Pese a los cambios en el proyecto, Tandil se movilizó en rechazo a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

Una tarde fría, con el piso todavía húmedo tras una mañana atravesada por la lluvia, fue el escenario de la movilización que reunió este jueves a decenas de vecinos y representantes de distintos espacios en la pirámide de la Plaza Independencia. La convocatoria se realizó en simultáneo con manifestaciones desarrolladas en distintos puntos del país y ratificó, también en Tandil, el rechazo al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pese a que en las últimas horas el Gobierno nacional retiró el apartado que modificaba la Ley de Tierras.

¿qué querés saber?

   Dame un resumen

La actividad comenzó con la interpretación del Himno Nacional Argentino y continuó con la lectura de un documento consensuado entre las organizaciones convocantes. Como cierre, los participantes realizaron una vuelta simbólica alrededor de la Plaza Independencia, en una demostración que buscó expresar la continuidad del reclamo y la defensa de la soberanía, el ambiente y el derecho a la vivienda.

La movilización mostró un marcado carácter multisectorial. Participaron referentes de CTA, CGT, Adunce, Suteba, Udocba, Camioneros, Patria Grande, Memoria por la Vida en Democracia, el Centro de Veteranos de Malvinas, Flor de Murga, Frente de Izquierda, Amalu, La Cámpora, el Partido Justicialista y Mala Junta, entre otras organizaciones.

Entre la personalidades presentes estuvieron los concejales Rogelio Iparraguirre, Juan Salceda, Federico Martínez y Marilén Pogorzelski, el presidente del PJ local Dario Mendez además de representantes sindicales, sociales y de organismos de derechos humanos que acompañaron la convocatoria.

"El pueblo argentino reaccionó frente a un ataque a la soberanía"

Antes del inicio del acto, Hernán Gasparini dialogó con El Eco y sostuvo que la decisión del Gobierno de retirar el capítulo vinculado a la venta de tierras no modifica el rechazo general al proyecto. "Hay dos cosas importantes para rescatar de esta jornada. En primer lugar, la importancia de la reacción del pueblo argentino frente a una ley que directamente atacaba nuestra soberanía", expresó.

En ese sentido, consideró que la convocatoria logró reunir a sectores con distintas pertenencias políticas y sociales alrededor de un objetivo común. "Nos pensamos colectivamente, apostando a un país para todos y todas. El pueblo argentino reacciona frente a los atropellos de un gobierno como el que tenemos hoy", afirmó.

No obstante, remarcó que la eliminación de uno de los capítulos no resuelve las objeciones centrales que mantienen las organizaciones. "Haber corrido un capítulo nefasto no implica dejar de discutir todo lo demás. Siguen existiendo aspectos abusivos y muy graves vinculados a los alquileres, los desalojos, las expropiaciones y otros puntos que afectan la vida cotidiana de miles de familias", señaló.

Para Gasparini, el proyecto continúa avanzando sobre derechos básicos. "Cuando una familia no puede pagar un alquiler, la iniciativa facilita desalojos en plazos muy breves, aun cuando existan chicos de por medio. Son cuestiones que afectan directamente la realidad de nuestro pueblo", cuestionó.

Asimismo, sostuvo que las movilizaciones cumplen un papel determinante para frenar iniciativas legislativas que generan rechazo social. "Este gobierno avanza y retrocede según la resistencia que encuentra. Sabemos que retiraron ese capítulo porque no tenían los votos suficientes en el Senado. Cuando vuelvan a intentarlo, van a encontrar nuevamente a un pueblo de pie defendiendo su soberanía", afirmó.

El cuestionamiento a la Ley de Manejo del Fuego

Otro de los aspectos destacados durante la entrevista estuvo vinculado a las modificaciones propuestas sobre la Ley de Manejo del Fuego, un tema que también ocupa un lugar central en las preocupaciones de las organizaciones convocantes.

Gasparini vinculó la discusión con los incendios forestales registrados en distintos puntos del país y con el crecimiento del negocio inmobiliario sobre áreas naturales. "Nuestro país permanentemente enfrenta desastres naturales y muchas veces detrás aparece un negocio inmobiliario. Nosotros pensamos la Argentina desde otro lugar, no desde la especulación financiera", sostuvo.

En ese sentido, consideró que la defensa del ambiente también forma parte del debate sobre la propiedad de la tierra y la soberanía nacional.

Un documento que cuestionó el proyecto en todos sus ejes

El pronunciamiento analiza detalladamente los principales capítulos de la reforma y advierte sobre el desmantelamiento de las políticas públicas de integración sociourbana en barrios populares. Al respecto, señala que la alteración de la Ley 27.453 desresguarda a unos cinco millones de personas que viven con deficiencias de infraestructura y servicios básicos, un cuadro agravado por el Decreto 312/2025 que disolvió el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), paralizando centenares de obras y dejando sin empleo a cooperativistas. Asimismo, el texto remarca que la descentralización de responsabilidades hacia las provincias sin recursos convierte la desigualdad fiscal en desigualdad territorial.

En relación con el mercado inmobiliario y el acceso a la vivienda, el documento denuncia que el proyecto acelera los mecanismos de desalojo en un contexto de extrema vulnerabilidad tras la derogación de la Ley de Alquileres por el DNU 70/2023, la cual provocó contratos más cortos y aumentos difíciles de afrontar para las familias. También cuestiona las modificaciones en el régimen de expropiaciones, alertando que la inclusión de conceptos como el lucro cesante encarece y alarga los procesos para declarar la utilidad pública, limitando la capacidad del Estado para construir escuelas, hospitales y parques.

Respecto de la tierra rural, las organizaciones recordaron que existen cerca de 13 millones de hectáreas en manos extranjeras —una extensión equivalente al tamaño de Inglaterra— y rechazaron la eliminación de los topes de la Ley 26.737, indicando que la medida favorece la concentración en perjuicio de la agricultura familiar y los pequeños productores. A su vez, advirtieron que reducir las restricciones sobre suelos afectados por incendios reabre el incentivo económico para provocar quemas intencionales con fines especulativos.

El documento dedica además un apartado fundamental a la realidad local, donde se detalla que, según datos del Censo 2022 sistematizados por el Municipio, casi el 30% de los hogares tandilenses alquila, cerca de 1.500 familias propietarias carecen de documentación sobre su vivienda y existe un Registro de Demanda Habitacional en crecimiento. El texto subraya la contradicción de una ciudad que genera valor pero cuyo acceso al suelo se aleja del salario de los trabajadores, al tiempo que llama a proteger el sistema serrano y la tierra rural como bienes estratégicos frente a la especulación.

Aunque el oficialismo resolvió retirar del proyecto el capítulo referido a la derogación de los límites para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, los organizadores entendieron que esa modificación no alteraba el núcleo de la iniciativa y decidieron sostener la convocatoria prevista.

La jornada transcurrió sin incidentes y estuvo marcada por un clima de escucha durante la lectura del documento, acompañado por banderas de organizaciones sindicales, sociales y políticas que rodearon la pirámide de la plaza. Con la vuelta simbólica alrededor del principal paseo público de la ciudad, los manifestantes cerraron una actividad que buscó dejar en claro que, más allá de las modificaciones introducidas durante el tratamiento parlamentario, el rechazo al proyecto continúa vigente y que seguirán atentos al debate legislativo en el Congreso.

Sobre el autor

El Eco de Tandil

Más de 143 años escribiendo la historia de Tandil