Tandil solicitará explicaciones formales al Municipio de Azul por el traslado de una familia en situación de vulnerabilidad

El intendente Miguel Lunghi elevará un pedido de informe oficial a su par de Azul tras el hallazgo de 13 personas, entre ellas cinco menores, que fueron depositadas en la Estación de Trenes en un vehículo oficial azuleño y sin previo aviso a las autoridades locales.

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La Municipalidad de Tandil resolvió formalizar el reclamo ante su par de Azul luego del episodio ocurrido el pasado jueves, cuando un grupo familiar integrado por adultos y niños fue trasladado hasta la ciudad en una camioneta identificada con la comuna vecina. Según confirmaron fuentes oficiales, el intendente Miguel Lunghi solicitó que se elabore una nota dirigida al jefe comunal azuleño para exigir una explicación técnica y legal sobre el operativo, que dejó a los ciudadanos en una situación de total desprotección y obligó a la intervención de urgencia de los servicios sociales locales.

El hecho se desencadenó durante la noche del pasado jueves 13 de agosto, cuando las cámaras del Centro de Monitoreo detectaron un movimiento inusual en las inmediaciones de la Estación de Ferrocarril. Agentes de Protección Ciudadana observaron a un grupo numeroso de personas que, tras descender de un vehículo municipal de Azul, comenzaron a encender fuego para resguardarse de las bajas temperaturas. Al activarse el protocolo para personas en situación de calle, los trabajadores sociales constataron que se trataba de una familia de once integrantes que manifestaron haber sido "dejados" allí con la promesa de una solución habitacional y laboral que nunca existió.

Más personas y versiones cruzadas

Con el correr de las horas, la cifra de personas asistidas ascendió a 13, luego de que durante el fin de semana arribara una de las hijas mayores junto a su hijo menor de edad. El grupo, que actualmente se encuentra alojado en una pensión local bajo asistencia de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, llegó a Tandil únicamente con las prendas que vestían, dejando en su ciudad de origen pertenencias esenciales, tales como medicamentos crónicos para uno de los niños, útiles escolares y las herramientas de trabajo del padre de familia.

La secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat, Juliana Teerink, y la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, expresaron su profunda preocupación por la falta de articulación institucional. "El funcionario que decidió que esta familia se subiera a una combi al menos tendría que haber tenido la deferencia de comunicarse con el municipio de Tandil para coordinar la llegada", señaló Marcieri en diálogo con El Eco. Desde el Ejecutivo local recalcaron que, más allá de las conversaciones informales que se mantuvieron entre funcionarios de ambas ciudades tras el estallido del conflicto, el intendente Lunghi pedirá una explicación formal sobre el seguimiento oficial que se le dio a la familia antes de su traslado.

Por su parte, el secretario de Desarrollo de la Comunidad de Azul, Omar Seoane, brindó una versión contrapuesta al asegurar que el traslado fue "voluntario" y solicitado por la propia familia bajo el argumento de que tenían trabajo y vivienda garantizada en las sierras. Sin embargo, los testimonios recabados por las trabajadoras sociales de Tandil desmintieron esa premisa. Los integrantes del grupo familiar aseguraron encontrarse asustados y angustiados, afirmando que les dijeron que en Tandil "los estarían esperando", algo que resultó ser falso.

La situación se tornó aún más compleja al conocerse que la familia, oriunda de Bolívar pero radicada en Azul en el sector conocido como Los Piletones, atravesaba un contexto de extrema vulnerabilidad y conflicto vecinal. De hecho, sobre el grupo pesaba una medida judicial de custodia policial dinámica dispuesta por la Justicia azuleña debido a situaciones de violencia y agresiones entre vecinos, una circunstancia que no fue informada a las autoridades tandilenses al momento del traslado.

Intervención de Niñez y medidas judiciales

La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de Tandil intervino de inmediato para garantizar los derechos de los cinco menores involucrados. Según relató Teerink en el programa La Mañana de la radio de El Eco, se mantuvieron comunicaciones con el área de Niñez de Bolívar para rastrear antecedentes y verificar la situación de los pequeños, quienes estaban escolarizados en Azul hasta el día del viaje.

"Nos encontramos con un cuadro donde se vulneraron los derechos de los niños de manera directa; se los trasladó a otra ciudad sin ropa, sin sus documentos escolares y sin garantías de ningún tipo", detalló la funcionaria.

En paralelo, el hecho derivó en actuaciones judiciales. Los adultos de la familia realizaron una exposición en la comisaría Segunda de Tandil para dejar asentada la forma en que fueron trasladados. Además, en Azul, el concejal Agustín Puyou presentó una denuncia penal ante la Fiscalía N° 24 contra el secretario Omar Seoane por los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona. El edil azuleño calificó el accionar como "inhumano" y sostuvo que existían advertencias previas sobre la fragilidad del grupo que no fueron atendidas.

Desde la comuna tandilense confirmaron que se está realizando un relevamiento exhaustivo de los costos que este operativo de emergencia le significa a la ciudad. El objetivo es que la Municipalidad de Azul se haga cargo de los gastos de alojamiento, alimentación y asistencia médica que está afrontando Tandil para contener a las 13 personas.

El pedido de informes

El foco de la gestión de Miguel Lunghi está puesto en la institucionalidad. Por ello, el Intendente instruyó a la Secretaría Legal y Técnica para que la nota que se envíe a Nelson Sombra, jefe comunal de Azul, sea rigurosa en términos administrativos. Se buscará determinar quién firmó la orden de traslado, qué profesional del área social evaluó la conveniencia de la mudanza y bajo qué argumentos se decidió depositar a una familia con menores en una estación de trenes que no se encuentra operativa.

"Tandil tiene la capacidad de asistir, pero esto no puede convertirse en una práctica habitual entre municipios", advirtieron desde el entorno del intendente. La preocupación radica en que se siente un precedente donde la solución a la vulnerabilidad social sea "trasladar el problema" a una jurisdicción vecina. Por el momento, la familia permanece alojada en la pensión asignada, mientras sus integrantes buscan recuperar las herramientas de trabajo que quedaron en Azul para intentar reconstruir su vida en nuestra ciudad, aunque todavía no existe una definición sobre su permanencia definitiva.

La nota formal que prepara el Ejecutivo tandilense será enviada en las próximas horas y se espera que la respuesta de Azul brinde claridad sobre un episodio que, en palabras de las funcionarias locales, dejó a una familia entera "a la buena de Dios".

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El Eco de Tandil

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