Una vecina denunció que la estafaron con su tarjeta con una compra de más de un millón de pesos

Nelly Torras, una jubilada de la ciudad de 71 años, denunció haber sido víctima de una estafa que le generó una deuda de más de un millón de pesos en su tarjeta de crédito sin haberla utilizado en varios años.

La mujer, que ya realizó la correspondiente denuncia ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), donde se está llevando adelante el proceso, se comunicó con El Eco de Tandil para relatar lo sucedido y aseguró: “cuando finalice toda la etapa civil voy a realizar una denuncia penal por robo de identidad, como me recomendaron en la Fiscalía”.

El pasado 5 de mayo, Torras acudió a la sucursal en la ciudad del Banco Patagonia -entidad desde la cual percibe su jubilación- para solicitar la baja de su tarjeta de crédito, un plástico que mantenía guardado en un cajón de su casa, sin uso, desde hacía cinco años.

Según contó, allí le informaron que no podía cancelar la tarjeta porque había sido recientemente utilizada en compras por aproximadamente $1.050.000, en seis cuotas, que todavía faltaba terminar de abonar.

“Fui al Banco a comunicar que yo nunca usé la tarjeta y un empleado me dijo que, pasados los 30 días de la compra, el Banco ya no se responsabilizaba por la acción”, explicó la vecina y señaló que, entonces, intentó cancelar la tarjeta por su cuenta, lo que le llevó horas de esfuerzo y comunicación con VISA, la empresa emisora.

“Por consiguiente, yo hoy no puedo dar de baja mi tarjeta de crédito en el Banco Patagonia porque tengo que dar pagar todo lo que otra persona me robó”, se lamentó la mujer.

Lo que pudo averiguar

Según pudo reconstruir a través de su propia investigación, el 29 de enero pasado una persona –desconoce quién- compró a través de su tarjeta de crédito artículos electrodomésticos en la empresa Moulinex, con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, por la suma de 1.043.269,80 pesos, que fueron abonados a través de la plataforma de Mercado Pago.

Torras pudo corroborar que la mercadería fue adquirida con su tarjeta y su número DNI y que fue enviada a la localidad de Libertad, en el partido Merlo, provincia de Buenos Aires, aunque las personas consultadas no le proporcionaron el domicilio exacto de destino.

Con toda esa información, la vecina de Tandil acudió junto a su abogado a la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor (OMIC), donde se inició el expediente 291/2025, con la carátula: “Torras Nelly contra el Banco Patagonia sobre presunta infracción de la Ley 24.240”, de Defensa del Consumidor.

El 19 de mayo pasado se llevó a cabo la primera audiencia entre las partes en esa dependencia municipal. Allí se presentaron Torras con su abogado más la letrada de la entidad bancaria y una representante de la empresa administradora de los medios de pago (en este caso VISA) y para los próximos días está prevista otra reunión.

La vecina apuesta a tener un careo con las autoridades del Banco Patagonia para poder hablar cara a cara de lo sucedido.

La compra de fue parte de la estafa fue realizada en el mes de enero, por un monto total de 1.043.269,80 pesos, y cada cuota es de $173.878,30.

Torras aseguró que las sumas mensuales que le fueron descontadas de su jubilación -ya van cinco de las seis cuotas totales- pasaron desapercibidas para ella debido a diversos gastos extra que estaba teniendo por ese entonces.

“En ese momento estaba refaccionando mi casa; necesitaba dinero para el plomero, para el techista, entre otras cosas”, contó.

Y señaló que “además yo estaba confiaba porque la tarjeta de crédito estaba ‘durmiendo’ en un cajón desde hace cinco años; cómo me iba a imaginar algo así”.

A todo esto, añadió que no solía recibir el extracto con los movimientos de su tarjeta de crédito en su correo electrónico –pero sí los movimientos de la tarjeta de débito que tiene vinculada al cobro de la jubilación-, con lo cual nunca podría haberse enterado de la compra fraudulenta de no ser porque justo se le ocurrió dar de baja a la tarjeta.

“Me preocupa el robo de identidad”

En la redacción de este Multimedios, la mujer manifestó ayer que, de todas maneras, su mayor temor es el robo de identidad. “Es lo que más me preocupa”, resaltó.

En ese marco, la jubilada –exempleada de la exAFIP, ahora ARCA- expresó su temor de que en un futuro un desconocido pueda solicitar créditos o realizar otras compras a su nombre, una posibilidad que le genera mucha angustia.

Por ello, una vez culminada la instancia civil que se está llevando adelante en este momento, planea iniciar también una causa penal por robo de identidad.

“En la Fiscalía de Tandil me dijeron que, primero, tengo que esperar a la fecha de la audiencia y que, una vez que se termine la parte civil, podré realizar una denuncia penal por robo de identidad”, contó Torras.

Y dijo que "la plata me duele; la necesito, pero va y viene. Pero lo que más me tiene ocupada y preocupada es el robo de identidad”.

“Yo no sé qué puede pasar mañana, si alguien puede sacar un crédito UVA a mi nombre o comprarse un departamento”, afirmó con sinceridad y sostuvo que “voy a dejar que la Justicia me diga lo que tengo que hacer”.

“Si la Justicia me dice que tengo que pagar lo que se debe, cerrar la cuenta del Banco Patagonia y después ir a reclamar $1.050.000 por el seguro que tiene el Banco, lo voy a hacer”, señaló.

“Pero luego voy a ir por lo Penal”, remarcó.

 Cómo procede la OMIC

El objetivo de Nelly Torras es, también, dar a conocer a la comunidad la existencia de este tipo de estafas, que –según indicó- son más habituales que lo que se puede llegar a creer, y al mismo tiempo evitar que otras personas tengan que pasar por lo que ella está atravesando en este momento.

Vale recordar que, días atrás, representantes de la OMIC contaron a El Eco Multimedios que la oficina local recibe entre ocho y diez denuncias por día relacionadas con estafas virtuales, una modalidad que afecta a personas de todas las edades.

Ayer, el titular de la Oficina Municipal, Juan Cruz Eguibegui, contó a El Eco de Tandil cómo es el procedimiento administrativo que se lleva a cabo cuando llega un reclamo de este tipo.

En ese sentido, informó que la intervención del organismo se divide en tres etapas principales: una fase inicial de presentación de la denuncia, seguida de una etapa conciliatoria donde se busca un acuerdo entre las partes. Si la conciliación falla, se inicia una instancia sumarial para investigar la infracción, que podría derivar en un litigio judicial.

“La primera etapa es de acercamiento: se escucha el problema, se completa un formulario y se acompaña con documentación que respalde dicho reclamo”, contó Eguibegui.

Y continuó: “Si el reclamo es procedente, se abre una instancia conciliatoria, se fija una fecha de audiencia y se cita a la empresa a una o varias audiencias de conciliación a efectos de que se pueda llegar a una solución que cumpla con la pretensión de la denuncia”.

En esta etapa –comentó- “se cita a todas las partes que intervienen en la relación de consumo y que por Ley, tienen obligación de comparecer”.

“La segunda etapa es de conciliación”, dijo Eguibegui.

“Y, de frustrarse la conciliación, porque la respuesta que da la empresa no satisface a la persona o porque directamente no dan ninguna respuesta, se inicia la etapa de sumario”, completó.

“Ahí lo que hacemos nosotros es verificar si hubo una infracción a la Ley del Consumidor y, de existir, sancionamos a la empresa”, señaló el titular de la OMIC.

Y agregó que “todo esto puede derivar en un litigio judicial”.

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