Toma en La Movediza: desde la Usina apuntaron contra Provincia y Nación por respaldar el asentamiento
El documento, firmado por el presidente Oscar Teruggi y el secretario Javier Manuel Viera, repasó las gestiones realizadas desde la distribuidora eléctrica
A través de una nota dirigida al Juzgado de Garantías N° 1 de Tandil, la Usina Popular y Municipal de Tandil S.E.M. expresó su posición frente al conflicto en el predio tomado de La Movediza y responsabilizó de manera directa al Estado Nacional y a la Provincia de Buenos Aires por haber respaldado —explícita o tácitamente— la consolidación del asentamiento.
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailEl documento, firmado por el presidente Oscar Teruggi y el secretario Javier Manuel Viera, repasó las gestiones realizadas desde la distribuidora eléctrica, las dificultades operativas generadas por la ocupación y los riesgos a los que están expuestos tanto los ocupantes como los vecinos regulares.
En la presentación, los funcionarios de la Usina recordaron que, tras una resolución judicial que dejó sin efecto la prohibición de autorizar nuevas conexiones eléctricas en el predio, mantuvieron reuniones con referentes del asentamiento. Allí se les informó que, para contar con suministro eléctrico legal, debían cumplir con el reglamento vigente, que exige —entre otras cosas— “que las calles estén catastral y geodésicamente creadas y territorialmente abiertas” y que “el lote esté subdividido también catastralmente”.
Sin embargo, indicaron que esas condiciones no fueron cumplidas y denunciaron que los ocupantes “comenzaron a conectarse clandestinamente de nuestras redes, con tendidos eléctricos precarios que implican alto riesgo para ellas mismas y también para los vecinos circundantes”. Advirtieron, además, que los intentos de cortar esas conexiones ilegales fueron inútiles, ya que “una vez que el personal de Usina y Policía se retiraban del lugar, los ocupantes volvían a realizar estos tendidos”.
El informe agregó que las conexiones irregulares ocasionaron un consumo eléctrico no registrado de alrededor de 13.200 kWh mensuales, equivalentes a un millón de pesos. También detallaron daños a la infraestructura, el uso indebido de medidores de vecinos y costos logísticos asociados a los operativos de desconexión.
En un tramo del documento, los representantes de la Usina responsabilizaron directamente a los gobiernos nacionaly provincial. Al Estado Nacional lo acusaron por haber “respaldado explícitamente la ocupación del predio a partir de las decisiones adoptadas –u omitidas— por la Subsecretaría de Integración Socio-urbana y del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) que le reconocieron la condición de ‘barrio popular’”.
En cuanto a la Provincia, sostienen que “también ha brindado un respaldo explícito –o, al menos, indulgente— a la ocupación, al no haber adoptado las acciones conducentes para su reversión” y le reprochan “la ineficacia del servicio de administración de Justicia para la resolución de la situación”.
Desde la distribuidora eléctrica alertaron sobre “un riesgo eléctrico muy importante para las personas que habitan en el inmueble en cuestión y también para los vecinos preexistentes y regularmente conectados”, y remarcaron que “nadie se hizo cargo de las consecuencias de las decisiones –o indecisiones— que se sucedieron desde febrero de 2023”.