Trabajadores, vecinos de barrios populares, organizaciones sociales y gremiales, instituciones académicas y cooperativas de Tandil difundieron un comunicado público  y realizaron esta mañana una conferencia de prensa en el que manifestaron su “profunda preocupación” y su rechazo ante el cierre y vaciamiento de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) a nivel nacional.

Señalaron que la situación “no es nueva” y recordaron que en mayo del año pasado utilizaron la Banca XXI para alertar al Municipio y a la comunidad sobre el impacto local de una decisión de alcance nacional.

Según indicaron, la política de integración socio urbana surgió a partir del relevamiento nacional de barrios populares (RENABAP) impulsado en 2016 por organizaciones sociales, la Iglesia y vecinos, y luego se consolidó con la sanción unánime de la Ley 27.453 en 2018, ratificada en 2022. Aseguraron que entre 2019 y 2023 más de 772.000 personas fueron alcanzadas por los programas y obras implementadas por la SISU, con auditorías de organismos como la SIGEN, el BID, la UCA y CIPPEC.

El impacto en Tandil

En el plano local, detallaron que la política permitió realizar más de 800 conexiones intradomiciliarias de servicios en barrios como La Unión, Villa Gaucho, Movediza 1 y 2 y Villa Laza. Entre ellas, mencionaron 407 conexiones de agua potable, 300 instalaciones de electricidad segura, 151 conexiones cloacales y más de 4.100 metros de veredas, además de arbolado y espacios recreativos.

También destacaron que 400 mujeres tandilenses accedieron al programa Mi Pieza para mejorar sus viviendas y que las obras generaron trabajo para más de 80 cooperativistas locales, con un ingreso estimado en más de 600 millones de pesos para la ciudad durante ese período.

En el comunicado subrayaron que “la integración socio urbana funciona” y remarcaron que la Ley 27.453 “sigue plenamente vigente”. En ese sentido, afirmaron que el acceso al agua potable, cloacas, electricidad segura y un hábitat digno “no es un favor ni una concesión política: es un derecho reconocido por ley”.

Asimismo, advirtieron que la dotación de personal de la Secretaría se redujo de 585 trabajadores en 2023 a 290 en diciembre de 2025, afectando equipos técnicos y profesionales especializados.

Indicaron además que en Tandil aún hay más de 2.000 familias registradas en 11 barrios populares donde el 75% no accede a la red formal de agua, el 73% no tiene cloacas y casi el 100% carece de gas natural. Según expresaron, las obras en curso o ya comprometidas fueron paralizadas por el Gobierno nacional.

Los reclamos

Entre los puntos exigidos, solicitaron al Gobierno nacional el cumplimiento efectivo de la Ley 27.453, la ejecución de los recursos ya recaudados, la restitución del FISU o la garantía de financiamiento por otras vías, además de la reincorporación de trabajadores despedidos.

También pidieron la reactivación de las obras paralizadas en la ciudad y el compromiso activo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y del Municipio de Tandil, que aprobó por mayoría en el Concejo Deliberante el pedido de restitución del FISU.

“El acceso a derechos básicos no puede depender de decisiones políticas coyunturales”, sostuvieron, y concluyeron que “la integración socio-urbana no es un gasto, es una inversión en desarrollo, trabajo y futuro”.

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