Reeditan el reclamo para que Tandil tenga una alcaidía y piden gestión política para concretarla
El defensor oficial del Fuero Penal, Diego Araujo, retomó un viejo proyecto para contener a los detenidos cuya situación procesal no se definió. También expuso las expectativas para que las tres defensorías penales puedan trabajar con todos sus equipos bien constituidos.
El defensor oficial del Fuero Penal del Departamento Judicial de Azul, Diego Araujo, reeditó un viejo proyecto que apunta a la creación de una alcaidía en Tandil, un espacio tendiente a solucionar la problemática que implica que los detenidos que no tienen prisión preventiva deban permanecer alojados en la unidad de Sierra Chica hasta que se resuelva su situación.
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“Bregamos por la creación de una alcaidía en Tandil, con pocas plazas, no más de 50, que sirva para atender la situación en los primeros momentos de la investigación”, aseguró.
En una entrevista con El Eco de Tandil, el abogado actualizó el estado de situación del proyecto, la propuesta similar que presentaron los vecinos de Villa Cacique – Barker, las conversaciones con los distintos actores judiciales y la necesidad de contar con gestión política para que pueda concretarse.
En tanto, abordó el reclamo para la cobertura de los cargos en las unidades de defensa que aún se encuentran vacantes, con la expectativa para que las tres defensorías penales puedan trabajar con todos sus equipos bien constituidos.
Estas dependencias absorben la mayor cantidad de causas, alrededor de un 85 por ciento, mientras que las restantes quedan en manos de abogados particulares.
Un espacio de encierro
En la actualidad, cuando una persona es detenida, el lugar de alojamiento que se dispone es la comisaría Primera. Luego, y hasta tanto no tenga la prisión preventiva, es trasladada a la Unidad 38 de Sierra Chica, que cuenta con un pabellón que funciona como una alcaidía.
Se trata de un espacio de encierro pensado para las primeras actuaciones judiciales y donde el preso preventivo puede recobrar la libertad si finalmente no se confirma su detención dentro del plazo legal para el dictado de la prisión preventiva.
La idea de contar con una estructura que cumpla esta función “siempre está presente”, ratificó el funcionario judicial, que reconoció que cada vez que se mantienen conversaciones con autoridades se hace referencia a la propuesta.
Al respecto, indicó el presidente del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul se comprometió a elevar el proyecto ante el Ministerio de Justicia bonaerense y en la misma línea trabajan junto a la Asociación de Magistrados. “En esto, prácticamente, no hay disidencias entre los miembros del Poder Judicial de Tandil”, garantizó.
Para concretarlo, según Araujo, falta “decisión política” de llevarlo adelante y una “coordinación” con el Ejecutivo local, pieza fundamental para generar avances en esta línea.
“La necesidad está, sabemos que hay una coyuntura económica y financiera muy complicada”, reconoció. Sin embargo, consideró que, “cuando hay una idea firme como la hay en este caso, cuando se sabe que puede redundar en mayores beneficios y si hay gestiones políticas que comiencen ya independientemente de lo que puedan llegar a demorar, creo que puede lograr una respuesta”. Será clave entonces la “continuidad y voluntad política” para su concreción.
Una propuesta actualizada
A propósito de la discusión, indicó que el año pasado se presentó en la Asociación de Magistrados un proyecto impulsado por vecinos de Villa Cacique y Barker ante el cierre de la planta de Loma Negra, en el que proponían la creación de una estructura que cumpla con esa función en el espacio que ocupa la Unidad 37.
Independientemente del lugar donde se constituya, ya sea en Tandil o en Villa Cacique, Araujo destacó que este espacio respondería a la demanda actual y destacó que “sería muy interesante” como propuesta política que los municipios de ambas localidades puedan llevar esta inquietud ante la Provincia.
De este modo, “no sólo se solucionaría la situación de las personas que están detenidas sin prisión preventiva sino que también la situación procesal de quienes deben cumplir con una pena corta”.
Vacantes y designación
En cuanto al estado de situación de la Defensoría Penal, sostuvo que atraviesan “las mismas dificultades que hace unos años”, que se fueron profundizando a raíz de la jubilación del defensor oficial, Carlos Kolbl, cuyo cargo aún no fue ocupado y que podría cubrirse con la designación del doctor Pablo Molina.
En tanto, aún continúa vacante el nombramiento del titular de la tercera dependencia que se creó hace unos tres años y que no se puso en funcionamiento.
A pesar del esfuerzo para cubrir los cargos desde la Defensoría General, aún no se lograron resultados favorables, lo que genera una “cierta asimetría” entre el Ministerio Público Fiscal con el de la Defensa.
Actualmente las fiscalías “tienen cinco fiscales trabajando en forma efectiva, más dos ayudantes fiscales y un fiscal con una competencia asignada para delitos complejos radicado en la ciudad de Azul”, planteó Araujo para marcar el contraste entre ambas.
La defensa pública absorbe la mayor parte de la labor en materia penal. Por esa razón, para brindar un trabajo “serio, profundo y profesional se necesita contar con todo el equipo completo y, si bien hacemos un gran esfuerzo para cumplir esas expectativas, se siete la falta de recursos”.
En ese marco, indicó que la Defensoría General constantemente realiza gestiones para la cobertura de los cargos pero alertó que el cambio de Gobierno implicó que “gran cantidad de pliegos quedara suspendido en su resolución”, uno de ellos el que corresponde a Tandil.
En cuanto a las expectativas, el letrado consideró que “trabajando dos defensores significaría un alivio”, aunque lo “ideal” sería cubrir las tres Defensorías Penales y la creación de la tercera unidad con todo su equipo de trabajo.
Política penitenciaria
En materia de política penitenciaria, desde la Defensoría Penal alertó sobre los inconvenientes que existen desde hace años y que en los últimos cuatro se agravaron.
Al respecto, el abogado detalló que “se superaron los cupos de las cárceles muy por encima de lo aconsejable” y que “empeoró la sobrepoblación y el hacinamiento con la falta de recursos para alimentos”, situación que derivó en una huelga de hambre hacia finales de 2019 en distintas unidades penitenciarias de la provincia.
“A mayor cantidad de población penitenciaria hay menos recursos para atender en materia de sanidad, de educación y de trabajo”, evaluó y advirtió que se está frente a una “idea de cambio” que “llevará mucho tiempo porque necesita de políticas permanentes y muy firmes tendientes a mejorar las condiciones carcelarias”.
En este esquema tuvo también incidencia la resolución de la Suprema Corte en la que se aconseja un “uso racional” de la prisión preventiva “y la posibilidad de instrumentar medidas alternativas y de tener una consideración especial para determinadas situaciones”.