Ley de Etiquetado Frontal: advierten que derogarla sería un “retroceso” en salud pública

El Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley para derogar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable 27.642, conocida popularmente como la Ley de Etiquetado Frontal.

El texto oficial argumenta que la aplicación de la normativa vigente, basada en los parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), evidenció severas “limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas” que justifican su eliminación total.

En una entrevista con El Eco de Tandil, la nutricionista e investigadora de la Fundación Interamericana del Corazón (FIC), Victoria Tiscornia, analizó el impacto positivo de la normativa vigente y manifestó su “preocupación” ante el debate sobre su posible eliminación.

Según destacó, existe “evidencia contundente” en el país que refleja que “la ley funciona”, que es “modelo” para la región y que demuestra su llegada a los consumidores: “La gente está usando los sellos, los comprende y modificó la conducta de compra”, enfatizó.

Entonces, comparó que “a nivel regional se está avanzando en esta línea”, por lo que “sería un retroceso que Argentina derogue una ley que es modelo internacional”, alertó y llamó a “priorizar la salud por sobre los intereses comerciales”.

La investigadora explicó que el objetivo central de la normativa aprobada en 2021 con 200 votos a favor y 22 en contra en Diputados, tras un proceso de debate que incluyó a industria, sociedad civil y organismos científicos, fue otorgar información y “empoderar” a los consumidores para que pudieran elegir libremente lo que deseaban ingerir.

La percepción ciudadana

A más datos, Tiscornia hizo referencia a un estudio realizado por la FIC junto con Unicef, el cual arrojó que el 90 por ciento de las personas coincide en que los sellos negros permiten identificar de forma rápida y sencilla los productos poco saludables.

Asimismo, indicó que “más de la mitad” de los encuestados modificó su intención de compra en categorías como bebidas, yogures y galletitas tras la implementación de los octógonos.

Los datos revelaron que se redujo la percepción de “saludable” en productos como cereales de desayuno y jugos. Según la especialista, los consumidores pensaban que estos artículos eran beneficiosos antes de la ley, pero una vez que aparecieron los sellos, advirtieron que contenían excesos de nutrientes críticos como azúcares o grasas saturadas. “Luego de implementada la ley, disminuyó la percepción de esas personas sobre los productos que pensaban que eran saludables”, y una vez que implementaron los sellos “se dieron cuenta que no lo eran”.

Este diagnóstico coincidió con un relevamiento del Ministerio de Salud de la Nación y otro estudio de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA realizado a nivel nacional, que mostró que “casi el 80 por ciento de las personas modificó su decisión de compra y seis de cada diez redujeron o abandonaron el consumo de productos con sellos de advertencia”.

Para la integrante de la FIC, estos resultados atravesaron a todos los grupos etarios y niveles de ingresos, lo que reforzó la “capacidad del etiquetado frontal para promover decisiones alimentarias más saludables” de manera “equitativa y transversal” en toda la población argentina.

“Esto permite demostrar que el etiquetado es una herramienta que permite desenmascarar engaños al mostrar la verdadera composición nutricional de los productos”, afirmó.

Una protección para las infancias

En otro de los pasajes de la entrevista, Tiscornia puso especial foco en la “protección” que la ley brindó a los niños, niñas y adolescentes. Según los patrones alimentarios analizados, más del 35 por ciento de las calorías diarias que consumen las infancias provienen de productos procesados y ultraprocesados, una cifra que la ley buscó mitigar.

“Lo que se busca con el etiquetado es dar respuesta a este contexto de salud pública para promover una alimentación más saludable y disminuyendo el consumo de ultraprocesados”, enfatizó.

La especialista remarcó que se trató de una ley integral que no solo se limitó a los sellos, sino que también promovió “entornos escolares saludables”, dado que establece la prohibición del ingreso a las escuelas productos “con al menos un sello” y la obligatoriedad de la educación alimentaria nutricional en todos los establecimientos educativos del país.

Además, Tiscornia mencionó que la normativa reguló la publicidad de alimentos dirigida a las infancias. En este marco, prohibió que los productos con sellos incluyan personajes infantiles, regalos o cualquier otro “gancho comercial” que interpele directamente a una audiencia vulnerable a las estrategias de marketing de la industria alimentaria.

Adaptación de la industria

Respecto a la reacción del sector productivo, la nutricionista sostuvo que hubo una reformulación de productos por parte de la industria. Ejemplificó que ciertos quesos que inicialmente tenían sellos, tras cambios en sus ingredientes, lograron eliminarlos. “Es posible la reformulación y eso lo vemos hoy en la góndola”, aseguró.

A nivel regional, Argentina siguió el camino iniciado por Chile. En la actualidad, son más de nueve los países de la zona que implementaron políticas similares. En el caso chileno, se evidenció una reducción del 25 por ciento en la compra de bebidas azucaradas con sellos, lo que validó el éxito de la medida a largo plazo, según expuso la especialista.

Finalmente, Tiscornia advirtió que “no existen argumentos sanitarios que apoyen la derogación” y que más de 300 organizaciones firmaron una declaración en rechazo a esta intención. Para la investigadora, el Gobierno debería priorizar las políticas de salud por sobre los intereses comerciales, ya que la eliminación de la ley implicaría menos información para los ciudadanos y un fomento al consumo de productos ultraprocesados.

Los puntos principales y fundamentos del proyecto oficial

Según consignó la agencia Noticias Argentinas, el proyecto consta de un articulado directo que establece la derogación de la Ley 27.642 en su totalidad, la cual entraría en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.

Esto incluye la quita de los octógonos negros de advertencia y las restricciones asociadas a publicidad, entornos escolares y uso de personajes infantiles en los envases.

El Gobierno señala que el modelo de perfil de nutrientes actual aplica parámetros homogéneos sobre matrices alimentarias muy diferentes, sin considerar las porciones reales consumidas ni la densidad nutricional.

Según el Ejecutivo, esto genera situaciones inconsistentes donde alimentos tradicionales y saludables reciben advertencias equivalentes a las de productos ultraprocesados, provocando “interpretaciones simplificadas o poco precisas” y confusión en el comprador.

La Casa Rosada argumenta que la estructura binaria del sistema (contiene o no contiene la advertencia) no premia los esfuerzos de las empresas por realizar mejoras parciales o graduales en la composición nutricional de sus productos dentro de una misma categoría.

El mensaje enviado al Parlamento advierte que la falta de armonización regional en materia de rotulado frontal genera trabas operativas dentro del Mercosur, obligando al sector a fabricar envases diferenciados.

Esta situación afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas (pymes), que enfrentan costos fijos de cumplimiento proporcionalmente más elevados, lo que podría incentivar la concentración del mercado.

Además, se cuestiona que numerosos aspectos metodológicos y técnicos hayan sido incluidos directamente en el cuerpo de la ley, lo que impide que el sistema se adapte de forma ágil y dinámica a los nuevos consensos científicos internacionales o a las actualizaciones de las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA).

Por otro lado, el Ejecutivo aclaró que la medida no elimina las obligaciones de información nutricional de los alimentos envasados. La declaración obligatoria de valor energético, azúcares, grasas y sodio continuará plenamente vigente bajo el Código Alimentario Argentino y el sistema armonizado del Mercosur (Resoluciones GMC 44/03 y 46/03), complementado por las leyes de lealtad comercial y defensa del consumidor.

Con este envío, el Gobierno solicitó al Congreso el “pronto tratamiento y sanción” de la norma para avanzar hacia un esquema que califica como “técnicamente más consistente, uniforme y adaptable”.

Sobre el autor

Amalia Goñi

Periodista de El Eco de Tandil