La Asamblea le apuntó a la Usina por bajar la luz a lotes irregulares de la Zona Protegida
Fabián Mestralet, integrante de la ONG, cuestionó que contabilizaron una decena de pilares de luz en un macizo sin planos. “Uno se pregunta cómo puede ser que la propia empresa municipal le provea el servicio a algo que es absolutamente irregular”, expuso. Se pronunció a favor de demoler: “Esas casas no deberían estar ahí. Es claro” y apuntó a “la igualdad ante la ley” más allá de la protección del ambiente.
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Fabián Mestralet, integrante de la Asamblea Ciudadana por la Preservación de las Sierras, ratificó que había advertido en 2024 sobre el loteo en Zona Protegida que, sobre el fin de semana, denunció el Departamento Ejecutivo ante la Justicia de Faltas. El debate resurgió en el Concejo Deliberante, a partir de un pedido de informes impulsado por Fuerza Patria que fue votado por unanimidad.
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailEl preservacionista ubicó las construcciones irregulares en una manzana ubicada en las calles Israel y Lanza de Basto. “Abarca una zona que está dentro del área protegida porque tiene una altura elevada, pero además cuando uno va, primero se encuentra con un portón en una calle que en teoría es pública, y se encuentra con un loteo que es absolutamente irregular”, explicó en diálogo con “La mañana de El Eco” (104.1 Tandil FM y El Eco Streaming).
Confirmó que esta subdivisión formó parte de la presentación de una serie de denuncias que realizaron, que “lamentablemente no hemos tenido una respuesta pública del Municipio” y ratificó que el loteo en cuestión “siguió avanzando”.
En tanto, sumó como “algo muy preocupante que ahora tenemos la respuesta de un funcionario municipal que dice que no tiene planos, pero sin embargo cuando uno va al lugar se encuentra con que tiene diez medidores de la Usina. Si no tiene planos, cómo la Usina le va a bajar la luz”.
Explicación pública
Cuestionó que la Usina, una empresa con capitales municipales mayoritarios, “si no tiene planos, cómo le va a bajar la luz. La verdad que no se entiende” y concluyó que “es absolutamente irregular. Es un lugar muy elevado que, como bien dice el propio funcionario, a lo sumo podría haber una sola construcción”.
En tanto, Mestralet señaló que en el momento que denunciaron había tres construcciones, pero “evidentemente han avanzado, hay más; pero además los medidores que estaban bajados, que nosotros sacamos las fotos y lo presentamos al Municipio eran no menos de nueve o diez. En ese momento, en 2024”.
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En igual sentido, reflexionó que “uno se pregunta cómo puede ser que la propia empresa municipal le provea el servicio a algo que es absolutamente irregular, que según el propio funcionario no tiene planos y que avanzó, evidentemente, sin ningún tipo de control. La verdad que no se explica”, insistió.
En tanto, consideró que la Usina “debería retirarlos, así como hicieron en el loteo este donde agredieron al vecino, que fue la Usina y los retiró el Municipio, como mínimo tendría que retirar los medidores”.
Mestralet remarcó que “tendría que haber una explicación pública”, porque “la Usina cuando uno va a hacer un trámite, le exige a la persona que va los papeles correspondientes, como mínimo una certificación de propiedad o alquiler”.
Demolición como antecedente
En relación a las expectativas ante la judicialización del caso, señaló que “la Justicia evaluará y se verán las medidas. En realidad eso ahí no tendría que estar. Es así de claro”.
Ante la repregunta, el preservacionista refrendó que “esas casas ahí no tendrían que estar”, al tiempo que recordó que a un vecino de Villa Cordobita lo hicieron demoler, hace un año, una vivienda en un lugar donde carecía de autorización.
Irregularidades y estafas
Mestralet apuntó también a la comercialización de lotes que no existen en los planos. “Se multiplican las estafas y casos absolutamente irregulares que son muy nocivos paras sierras. Nosotros trabajamos desde el punto de vista ambiental, entendiendo que hay que preservar las sierras, pero la verdad que también nos encontramos con que es absolutamente irregular y viola cualquier principio de ley. Pareciera que hay algunas personas que pueden avanzar y hacer cualquier cosa y el resto de los vecinos que cumplimos la ley nos tenemos que atener a aquellas cosas que está previsto en la ley que se pueden hacer en cualquier lugar de la ciudad, no solamente en las sierras”, analizó y focalizó en el principio de “igualdad ante la ley”.
En tanto, confirmó que quien comercializa este emprendimiento irregular es el mismo que ofrecía el de La Elena donde resultó agredido un vecino y agregó que “hay varios loteos” ya que “nosotros en 2024 denunciamos 20 casos. Los tenemos mapeados y están en el sitio de la Asamblea que es asambleasierrastandil, que pueden encontrar el acceso al mapa. Esos son los que fehacientemente hemos comprobado que son irregulares, por supuesto que debe haber muchos más, porque nosotros lo hacemos como vecinos con nuestros medios”.
Y cuestionó que “el Estado municipal, con todas las herramientas que tiene, tendría un poder de contralor mucho más efectivo” y expuso que los funcionarios deberían responder ante la fiscalización.
En esa línea, apuntó que si la ONG integrada por vecinos, a partir de denuncias de otros vecinos, va a comprobar a los lugares, saca fotos y usa mapas satelitales para comparar, “el Municipio tiene todas las herramientas para hacerlo, claramente. Si se deja avanzar esto, claramente, es o por mecanismos de excepción o porque no se está controlando como corresponde”.
Reacción tardía
Por otra parte, aclaró que desde la Asamblea, en 2024 realizaron las presentaciones ante Mesa de Entradas, dirigidas a los funcionarios que correspondía, pero “no tuvimos una sola respuesta por ninguno de los casos. Públicamente se da una respuesta por una manzana en Don Bosco, donde hay una persona que puede hacer una sola construcción en esa manzana y quiere dividir en siete lotes y hacer dos construcciones por cada lote. Ese es el único caso donde intervino el Municipio, que no sabemos en qué estado estará”.
En tanto, atribuyó la reciente denuncia del Ejecutivo, a que “tomó estado público” este segundo caso que calificó como “absolutamente irregular”, al tiempo que advirtió que “hay muchos más”.
Mestralet remarcó que “la obligación de los funcionarios es hacer lo que corresponde y evitar que ese tipo de proyectos avance”, argumentando que “es absolutamente irregular, no se cumple la ley, y por otro lado, tiene consecuencias terribles para la ciudad. Justamente por eso hay una Zona Protegida y hay un Plan de Ordenamiento que se tiene que cumplir, es una ley, y lamentablemente vemos que en muchos casos no se hace cumplir. Los que tienen que dar las explicaciones son los funcionarios y tienen que revertir la situación”.
Auditoría antes de reformar el PDT
Consultado sobre el debate para actualizar el PDT, Mestralet insistió con que “si hay una ley vigente, se tiene que cumplir. Parece algo increíble, sobre todo si uno se lo plantea como vecino a funcionarios públicos”.
En paralelo, evaluó que “si una persona porque tiene cierto grado de influencia, tiene dinero o se le ocurre avanzar y hace cualquier cosa en cualquier lugar y vende lotes que en realidad no existen legalmente, que no se podrían hacer, en lugares que tienen consecuencias ambientales que son desastrosas para el resto de la ciudad, entonces para qué existe la ley”.
Para Mestralet, “primero se tiene que cumplir el PDT, para empezar” y agregó que “cualquier modificación, lo que planteamos nosotros es que primero se tiene que hacer una auditoría de todo lo que se hizo en la Zona Protegida, antes de hacer cualquier cosa, y ninguna modificación puede legalizar aquello que se hizo mal, que se dejó avanzar haciendo la vista gorda, como este proyecto por ejemplo, o que se le dio una excepción irregular. Todos esos proyectos no se pueden legalizar. De alguna manera se tiene que volver para atrás con esto”.
Medición de parte para el colegio de Fleming
Por otra parte, Fabián Mestralet confirmó que la Asamblea Ciudadana planteó objeciones a la construcción de un colegio en avenida Fleming y manifestó que el Municipio “debería transparentar y dar a conocer el proyecto, y las personas que lo presentan”.
Consideró que la institución educativa “es un negocio” para el cual los promotores “necesitan la firma de un funcionario que les habilite una excepción y que el Municipio haga una obra a costa de todos los contribuyentes para poder habilitar esa excepción, agua y cloacas mínimo”.
Explicó que el emplazamiento a unos 300 metros aproximadamente de la Curva de la Muerte “es absolutamente inadecuado” y fundamentó que “inclusive, según el PDT, la norma municipal, eso está por encima de la cota 220 (metros sobre el nivel del mar). Ahora aparentemente los particulares hicieron una medición y dicen que no, que está por debajo de esa cota. Sin embargo, la medición es particular, no es que la hizo el Municipio con algún profesional contratado que se puede verificar y encima, dan por válida esa medición del privado. Es muy irregular”.
Por otro lado, evaluó que si bien en la zonificación vigente el uso educativo estaría permitido, “tienen que presentar estudios de impacto ambiental y un montón de documentación que tendría que ser pública, además, y hay que hacer una obra que no está en el presupuesto, que demanda alrededor de 180 millones de pesos, que gran parte de la obra la pagamos entre todos los vecinos”.
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