Organizaciones nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular de Tandil (UTEP) hicieron una reunión pública para manifestarse en contra de la eliminación del Salario Social Complementario. La medida anunciada por el gobierno nacional afecta a más de 900 vecinos de la ciudad que se desempeñan en cooperativas de construcción, limpieza de espacios públicos, recuperación de residuos,  comedores e instituciones de acompañamiento personas con consumos problemáticos. Hasta abril, percibieron un monto de 78 mil pesos mensuales por su labor.

“Estamos manifestándonos ante una política nacional de ajuste y desmantelamiento sobre el Salario Social Complementario. Es una política que surgió en el 2017 para los sectores de la economía popular como una base de garantía, un piso que conquistó la clase trabajadora super invisibilizada. Gente que en su mayoría habita los comedores, en las cooperativas”, expresó Valeska Galaz, referente del MTE Tandil.

El encuentro se llevó a cabo en la Plaza Independencia, y comenzó poco después de las 10 del martes 7 de abril. Contó con la adhesión  de ATE, SUTEBA, la CTA de los Trabajadores, ADUNCE, Patria Grande, el Movimiento Evita, la Biblioteca Popular de Mujeres, y el Observatorio Social de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEN, entre otros.

“Estamos como gremio UTEP interpelando a diferentes sindicatos y organizaciones a lograr esta unión de los gremios de la clase trabajadora, no solo de la economía popular, sino también de los adultos mayores, compañeras del Movimiento Evita, compañeras de La Garganta Poderosa, todas las organizaciones que hacen el trabajo en el territorio a poder unirnos”, planteó Galaz. 

"Si bien el Salario Social Complementario es una política estatal nacional, el Municipio de Tandil necesita hacerse cargo de que somos ciudadanos que vivimos en esta ciudad, que habitamos esta ciudad que contenemos las problemáticas en los barrios de esta ciudad", sumó la referente.

El impacto en los barrios y el rol de los comedores

En el marco de la conferencia pública, los referentes de las distintas organizaciones dieron cuenta de la situación en los barrios de Tandil, la complejidad frente a los recortes de las obras públicas vinculadas a la integración sociourbana, y la realidad de los jubilados. Uno de los puntos centrales fue la dificultad de que atraviesan los comedores para subsistir y continuar brindando asistencia a vecinos y vecinas. 

 “¿Qué va a pasar si los comedores se quedan sin los ingresos que teníamos y cada vez son menos compañeras? Cada vez somos menos los que estamos conteniendo”, señaló Galaz.

A nivel local, la cifra de afectados es precisa y alarmante. "En Tandil son afectados alrededor de 950 trabajadores de la economía popular, que son los compañeros que trabajan en el territorio, en los comedores, en las cooperativas de construcción, en las cooperativas de cartoneros, en las cooperativas que tienen de producción de alimentos, en las de medio ambiente", detalló Galaz, dimensionando la escala de un conflicto que abarca múltiples rubros productivos y de servicios esenciales.

Otro de los ejes de la jornada fue el combate contra los discursos que pretenden deslegitimar la labor de las organizaciones sociales. Los referentes coincidieron en que existe una campaña de desprestigio que busca presentar a los trabajadores del sector como personas que no desean insertarse en el mercado laboral, ignorando que la economía popular es, en muchos casos, la única respuesta posible.

"Esto es también para que los vecinos y la sociedad de Tandil sepa todo el trabajo que se realiza. Por eso los compañeros están exponiendo qué se realiza desde cada frente de organización, porque a veces nos parece como que es muy fácil decir ‘estos negros planeros’ cuando en realidad trabajamos un montón, por eso no nos resignamos a no volver al trabajo. Si nosotros siempre tuvimos trabajo, siempre generamos trabajo, siempre estuvimos organizando el trabajo", enfatizó Galaz frente a los medios presentes.

"Sigue habiendo esta estigmatización a organizaciones sociales solo por cobrar un salario social complementario que es un derecho que quedó congelado en 78 mil pesos. En su momento lo habíamos ligado al salario mínimo vital y móvil, pero Milei lo desligó. Entonces cada vez como que se van recortando más políticas para el sector laburante. Esto que implica que cada vez haya más gente en situación de informalidad que es empleada, porque esos 78mil pesos hacen una diferencia para muchas familias de la ciudad. y tienen que ir a buscar otras formas de subsistencia", concluyó la referente del MTE.

El gobierno nacional anunció el fin del Salario Social Complementario y su reemplazo por el Programa Volver al Trabajo. “Tiene como finalidad desarrollar y consolidar un nivel de competencias sociolaborales para sus beneficiarios que les permita alcanzar un nivel de empleabilidad inicial real y mejorar sus oportunidades de inserción laboral”, marca la información oficial al respecto. Las organizaciones sociales rechazan dicha medida.

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El Eco de Tandil

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