Por Juan Roque Castelnuovo (de los archivos de El Eco de Tandil)

Todo fue producto de una interna partidaria. A mediados de 1932, el gobierno que regía los destinos comunales en Tandil, era conservador y al intendente, Armando Alzueta, a quien los mismos conservadores acusaban de no contemplar los intereses de una de las líneas en pugna. Había entonces dos diarios partidarios: "Tribuna", dirigido por Juan Buzón y "La Comuna", de Manuel Romero. El primero de ellos defendía a capa y espada la administración comunal; el otro, realizaba una dura campaña contra el conservadorismo oficialista. Y la guerra comiteril se extendió, inevitablemente, a las publicaciones.

No sólo se daban duro en las notas ácidas que publicaban, sino que llegaron a las agresiones, a los atentados contra los edificios donde se editaban y máquinas y elementos que servían para las publicaciones.

Un día el taller de la hoja opositora a Tribuna, apareció con tres de sus páginas compuestas ya en las ramas listas para imprimir, en el suelo, empasteladas; es decir, con el texto mezclado, embarullado. Además, habían sido colocados tornillos en los engranajes de la máquina impresora a fin de que ésta no pudiera funcionar. Al día siguiente, estallaba un incendio en el otro diario.

Esta tirante situación a nivel periodístico profundizaba, obviamente, las disidencias surgidas en torno al intendente elegido el 28 de febrero de ese año. Fue por ello que comenzaron a hacerle a Armando Alzueta la vida imposible, buscándole, desde el seno mismo del partido que representaba, su alejamiento. A nivel del Concejo Deliberante se designó una comisión investigadora de las irregularidades que se le señalaban y luego tuvo lugar una interpelación para que respondiera a las acusaciones que se le hacían por "inmoralidad administrativa" y "malversación de caudales públicos".

Figuraban entre ellas, manejo incorrecto en el otorgamiento de patentes para vehículos, de cuyo cobro no existían ingresos por Tesorería, expendio de patentes a medio costo y multas cobradas que tampoco ingresaban. También se acusaba a Alzueta de malversación y despilfarro en el arreglo de un camino vecinal que pasaba justamente por su chacra y de haber desafectado la cuadrilla destinada al mantenimiento del Parque Independencia, para realizar trabajos en su campo. Además, la "renovación" de un documento ya pagado por la compra de tres moto niveladoras, el cobro de viáticos por parte de su secretario Carlos Flores por un viaje a Buenos Aires para hacer gestiones oficiales que, en realidad -decían- había sido para hacer cosas particulares, utilizando nafta y aceite comunal en beneficio propio, además.

Ante estas acusaciones, el Intendente dijo que el camino no se había arreglado porque pasaba por su chacra, sino porque era el mismo que iba al Matadero y el secretario había viajado en "misión secreta", negando otras imputaciones. Aparentemente, el jefe comunal pudo zafar de estos cargos; pero, Alzueta había cometido el error de utilizar un vehículo municipal para traer de Necochea unos muebles de su propiedad, lo que agravó considerablemente la situación, porque no pudo responder a preguntas concretas.

El camión marca "International" utilizado al efecto, había cargado nafta y aceite en el corralón comunal y había ocupado como chofer al empleado, también municipal, Pedro Larsen. Y esto, en una época en la que se toleraban fallas más importantes, atropellos y despojos inauditos como los que cometía el comisario Pedro Ramos -cuyo producido iba a parar a su quinta llamada "El arca de Noé" donde se almacenaba todo lo rapiñado- no parecía, en realidad, tan grave. Sin embargo, le sirvió para mucho a los opositores del jefe comunal, porque Alzueta tuvo mala suerte, ya que el camión con los muebles quedó empantanado cerca de ocho horas en cercanías de Lobería; fundiendo el motor, además, en el esfuerzo para salir del lodazal.

Peor aún, en el intento de ocultar lo ocurrido, el camión fue enviado al taller recién tres meses y medio después, erogando la reparación del motor poco más de cuatrocientos pesos. Además, la maniobra dilatoria pudo resultar fructífera, si no hubiera sido porque el Intendente se quedó corto en la retribución al chofer, a quien solo le entregó monedas. De bronca, el pobre Pedro Larsen consideró que eso era una dádiva y le hizo una denuncia por cohecho, delito éste castigado entonces con prisión de uno a dos años e inhabilitación de seis meses a seis años para ejercer cargos públicos. Sellada así su suerte, Alzueta presentó la renuncia indeclinable al cargo. Poco después, moría.

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La caída de un jefe comunal por culpa de un camión empantanado