Allanaron una obra social tras la muerte de dos afiliados en Mar del Plata

La Justicia ordenó un allanamiento en las oficinas de la obra social Unión Personal, situadas en la Ciudad de Buenos Aires, tras el fallecimiento de dos afiliados y el agravamiento del estado de salud de un tercero en Mar del Plata. La medida fue dispuesta en el marco de una investigación que busca determinar las responsabilidades por el incumplimiento de órdenes judiciales que obligaban a la entidad a garantizar prestaciones médicas esenciales.

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La causa se encuentra a cargo del fiscal Carlos Martínez, con la intervención de los auxiliares fiscales Agustín Roldán y María Victoria Piro. El procedimiento, solicitado por el Ministerio Público Fiscal y autorizado por el juez de Garantías Santiago Inchausti, consistió en una orden de presentación con allanamiento en subsidio. El objetivo principal es obtener documentación y expedientes administrativos que permitan reconstruir el circuito interno de decisiones de la obra social.

Tres casos bajo una misma investigación

El origen de la pesquisa se remonta a tres amparos de salud tramitados originalmente de forma independiente ante el Juzgado Federal N° 2 de Mar del Plata. Los expedientes compartían un punto en común: la responsabilidad de Unión Personal en la prestación de servicios médicos y la existencia de mandatos judiciales incumplidos o ejecutados fuera de los plazos establecidos. Entre las prestaciones omitidas se encontraban dos intervenciones quirúrgicas, además de diversos tratamientos médicos.

El 11 de noviembre de 2025, los tres casos fueron acumulados en un único legajo fiscal. Esta decisión permitió a la Fiscalía analizar la existencia de un patrón común en la respuesta de la entidad frente a las exigencias de la Justicia.

El alcance de la investigación

Durante la audiencia del 3 de septiembre, el Ministerio Público Fiscal advirtió que, si bien la documentación judicial previa permitía conocer las intimaciones efectuadas, resultaba insuficiente para determinar qué ocurrió puertas adentro de la obra social. La investigación busca establecer quiénes intervinieron en cada decisión y las razones por las cuales no se concretaron las coberturas ordenadas.

Actualmente, la causa está encuadrada bajo la hipótesis de desobediencia a una orden judicial, delito previsto en el artículo 239 del Código Penal. No obstante, la Fiscalía evalúa si estos incumplimientos guardan una relación causal directa con el fallecimiento de los dos afiliados y el deterioro en la salud del tercer paciente involucrado.

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