La UTEP Tandil cuestionó un fallo judicial que habilita cambios en el Salario Social Complementario
Trabajadores de la economía popular aseguraron que la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones afecta a más de mil familias de Tandil y advirtieron sobre el impacto de la medida.
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La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) expresó su rechazo al fallo de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones que revocó la medida cautelar que mantenía vigente de manera provisoria el Salario Social Complementario. Desde la organización manifestaron que la decisión judicial permite al Gobierno nacional avanzar en la eliminación de ese ingreso destinado a trabajadores de la economía popular.
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailA través de un comunicado, la UTEP calificó la resolución como "un nuevo golpe para miles de trabajadores y trabajadoras de la economía popular en todo el país" y consideró que el fallo "consolida un proceso de desmantelamiento de las políticas destinadas a la economía popular y al conjunto de la clase trabajadora".
Según la organización, la decisión judicial se enmarca en un contexto de recortes que incluye el congelamiento del Salario Social Complementario, el desfinanciamiento de cooperativas, la paralización de obras de integración sociourbana y la reducción de programas comunitarios.
"La naturaleza del Salario Social Complementario sigue siendo la misma: complementar el ingreso de trabajadores y trabajadoras de la economía popular que todos los días desarrollan actividades productivas y comunitarias que el mercado laboral formal no reconoce ni absorbe, pero que resultan indispensables para la sociedad", sostiene el documento.
Impacto en Tandil
La UTEP afirmó que en Tandil la medida alcanzaría a más de mil familias vinculadas a distintos sectores de la economía popular. Entre ellas se mencionó a recicladores urbanos, cooperativistas que realizan mejoras en barrios populares, trabajadoras de comedores y merenderos, equipos dedicados al acompañamiento de personas con consumos problemáticos y trabajadores de tareas de cuidado y promoción comunitaria.
"Todas esas tareas son trabajo. Además de garantizar el sustento de quienes las realizan, mejoran la calidad de vida de miles de tandilenses y cumplen una función social indispensable", señala el comunicado.
La organización también advirtió sobre las consecuencias económicas que, a su entender, tendría la eliminación del beneficio. Según sus estimaciones, dejarían de ingresar a la economía local más de 900 millones de pesos al año que actualmente se destinan al consumo en comercios de cercanía, como almacenes, carnicerías, farmacias y ferreterías.
Críticas al Gobierno nacional
En el documento, la UTEP cuestionó además la política del Gobierno nacional respecto de la economía popular y rechazó la posibilidad de reemplazar el Salario Social Complementario por un esquema de vouchers y capacitaciones.
"El Gobierno pretende reemplazar el salario por un sistema de voucher y 'capacitaciones fantasmas' que solo aparecen en CABA y que no garantizan ni un solo puesto de trabajo", sostiene el comunicado, que además afirma que esa estrategia "transfiere recursos hacia el sector privado" y no contribuye a generar empleo formal.
La organización también vinculó el debilitamiento de las políticas sociales con un deterioro de las redes comunitarias y advirtió que la pérdida de presencia estatal en los barrios incrementa situaciones de vulnerabilidad.
"Allí donde el Estado retrocede y las organizaciones pierden capacidad de acción, avanzan las economías ilegales y las redes del narcotráfico que reclutan a nuestros pibes", expresó la entidad.
Reclamos
Frente al fallo judicial y al escenario planteado, la UTEP reclamó al Gobierno nacional la actualización del Salario Social Complementario y del programa Acompañamiento Social, una recomposición de las partidas alimentarias destinadas a espacios comunitarios, financiamiento para el equipamiento de comedores y merenderos, y la reactivación de las obras paralizadas en barrios populares mediante la ejecución de los fondos del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).
La organización cerró el comunicado con una consigna que sintetiza su postura frente a la decisión judicial y las políticas oficiales: "Sin salario no hay trabajo. Sin trabajo no hay paz social".
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