A poco de la resolución pacífica de la toma de tierras en Segundo Sombra, Casacuberta, Caseros y Muñiz, apareció el cartel que anuncia la venta de 17 “excelentes” lotes en el predio. Las tierras objeto de conflicto, adquiridas por el vendedor a través de la usucapión, ahora sin los ocupantes –usurpadores- forman parte de la oferta de parcelas en una zona en franco crecimiento en la ciudad. 
Incluso, como dato que evidencia el desarrollo de ese sector, durante el litigo penal la cuadra de Segundo Sombra entre Casacuberta y Muñiz se vio beneficiada por la extensión del asfalto, obra que desarrolló el Municipio en el mismo momento en que organizaciones sociales y estamentos del Estado provincial buscaban una salida pacífica y una solución integral para las familias que habían tomado el lugar. 
El final de la historia dejó un sinsabor entre algunos de los actores que participaron de la mediación en el marco del conflicto penal y que pretendían una respuesta definitiva para esos ciudadanos que arrastran problemas estructurales en cuanto al derecho a la vivienda. 
Hoy disponen de un subsidio comunal por seis meses para costear el alquiler, un paliativo que difícilmente los corra del grupo de miles de tandilenses que no acceden al derecho de la casa propia. El plazo de la ayuda está por vencer, entonces recibirán un monto dinerario de la Provincia que tampoco los sacará de la vulnerabilidad estructural en que están subsumidos. 
En el medio, las deficiencias del Estado como garante del “derecho a la ciudad”, la detección de la tierra vacante, la posesión, las posibilidades de acceder a procedimientos legales para usucapir, la especulación y los negocios. A través de un método legítimo, la sensación de inequidad que decanta en el final de una “bomba social” que se desactivó a tiempo y no sin violencia, pero que a la vez planteó nuevos interrogantes.

“Hay una gran dosis de hipocresía”

El defensor oficial Diego Araujo representó a las familias denunciadas penalmente por el Municipio y por el poseedor –ahora dueño- de esas tierras. En el marco del proceso, propició la mediación coordinada por la Defensoría de Azul, en donde participaron distintos organismos provinciales, el Observatorio Social de la Facultad de Ciencias Humanas (Unicen) y el equipo extensionista “Hábitat y derecho a la ciudad”, estos últimos con extensa trayectoria de trabajo en los barrios Palermo, Selvetti y Villa Gaucho. 
En esa mesa, una de las propuestas que surgió fue subdividir las tierras a partir de la Ley de Hábitat, lo que beneficiaba al poseedor en cuanto a los costos de la urbanización y dejaba una porción de suelo para resolver la situación habitacional de las familias de la toma. 
Finalmente, no prosperaron las estrategias en pos de lograr una solución definitiva para los ocupas y la totalidad del suelo usucapido salió a la venta en 17 parcelas urbanizadas. Tras el proceso, Diego Araujo compartió su lectura acerca del final de esta historia. 
-Luego de la causa, la mediación y el desalojo pacífico, los terrenos salieron a la venta. ¿Qué reflexión hace de esta situación?
-La puesta en venta de los terrenos que estuvieron en el centro del conflicto social es una alternativa que está dentro de lo previsible para cualquier persona propietaria. No obstante, deja en evidencia al menos dos cuestiones en este caso en particular: una es la desconfianza hacia el Estado, puesto que hubo una propuesta concreta de facilitación en la gestión administrativa y técnica en los loteos, que posee costos económicos elevados que el propietario pudo haber morigerado, y la otra es la falta de voluntad política en el acompañamiento de las propuestas provinciales en la solución integral del litigio de cara a la Ley de Hábitat.