El reclamo por la iluminación de la rotonda de la 30 y 226 expuso el fracaso de los contratos PPP
La defensora del pueblo participó de una reunión con el administrador general de Vialidad nacional, en la que se puso en evidencia la necesidad y urgencia de concretar la señalética e iluminación del distribuidor. Para ejecutar este proyecto, primero debe resolverse la situación de los contratos de participación público privada realizados por la gestión anterior, que están en la mira del Gobierno nacional por los incumplimientos y paralización de obras en seis corredores viales, en este el caso el de las rutas nacionales 226 y 3.
Luego de lanzar una campaña virtual y de volver a colocar el tema de la iluminación y señalización de la rotonda de las rutas 30 y 226 y el acceso a la Base Aérea en agenda, la semana pasada la defensora del pueblo de Tandil, la doctora Paula Lafourcade, mantuvo un encuentro virtual con el titular de la Dirección Nacional de Vialidad Gustavo Arrieta para abordar la problemática, que está contemplada como obra prioritaria dentro de la actual gestión.
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El pedido, además, expuso las irregularidades de los contratos de participación público privada (PPP) de los corredores nacionales puestos en marcha por el macrismo, que revelaron graves incumplimientos que deberán resolverse para destrabar los proyectos parados.
Se trata, en concreto, de la primera etapa del ambicioso plan de Red de Autopistas y Rutas Seguras, con el que el gobierno anterior se comprometió a hacer construir seis corredores viales de más 7.500 kilómetros de rutas, pero cuya ejecución no llegó al 2 por ciento. Los fondos para desarrollar las obras en Tandil dependen de la resolución de estos convenios, que están en disputa en la órbita nacional.
Puntualmente, las autoridades informaron a la funcionaria que la colocación de las luminarias y la señalética, pese a tener un bajo costo, deben ser financiadas por el proyecto PPP del corredor de la Ruta 226, denominado Corredor A, que abarca también la Ruta Nacional 3, cuya licitación cayó en manos de la empresa Paolini Hnos SA, Vial Agro SA, INC.
Un avance que entusiasma
En la reunión, de la que también participaron el diputado nacional tandilense Marcelo “Topo” Rodríguez, quien ofició de nexo entre la dependencia gubernamental y la Defensoría, y los concejales del Frente de todos Rogelio Iparraguirre y Ariel Risso, Arrieta le transmitió a Lafourcade la preocupación que existe acerca de la concreción de estas obras, a las que consideraron cruciales junto a la de la rotonda de Cañuelas, encrucijada en la que también se registran numerosos siniestros viales.
En diálogo con el programa de radio “Cosas que pasan” (104.1 Tandil FM), la abogada destacó que “hay una prioridad de que entre en un grupo de obras urgentes y nos da tranquilidad de que vaya a ejecutarse. Nosotros no manejamos los tiempos, pero la idea es lograr la señalización y después tratar de avanzar con la iluminación”.
Esta demanda, que es histórica de la comunidad tandilense y la zona, llegó el año pasado a la Defensoría a través del Foro de Seguridad y se canalizó en ese entonces el pedido a las autoridades de Vialidad, pero no hubo respuestas. En tanto, este encuentro supuso un progreso para las gestiones en torno a la problemática y activó ciertas expectativas para que las mejoras se materialicen.
Además, enfatizó que va a ser importante que arriben a la ciudad técnicos del área para empezar a delinear el proyecto mientras se soluciona la cuestión financiera, así se impide su postergación. Al respecto, la defensora señaló que se quedó con una “buena impresión” del encuentro e hizo hincapié en que el pedido excede los colores políticos, por tratarse de un derecho y una necesidad de los tandilenses y de todos los transeúntes de estas centrales vías de acceso y comunicación, que también involucra a peatones, sobre cuyos saldos trágicos es urgente intervenir.
“Dividimos el reclamo para avanzar y centrarnos en la señalización primero, algo fundamental y de bajo costo. Ahora circulamos una nota a la dirección e hicieron lo mismo los concejales para impulsar que se trabaje en esta etapa. Valoré que nos escucharan, no siempre sucede porque se traban los canales, y se tomó conciencia de la necesidad de esta obra en Tandil”, cerró.
Los contratos PPP bajo la lupa
De acuerdo a la información oficial, el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Nicolás Katopodis, solicitó a su equipo de asesores que evaluara el régimen de PPP y se les pidió a las empresas que cumplieran con el incremento de las garantías, advirtiendo sobre la posibilidad de ejecutar la extinción de los contratos.
Así, el oficialismo evalúa dar de baja estos contratos, que no dieron los resultados esperados y son muy onerosos, con casi 4.000 millones de dólares de costo financiero. En este marco, el ministro Katopodis intimó a las empresas que en junio de 2018, en el marco del régimen de PPP contemplado por la ley 27.328, resultaron adjudicatarias de las licitaciones para llevar a cabo obras de infraestructura 3.500 kilómetros de rutas, focalizadas en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Mendoza.
El dictamen que hacen en Vialidad Nacional es lapidario en cuanto al avance del pretencioso esquema: “En términos globales la ejecución física del plan de obras no supera el 2 por ciento”.
Según un reporte interno que hizo la cartera vial sobre el avance de obras, “en algunos casos la parálisis es total”. “Las empresas tampoco han podido realizar el cierre financiero, es decir que el financiamiento privado para las obras sigue sin concretarse, ni han cumplido con el incremento del monto de la garantía de cierre financiero de acuerdo a lo estipulado en los contratos”, apuntaron.