Toma en La Movediza: solicitaron se archive la causa y la misma continúe por el fuero administrativo
Lo hizo la Defensoría Departamental con sede en Azul. El dueño podrá pedir expropiación inversa e indemnización.
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A casi dos años del inicio de la ocupación en el lote de calle Piccirilli al 1000 de La Movediza –donde viven alrededor de 200 personas-, la Defensoría Departamental con sede en Azul solicitó al juez a cargo que archive la causa por usurpación, para que la misma continúe por el fuero correspondiente. Entre los argumentos presentados se encuentran las reiteradas instancias rechazadas a los reclamos del particular damnificado, y la petición del funcionario nacional Sebastián Pareja (La Libertad Avanza) para que se levante la medida de no innovar. A su vez, plantea la solicitud, el dueño podrá pedir una expropiación inversa por la que le correspondería una indemnización.
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Accedé a las últimas noticias desde tu email“Solicitamos a la magistratura, la remisión al agente fiscal de las presentes actuaciones a los fines que disponga el archivo de la causa, Cfme. lo faculta el Art. 268 CPP. pues el hecho intimado no podría nunca configurar un hecho delictivo de usurpación, pues, más allá de que jamás se verificó ninguno de los medios comisivos señalados por el artículo 181 primer párrafo del Código Penal, la legalidad de la posesión y el título legítimo que por imperio legal tienen los ocupantes del predio disipa cualquier duda sobre la legalidad de su ocupación, restando solo al señor Moauro iniciar un procedimiento de expropiación inversa destinado a reclamar y eventualmente cuestionar el monto indemnizatorio que por ley le corresponde, y cualquier cuestión relativa a dicha expropiación deberá ser canalizada por el fuero que correspondiere”, señala el texto presentado en diciembre pasado, y el cual a la fecha no obtuvo respuesta.
La toma en La Movediza comenzó en febrero de 2023. En diciembre de ese mismo año, y a días del recambio de autoridades, el gobierno nacional incluyó el lote ocupado en el Registro Nacional de Barrios Populares. Regía entonces una cautelar para que los vecinos que viven en el lugar no puedan innovar en las viviendas. De parte del particular damnificado –el propietario del terreno-, volvieron a presentar en el último tiempo una solicitud para reactivar dicha medida.
