa el juicio por expropiación.

A partir de entonces, se aguardaba por conocer la postura del Municipio de Tandil en función de la integración sociourbana del lugar, en particular la apertura de calles —algunas de ellas ya fueron dispuestas a partir de la activación del protocolo de desalojo—, y el acceso a los servicios básicos.

En la comunicación oficial realizada ayer, el Gobierno Local dejó bien en clara su postura negando toda posibilidad de destinar fondos comunales para la urbanización de un espacio en el que a día de hoy conviven más de 120 familias. 

Presentaciones Formales

Desde el Ejecutivo recordaron que vienen participando en las instancias de diálogo convocadas por la Justicia junto a la Defensoría Oficial y organismos del gobierno provincial. Sin embargo, señalaron que en ninguna de esas reuniones estuvieron presentes representantes del Gobierno Nacional, a pesar de ser la autoridad competente para definir la situación del macizo incorporado al Renabap.

El pasado jueves el jefe de Gabinete, Julio Elichiribehety, presentó de forma presencial dos notas ante la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía de la Nación y ante el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia. En ellas, el Municipio pidió definiciones urgentes sobre el macizo y solicitó que Nación y Provincia asuman las responsabilidades que les asigna la Ley 27.453.

En dicha legislación se declara de interés público la integración de los “Barrios Populares” identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana promoviendo proyectos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes mediante el acceso a servicios básicos y la regularización de la propiedad de las tierras.

En ese sentido, también reiteraron desde el Ejecutivo local que el terreno continúa a nombre de su propietario debido a que el proceso de expropiación no está concluido, y remarcaron que el Municipio no destinará recursos públicos de los tandilenses para urbanizar, mejorar o dotar de servicios a una toma ubicada en un predio privado, una postura que mantiene desde el inicio del conflicto.

Además, hicieron hincapié en que el Gobierno Nacional no respondió a ninguna de las notas anteriores enviadas por la comuna, en las que se solicitó la revisión del caso y también se realizó el pedido formal de remoción del macizo del Renabap. No obstante, el Ejecutivo local indicó que seguirá reclamando a través de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana el cumplimiento de la legislación vigente en materia de barrios populares.

Una convivencia dificultosa

Para afianzar su postura, desde el Municipio remarcaron que los principales afectados por esta situación siguen siendo los vecinos lindantes, quienes conviven desde hace más de dos años y medio con los impactos de la ocupación y reclaman definiciones claras a las autoridades nacionales responsables. 

Vale recordar que distintos frentistas han relatado a través de estas páginas su malestar ante inconvenientes que han tenido que atravesar con algunas de las más de cien familias que hoy habitan el macizo.

Durante el último año también se profundizó la necesidad de la intervención de la Usina Popular y Municipal para realizar cortes de instalaciones irregulares en el barrio. Representantes del organismo alertaron sobre la peligrosidad a la que los vecinos se exponen al acceder al servicio sin la normativa de seguridad adecuada. 

Por su parte, desde el barrio popular señalaron la necesidad de contar con luz en el lugar para conservar alimentos, medicamentos, calefaccionarse y otras posibilidades básicas. Desde el Observatorio Social de la Facultad de Ciencias Humanas de la Unicen elevaron un informe con el foco puesto en esta necesidad. Además de datos concretos sobre la situación del lugar, el texto da cuenta de las problemáticas de no poder acceder al servicio de energía eléctrica. No obstante, desde la Usina continuaron realizando los operativos correspondientes para dar de baja las conexiones clandestinas.

Haciendo base en que el proceso de expropiación del macizo todavía no concluyó y el terreno continúa inscripto a nombre de su propietario, el Municipio mantiene su postura de pedir respuestas a Nación y Provincia y aseguró que no va a destinar fondos locales para urbanizar una toma. Las intervenciones del Gobierno local serán, como lo han sido hasta ahora, solamente ante situaciones de salud o riesgo en las poblaciones más vulnerables.

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